Seis días después de iniciar el 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) da a conocer la primera medida que adopta contra entidades vinculadas al sector financiero y/o asegurador, con el objetivo de velar con el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la normatividad nacional vigente.
El ente de control y vigilancia informó que la decisión tomada contra la sociedad Calcapital S.A.S., ubicada en la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá, a la que ordenó la suspensión inmediata de las actividades de captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público.
La medida, adoptada mediante la Resolución 1965 del 29 de diciembre del 2022, ordena además a esta empresa proceder a la devolución inmediata de “los recursos que fueron captados de manera ilegal”; al igual que dejó imposibilitada a ésta y a su representante legal, Javier Alexander Calderón Gil, de “realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva y mediante cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas”.
Expresa la Superintendencia que pudo establecer que esta sociedad, en la ejecución de “Contratos de anticresis” asumió pasivos con al menos 72 personas, con quienes se comprometió a devolver al vencimiento del contrato la suma inicialmente recibida de cada uno de ellos.
“(...) se tuvo conocimiento de setenta y tres (73) personas que habían entregado sus recursos directamente a la sociedad CalCapital S.A.S entre los años 2020 y 2022, quienes manifestaron no haber recibido la devolución del capital y a su vez aportaron los respectivos elementos probatorios documentales que sustentan su dicho, los cuales reposan en el expediente de la actuación”, se lee en la resolución expedida por la Superfinanciera.
Adicional a las obligaciones asumidas en desarrollo de estos contratos, la sociedad celebró con al menos una persona, un contrato de “Inversión de capital”, por medio del cual obtuvo recursos que se comprometía a devolver y que serían usados para supuestamente desarrollar actividades de construcción, por lo que decía reconocer una tasa de interés del 4.2% mensual durante el tiempo de duración del contrato, la cual se pagaría de forma independiente a los resultados de las actividades de construcción inmobiliaria.
“Bajo dichas modalidades contractuales, Calcapital S.A.S. asumió pasivos con terceros sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio, suscribiendo 89 contratos entre 2020 y 2022 con 73 personas”, por un valor que superan los 1,8 mil millones de pesos. Dentro de los contratos realizados por esta sociedad con particulares, se encuentran comprometidos recursos individuales que van desde los 15 millones de pesos hasta los 51 millones de pesos, de los cuales, al parecer, no se habría generado el proceso de retorno como se prometió realizar la sociedad en mención.
La Superfinanciera indicó, además, que remitió copia de la medida adoptada a otras autoridades, entre estas la Superintendencia de Sociedades, para la correspondiente intervención; como también informó de lo respectivo a la Fiscalía General de la Nació, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.
También solicita a la Superintendencia de Notariado y Registro, al igual que al Ministerio de Transporte y a las Secretarías de Tránsito y Transporte del país, para que se abstenga de registrar cualquier acto o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad de esta sociedad.
Vale la pena destacar que al cierre del 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenó la suspensión inmediata de actividades por captación ilegal de dinero, contra 12 sociedades en el país; las cuales, se generaron en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y noviembre. Esta cifra representa un incremento del más 60%, con respecto al año 2021, cuando se ordenaron este tipo de medidas a tan sólo cuatro sociedades.