Con el fin de verificar el cumplimiento del régimen de protección de los usuarios de la telefonía celular, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó visitas de inspección administrativa a los operadores de servicios de comunicaciones en la ciudad de Inírida - Guainía. Tras estas diligencias evidenció que estos al parecer no estarían garantizando la atención física de sus clientes.
Este incumplimiento implicaría una vulneración al derecho de información de los usuarios, “ya que probablemente no suministraron información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, a través de los distintos medios de atención, sobre la existencia y/o ubicación de estas oficinas”, sostiene un comunicado de la Superintendencia.
Como resultado inició investigaciones administrativas en contra de Movistar, Tigo y Wom. Adicionalmente, en el caso de TIGO, se advirtió que no contaría con las medidas adecuadas para atender de forma prioritaria a los usuarios en situación de vulnerabilidad.
De llegar a comprobarse las conductas por las que los tres operadores son investigados, la SIC podrá imponerles multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales a cada uno de los investigados. Así mismo, el organismo de control informó que contra las resoluciones de apertura de investigación no procede recurso alguno por ser un acto de trámite; sin embargo, a partir de su notificación los investigados cuentan con el término legal de 15 días para ejercer el derecho de contradicción y defensa.
Avanza el negocio
Mientras se desarrolla esta investigación se conoció que está avanzando la operación mediante la cual la multinacional Millicom, dueña de la mitad de Tigo aspira a quedarse con la otra mitad, que está en manos de UNE EPM, así como adquirir las operaciones de Telefónica en el país.
Las operaciones ascenderían a 1.000 millones de dólares y el miércoles 21 de agosto el Concejo de Medellín aprobó la enajenación de las acciones que EPM tiene en Tigo. Con ese visto bueno, la compañía de servicios públicos se podrá desprender de la empresa de telecomunicaciones.
La votación fue arrolladora. A diferencia de Daniel Quintero, Federico Gutiérrez logró el respaldo de la mayoría de la corporación. Durante una jornada intensa y llena de críticas, él sumó 16 votos a favor y 5 en contra.
El gerente de EPM, John Maya Salazar, mostró alivio por la determinación que se tomó, dado que su organización no es experta en el mercado de las telecomunicaciones y el negocio no estaba arrojando los números esperados.
En cuanto a la compra de Telefónica Colombia, el panorama no es tan claro para Millicom, pues en esta empresa están asociados los españoles de Telefónica y el Estado Colombiano (que tiene el 32 por ciento) y allí se presume que por la ideología del presidente Gustavo Petro sería difícil avanzar en una privatización.
De acuerdo con Millicom, la entidad combinada propuesta “rejuvenecería el sector de telecomunicaciones de Colombia al formar una entidad sólida con la escala y la capacidad financiera necesarias para respaldar las importantes inversiones en redes y espectro requeridas para lograr los ambiciosos objetivos de inclusión digital en el país”.
Además, aseguró que Colombia obtendrá un segundo operador de gran escala y financieramente viable en un momento crucial que impulsaría la digitalización, garantizaría un acceso más amplio a los servicios digitales modernos y avanzaría en el despliegue de tecnologías de fibra y 5G en todo el país.