Isagén es una de las más grandes empresas de generación de energía en el país. Tiene 19 centrales que suman cerca de 3.000 megavatios, la gran mayoría hidráulicos, pero ahora ha empezado un proceso de transformación en medio de la transición energética, no solo con iniciativas eólicas y solares, sino también saliendo de activos de generación térmica que usan combustibles fósiles.
“Estamos apostando a sumar al menos 1.000 megavatios más en los próximos cinco años. Esas son inversiones cercanas a 1.200 millones de dólares. Creemos que el mercado colombiano es interesante. Estamos trabajando de la mano con el Gobierno para que en discusiones regulatorias y ambientales nos permitan hallar el camino para realizar todas esas inversiones”, explica Camilo Marulanda, presidente de Isagén. Esta compañía pertenece a un conglomerado de fondos de inversión, consorcio liderado por Brookfield y con activos en generación eléctrica en los cinco continentes.
El 2022 fue un año positivo para la empresa. Según las cifras de la Superintendencia de Sociedades, registró ingresos por 4,8 billones de pesos. “Los resultados operativos y financieros estuvieron por encima de las expectativas y hemos venido consolidando un portafolio de inversiones muy interesante. En los últimos dos años, invertimos cerca de 3 billones de pesos en proyectos de crecimiento de la empresa. Proyectos hídricos, eólicos, solares. Hemos venido, también, avanzando en descarbonizar nuestra matriz de generación. Vendimos una planta termoeléctrica en el Magdalena Medio y nuestra apuesta en el largo plazo es seguir consolidándonos como el líder en el tema de transición energética y descarbonización en Colombia”, agrega Marulanda.
Para él, 2023 será un año interesante, pero con retos. Uno de ellos es la expectativa por la llegada del fenómeno de El Niño y la temporada seca que traería. De acuerdo con Marulanda, la empresa se está preparando y alista proyectos, como uno solar en la costa atlántica, que se llama Sabana Larga, con una inversión cercana a los 500.000 millones de pesos y que entraría en operación en octubre de este año.
Sin embargo, para el sector, el fenómeno de El Niño generará presiones. Por un lado, tarifarias, pues este evento climático hace en la práctica que parte de la energía del país se empiece a suplir con fuentes de termoeléctricas y eso lleva a que el precio de bolsa aumente. “Normalmente, los agentes del mercado tienen una posición de entre el 15 y el 20 por ciento al precio de bolsa. Entonces, eso va a tener un impacto, dependiendo de qué tan severo sea El Niño, sobre 5 o 6 por ciento de la tarifa, que hay que tener en el radar. Lo que esperamos este año son unas condiciones macroeconómicas en esos indexadores mucho más estables y tratar de mantener las tarifas lo más constantes posible”, dice Marulanda.
La otra presión de El Niño está relacionada con el suministro de energía. Según él, es factible que en un fenómeno severo el país no tenga ningún problema de abastecimiento en el corto plazo, “pero creo que para el mediano plazo sí debemos asegurar que se hagan inversiones no solo en la parte de nuevas plantas, sino en las líneas de transmisión, porque la demanda crece todos los años”. Se esperaba que la demanda creciera hacia el 3 por ciento anual y en los últimos cinco años, pero ha crecido cerca del 5 por ciento en promedio. “Y en un mercado de cerca de 18.000 megavatios instalados en Colombia, hoy faltan 5.000 proyectos que debían estar funcionando, y no lo están. Entonces, hay que destrabar los que vienen atrasados y hay que generar las señales para que el mercado se expanda y no tener ninguna sombra en el abastecimiento en el futuro en el país”, agrega.
Considera que tanto en el tema tarifario como de expansión del sistema, “lastimosamente, algunos proyectos importantes, como la segunda fase de Ituango y los de La Guajira (de energías renovables no convencionales), que se suponía que ya deberían estar operando no lo están y hay mucha incertidumbre alrededor de esos proyectos. Tenemos una matriz energética de país en la que necesitamos expansión, hay proyectos que están demorados o que tienen complicaciones, y lo que se necesitan son señales de largo plazo, de estabilidad, de acompañamiento del Gobierno en temas ambientales, en tratar de mantener unas condiciones fiscales y regulatorias estables para que esas inversiones se den, tener más oferta y que las tarifas tiendan a bajar a futuro”.
Además, se han venido dando cambios en la regulación en los temas tributarios del sector. Por ejemplo, subió la regalía para los proyectos solares y eólicos del 1 al 6 por ciento y se limitaron los beneficios tributarios que tenían esas iniciativas.
“Y hay un ruido, hay una turbulencia en muchos temas regulatorios. Entonces, mi preocupación es que el mercado necesita expansión. Necesitamos dar unas señales muy claras de largo plazo de inversión, de tranquilidad para los inversionistas y que puedan acelerar los procesos para suplir esa demanda futura. Yo no hablaría de un apagón o de un poco de déficit. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por tener una situación mucho más holgada de suministro”, asegura el ejecutivo.
En ese sentido, el sector tendrá una prueba de fuego: la subasta de capacidad programada para el mes de noviembre. A su juicio, ese va a ser un buen termómetro del apetito de todos los actores del sector para realizar inversiones futuras. El caso Guajira, Marulanda contó la experiencia de Isagén en La Guajira. Hace dos años, la empresa construyó dos parques eólicos en ese departamento y dijo que contaron con buena suerte, pues su estrategia de relacionamiento social fue efectiva. Esa fue una inversión cercana a los 500.000 millones de pesos. Sin embargo, tiene un proyecto que no ha corrido con igual suerte: Guajira II, de 400 megavatios. “Ya tiene todas las licencias, debería ser una inversión de entre 800 y 1.000 millones de dólares, pero es una iniciativa que en este momento tenemos en el congelador, esperando cómo es el desempeño del resto de los proyectos en la región”, agrega.
Cree que las dificultades de los proyectos en esa región no solo hacen que los que están andando se paren, como pasó recientemente con uno, “sino que los que no se han iniciado por un efecto de contagio decidan posponer esas inversiones o no realizarlas”.
En su opinión, por la importancia y el peso específico de la matriz nacional, en La Guajira es necesario tomar medidas contingentes para hacer más fuerte esa señal de expansión del sistema.
Frente al coctel que han enfrentado las empresas con inflaciones históricamente altas, tasas de interés también disparadas para atajar los aumentos de precios y la volatilidad del dólar, Marulanda señala que están bien preparados para esta situación de turbulencia. “Lo que creemos es que de esta turbulencia salen grandes oportunidades. Vemos que el sistema eléctrico en Colombia requiere expansión y creo que es un punto importante de esta discusión. Vemos que la demanda de energía ha crecido aceleradamente y que muchos de los proyectos que deberían estar funcionando no lo están. Y, adicionalmente, existe una necesidad a futuro de que el sistema siga creciendo. Entonces, nos estamos posicionando con un portafolio de crecimiento agresivo”.
La discusión de la transición energética se ha concentrado en la oferta, pero poco se habla de la demanda. Marulanda considera que se está viendo una electrificación de la economía, pues cada vez son más comunes los carros eléctricos, los grandes sistemas de transporte masivo se mueven con electricidad, y las ciudades avanzan en un proceso de transformación.
Pero, a su juicio, como país se necesitan señales más claras. “Tenemos un parque entre motos y vehículos de 17 millones. ¿Cómo los vamos a convertir a fuentes eléctricas? Es una apuesta de largo plazo y, por eso, se llama una transición. Al final no hacemos nada electrificando las fuentes de energía si no electrificamos la demanda”. En muchos países se han dado exenciones tributarias e incentivos adicionales para que la transición funcione. “Estamos muy a la espera de la hoja de ruta del Gobierno para resolver los tres puntos de la ecuación. El primer tema es la oferta de la matriz energética; el segundo, la demanda. Pero cómo vamos a reemplazar los ingresos de minería y petróleo, los empleos en las regiones para mantener esos tres puntos de esa mesa en balance y que esa transición energética no traiga efectos negativos para el país. Hay que tener un plan muy claro de a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar allá. Y el tercer tema en el área energética es preocuparnos por el corto plazo de la transición energética. Tenemos un fenómeno de El Niño, inversiones de corto plazo y cómo aseguramos el normal suministro de energía en el país en 2023 y 2024. Pero no podemos abandonar las señales de largo plazo”, puntualiza Marulanda.
Como advierte, el país no se puede quedar en un tema de potencial, debe materializarlo en proyectos reales y eso es un trabajo mancomunado entre el Gobierno y las empresas. Un reto que no da espera.