El pasado 7 de junio el presidente Gustavo Petro acompañó varias marchas que fueron convocadas por él mismo para apoyar las reformas que actualmente están en curso en el Congreso de la República.
Durante su intervención, el mandatario aprovechó para dar pistas sobre los proyectos que presentaría el siguiente periodo legislativo en el Congreso. Varios sectores claves en el país tendrán cambios.
El sector de servicios públicos es uno de ellos, pues desde hace algunos meses se han conocido opiniones de Gustavo Petro respecto al monopolio en la prestación de servicios públicos en el país y también del control de precios en los servicios públicos.
La propuesta del Gobierno buscaría cambiar la forma en la que se prestan esos servicios. Algunas propuestas, como la de encargar a las comunidades de proveer ese servicio, en lugar de a las empresas con conocimiento técnico, han causado incertidumbre en el sector.
Durante el más reciente congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), el gremio discutió la propuesta del mandatario, enviándole un contundente mensaje.
“Todos queremos actualizar la ley de los servicios públicos”, fue uno de los mensajes iniciales de Camilo Sánchez, presidente de Andesco, quien criticó una de las propuestas del Gobierno Nacional, con la que buscarían democratizar los servicios públicos para que las comunidades lo manejen. Es decir, que sean las encargadas de la recolección de su basura o generar su energía, para evitar que las ganancias terminen en manos de empresas.
Al respecto, el directivo de la asociación le respondió al mandatario asegurando que primero deben determinar, a través de un proceso técnico, si las comunidades pueden realmente ejecutar estos procesos.
Sobre los límites que el Gobierno no debería cruzar en medio de la reforma a servicios públicos, Sánchez comentó que hay que tener en cuenta las fuentes de financiación que les permitirá cumplir las metas de transición energética. Además advirtió que la designación de funcionarios de la Creg y de la CRA debe ser correcta, para que sean independientes.
Mónica Contreras, presidente de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), aseguró en su discurso que “las empresas de servicios públicos aquí reunidas, no estamos en contra de una revisión para introducir mejoras a la legislación actual; pero sí nos preocupa que se desconozcan las inversiones, el trabajo y los resultados que se han logrado en los últimos 30 años, argumentando que nuestro único interés ha sido llenar el bolsillo de nuestros accionistas”.
Añadió que el trabajo de las diferentes empresas de energía ha producido un aumento en la cobertura de los colombianos desde hace décadas.
Además, aseguró que luego de casi 30 años con el régimen actual de servicios públicos, unos 16.000.000 de hogares tienen acceso a la energía eléctrica, lo que indica una cobertura del 98 %. Esto, gracias a las inversiones hechas por más de 17.000 millones de dólares, para el desarrollo de infraestructura y proyectos para generar mayor energía.
Respecto al gas natural, la directiva indicó que la cobertura de los hogares es del 68 %. Sobre el acceso a tecnologías de información y televisión, aseguró que hay un acceso de 60,5 % y 73 % respectivamente.
Sobre el acueducto, Contreras añadió que hay una cobertura del 93 % a nivel nacional y 98 % a nivel urbano. Además de 74,5 % a nivel rural. “En aseo, la cobertura nacional es del 82,8 %, siendo la mayor oportunidad aumentarla en zonas rurales”, comentó.
Finalmente, la intervención concluyó con una petición al Gobierno: tender puentes y no levantar muros.
“Esa es la invitación que hoy queremos hacer al Gobierno Nacional, recordando que debemos colocar al usuario en el centro de nuestras acciones, preservando la suficiencia financiera de todas las empresas que participamos en el sector, tanto públicas como privadas, para que las inversiones que Colombia requiere en el cierre de brechas se alcancen, logrando más territorios conectados, y generando la prosperidad colectiva”, concluyó.