A partir del 1.° de septiembre, las producciones audiovisuales que se hagan en Bogotá tendrían que pagar un nuevo impuesto por el uso del espacio público en los rodajes.
Se trata de un tributo adicional al que ya pagan por ese motivo, llamado Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales (PUFA), gestionado y facilitado por la Comisión Fílmica de Bogotá, pactado en el Decreto 340 de 2014.
Según el concejal Rolando González, la tasa por derechos de tránsito tiene un valor de 363.000 pesos por cada locación, lo que significa para un solo proyecto “un sobrecosto que podría ascender a los 400 millones según los meses de grabación y que deben pagarse a la Secretaría de Movilidad”.
Para el político de Cambio Radical, esto pondría en riesgo la producción de películas, series, novelas y comerciales en Bogotá, provocando afectaciones en el desarrollo del sector. De esta manera, sostiene, se generaría un doble pago para las productoras.
González insiste en que Bogotá tiene un reconocimiento internacional como destino de producciones fílmicas y al año se realizan un promedio de 1.400 proyectos audiovisuales, cerca de 120 mensuales. Eso significaría que se verían afectados alrededor de 20 mil empleos que genera este sector cada mes, entre productores, directores, personal técnico y de sonido.
Además, de acuerdo con las cifras conocidas por el cabildante, de empezar a cobrarse esta tasa estarían en riesgo 250 mil millones de pesos de proyectos en curso, según la denuncia del concejal.
Esta doble tributación va en contravía de la Ley de Cine, que pretende fomentar que Colombia sea un atractivo para el rodaje de obras cinematográficas, ya que muchas producciones internacionales no se harían en la ciudad si los costos continúan siendo tan altos.
Por lo anterior, González solicitó suspender este cobro para el sector. “Hoy lanzamos una alerta y solicitamos a la Secretaría de Movilidad que exonere a las productoras audiovisuales de este cobro. Ya enviamos una comunicación oficial”, señaló.
El concejal González consideró lamentable que por este cobro ya una producción decidió grabar en una ciudad diferente. Según él, lo que significa una pérdida de 64 mil millones de pesos para Bogotá.
El pago actual
En la actualidad, el PUFA debe ser solicitado por el productor de la filmación de la obra audiovisual que se realiza en el espacio público ante Idartes. Una vez se hace esto, el proceso es el siguiente: el instituto hace seguimiento a la expedición de los permisos de las entidades administradoras del espacio público o que intervengan en el espacio que pretende utilizar la producción; consolidará la totalidad de los conceptos o permisos; una vez hecho el pago por el uso del espacio, se suscribirán los contratos con el productor o responsable de la filmación; se expedirá la autorización correspondiente que autoriza el rodaje en el espacio público; hará seguimiento, control y vigilancia en la ejecución del contrato, y expedirá, finalmente, el paz y salvo por la actividad.
“Está prohibido realizar filmaciones audiovisuales en el espacio público sin el permiso PUFA”, indica el acto administrativo, que se refiere al impuesto que desde 2014 pagan las obras audiovisuales que se realizan en la capital del país.