La Procuraduría General de la Nación en las últimas horas solicitó anular el fallo de tutela de un juez del distrito judicial de Santa Marta, que ordenó la paralización de exploración de gas que venía adelantando Ecopetrol y Petrobras en el pozo Uchuva 2.
La acción judicial fue interpuesta por Ariel Daniels de Andreis, gobernador de la comunidad indígena de Taganga, contra las mencionadas compañías y en el falló se ordenó suspender de manera inmediata todas las actividades relacionadas con el proyecto en el área de interés de perforación exploratoria Tayrona, una decisión que generó gran polémica.
El juez le dio la razón al accionante que argumentó una presunta violación al derecho fundamental a la consulta previa que tienen las comunidades.
Además, por temas culturales, la decisión judicial también ordenó a Ecopetrol y Petrobras que se abstengan de utilizar nombres o símbolos culturales de la comunidad Taganga o de otros pueblos indígenas, para identificar sus proyectos, sin el debido consentimiento de dichas comunidades.
La solicitud de la Procuraduría
Ahora, el Ministerio Público se metió en el asunto y pide que se anule la respectiva decisión y que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) siga de cerca la situación para garantizar los derechos de esta comunidad.
“Se solicita revocar el fallo impugnado y en su lugar ordenar a la Anla que a través del seguimiento y control ambiental a las disposiciones, obligaciones, términos, condiciones y estipulaciones señaladas en la licencia ambiental y sus actos modificatorios, garantice el derecho de participación ciudadana de las comunidades interesadas, en espacial, el cabildo indígena Taganga”, mencionó la entidad que dirige Margarita Cabello.
Antes de esta solicitud de la Procuraduría, el Ministerio de Minas y Energía anunció que impugnó la decisión judicial explicando que esta exploración es crucial para la sostenibilidad energética.
“Es imperativo realizar la evaluación de este pozo, ya que se estima que, de confirmarse su productividad, el campo Uchuva podría aportar un volumen recuperable equivalente al 20 % de las reservas 1P (probadas), al 32 % de las reservas 2P (probadas más probables) y al 45 % de las reservas 3P (probadas más probables más posibles)”, indicó la cartera en un comunicado.
El Ministerio señaló que esta medida se dio tras contar con sólidos argumentos basados en el interés general. En ese sentido, indicó que su interés es poder garantizar que las decisiones tomadas se hagan con una base técnica robusta y una consideración equitativa de los derechos de los involucrados, incluyendo las comunidades afectadas.
Asimismo, la cartera precisó que considera que el desarrollo de este campo es crucial para la sostenibilidad energética a mediano plazo, y que permitirá al país utilizar el gas natural como un fluido de transición energética. Dicha acción contribuiría al suministro de energéticos limpios a la población colombiana y generaría ingresos por regalías que benefician directamente la economía de las regiones.
“En el Ministerio de Minas y Energía reiteramos nuestro compromiso con una gestión responsable de los recursos naturales que garantice el bienestar de todos los colombianos y la seguridad energética del país”, añadió.