En el Ministerio de las TIC prendieron nuevamente las alertas, ya que presuntamente se estaría filtrando información a un contratista involucrado en la presunta entrega de pólizas falsas para amparar un millonario contrato, que hoy está en el ojo del huracán.
Audios conocidos este miércoles revelan que la ministra Karen Abudinen citó a un círculo cercano de funcionarios a su despacho, con el fin de expresarles su preocupación por esta situación. “Me siento frustrada, porque he confiado en un equipo y me siento muy frustrada porque jamás me imaginé que me podrían llegar estas cosas y mucho menos que de aquí se estuviera filtrando información”, aseguró la funcionaria.
Entre la información entregada por debajo de la mesa habría documentos clave para confirmar la caducidad del contrato, lo cual podría definirse este viernes, cuando se retome la audiencia. En todo caso, si eso sucede, las empresas de Centros Poblados demandarán al Estado en un multimillonario proceso.
Al margen de lo anterior, en los chats de WhatsApp habría información sensible que habría llegado a manos de personas cercanas al contratista. Entre esta, un informe con detalles de los avances del contrato y los posibles ‘pecados’ que se habrían cometido, claves para terminarlo definitivamente.
No es gratuito que la MinTIC les dijera esto a sus subalternos: “Es justo que se filtre información de los colaboradores del ministerio hacia afuera, ¿es justo o no es justo? Si se callan esto pareciera que fuera justo, ¿es justo o no es justo? (...). Y entonces, ¿qué es lo que está pasando?”.
Estas y otras preguntas deberán ser respondidas por la ministra Abudinen en el Congreso, por cuenta las irregularidades presentadas hasta ahora con este millonario contrato para instalar más de 7.000 puntos digitales a lo largo y ancho del país.
Eso sí, desde el Gobierno nacional le dieron un importante espaldarazo, de cara a un posible moción de censura.
Este jueves, el presidente Iván Duque salió a respaldar a la funcionaria: “Acompañemos a la ministra Karen Abudinen en esa tarea de encontrar quién ha estado detrás de eso y que se logre la recuperación inmediata de los recursos del anticipo. Pero su talante, de ser una mujer frentera, certera y transparente, lo acompañamos nosotros y lo acompañamos como equipo de Gobierno para que aquí quede totalmente develado qué hay detrás de esta operación”, aseguró.
Triple investigación
Para lograr esto último, el MinTIC tiene desplegadas una batería de investigaciones en contra de Centros Poblados, la interventoría del contrato y otra compañía, que deberá responder por las pólizas apócrifas que fueron entregadas al Gobierno.
Su nombre lo han venido conociendo los colombianos en las últimas semanas, a medida que ha estallado el escándalo de garantías falsas e irregularidades con el pago de un anticipo por 70.000 millones de pesos, que en parte terminó en cuentas en Estados Unidos.
Se trata de la firma SES Colombia, cuyo socio fundador es el empresario Libardo Polanco Cruz. Así lo confirma su perfil en LinkedIn, donde se detalla que la firma existe desde hace 20 años y es fuerte en temas de valoración de riesgos en proyectos estatales y licitaciones, entre otras.
Esta experiencia y el hecho de que Polanco hubiera dictado diversas charlas en el pasado en el MinTIC llevó a la entidad a confiarle uno de las tareas más importantes en medio de este contrato: revisar uno por uno los documentos entregados por los proponentes, y asegurarse de que no les ‘metieran gato por liebre’.
De acuerdo con el documento firmado la compañía y el Viceministerio de Conectividad y Digitalización, se le pagaría un total de 543,6 millones de pesos a SES Colombia, con el fin de que se convirtiera en una barrera segura ante posibles fraudes.
El problema, como ya lo conocen los colombianos, es que en su actuación dejó pasar tres pólizas falsas que presentó la Unión Temporal Centros Poblados para amparar el contrato que le fue entregado en diciembre del año pasado.
Y esto los tiene hoy ya respondiendo ante el Ministerio de las TIC. SEMANA pudo establecer que a esta compañía ya se le inició un proceso administrativo sancionatorio para conocer qué pasó en esta situación y cómo, a pesar de los recursos entregados, se les pasó por la faja esta polémica actuación del contratista.
No hay que olvidar que el Banco Itaú confirmó que los documento entregados por Centros Poblados son falsos, por lo cual el contrato habría quedado desamparado en medio del escándalo.
Para el abogado de la unión temporal, Jorge Pino Ricci, esto no es tan sencillo como parece. Según dijo este miércoles en una audiencia, ni la entidad financiera ni el MinTIC son jueces para determinar la veracidad de un documento. Con lo cual dejó una única posibilidad de que sea una autoridad judicial la que dicte la última palabra.
A pesar de esto y de que solicitó aplazar la audiencia para confirmar la caducidad del contrato, la delegada de la entidad, Adriana Vivas, le ordenó exponer sus detalles para frenar este proceso y que se le permitiera ceder el contrato.
En su argumentación, Pino Ricci dijo que la investigación estaba viciada por presunto prejuzgamiento de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien en medios y redes sociales los había “condenado antes de tiempo”.
De allí que solicitara formalmente entregarle el contrato de los centros digitales a la firma New Skies Satellites, que ya expresó su intención de continuar con el proceso. Si bien esto le quitaría un dolor de cabeza a las partes, la jefa de la cartera está empeñada en continuar la caducidad y exigirle a Centros Poblados que pague una cláusula penal por más de 40.000 millones de pesos.
Por lo pronto, las pesquisas siguen y este viernes se podría confirmar la caducidad del contrato inicial a la unión temporal. Todo dependerá de lo que decida el MinTIC.