Durante varios años, el conflicto entre dos grandes actores del sector energético en el país ocupó las primeras planas de los medios especializados en asuntos empresariales y de negocios. Enel y el Grupo Energía Bogotá (GEB), que habían construido una de las alianzas público-privadas más importantes en la historia del país desde finales de la década de los noventa, se mostraron los dientes. Y con razón.

Las diferencias se gestaron hace más de cuatro años e incluían desde el reparto de las utilidades, hasta el desarrollo de los negocios en energías renovables –consideradas el futuro de la generación–, el uso de la marca Enel por encima de las marcas Emgesa y Codensa, y hasta denuncias de conflictos de intereses de Enel en decisiones de compras.

La disputa no solo escaló hasta los tribunales de arbitramento. También se vincularon la Procuraduría y la Fiscalía con denuncias sobre presuntas chuzadas ilegales y espionaje corporativo. Pero hoy la decisión de ambas partes es que todo eso ya sea cosa del pasado. A principios de este año, Enel empezó a mover su estructura en la región. En el caso de Colombia, la decisión más importante fue la aprobación de la fusión entre Enel Américas (que tiene las participaciones en Emgesa y Codensa) y Enel Green Power (que venía desarrollando de manera independiente los negocios de energías renovables no convencionales –solares y eólicas– en el país).

Por su parte, la nueva administración del GEB decidió emprender una negociación y lograr una operación con mayores ventajas para los intereses de la empresa que son los de toda la capital.La ecuación parece compleja, pero puede ser resumida de manera sencilla: Emgesa y Codensa, firmas en las que Enel y el GEB compartían participación accionaria desde finales del siglo pasado, se fusionan y ambas partes ponen para quedar con una mayor capacidad en muchos sectores, incluso los de energías alternativas, que son el futuro en esta industria.

¿Qué pone cada uno de los actores? El Grupo Energía Bogotá puso unas acciones preferenciales que equivalían alrededor del 8 por ciento en el caso de Emgesa y Codensa. Además, obviamente, pone todo el paquete de acciones ordinarias, que corresponden a cerca de 43 por ciento en ambas compañías. En la nueva compañía, el GEB queda con el 42,515 por ciento de la propiedad.

Aquí es donde algunos han levantado la voz para expresar sus dudas.Hay un hecho que puede generar confusión: si se suman las acciones ordinarias con las preferenciales, la participación del GEB en ambas compañías fusionadas es de aproximadamente el 51 por ciento. Pero hay que recordar que las acciones preferenciales no dan derechos políticos, así que la mayoría accionaria con capacidad de voto está hoy en manos de Enel. Las acciones preferenciales son prácticamente un activo corriente más que genera una utilidad.Por eso, un grupo de concejales les han pedido tanto a la alcaldesa Claudia López como a Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, congelar el acuerdo.

Sin embargo las cuentas son claras: el 8 por ciento de las acciones preferenciales no implica derechos políticos, es decir, participación con voto en la asamblea de accionistas. Así que, en estricto sentido, la participación accionaria en la nueva compañía se mantiene casi intacta, pero en una aún más grande, lo que significa una mayor utilidad cercana al 25 por ciento y mayor ebitda, del 22 por ciento de aquí a 2025. Esa es la cuenta que hay que hacer.

Este mayor tamaño se explica porque Enel pone en esta alianza todas sus inversiones en energías alternativas como las de Enel Green Power Colombia, que además será capitalizada en cerca de 2,2 billones de pesos, y las de Essa, con negocios en Panamá, Costa Rica y Guatemala.El resultado final es una compañía que aumenta su patrimonio en 5,5 billones de pesos respecto del patrimonio involucrado en Emgesa y Codensa.

“Este es un acuerdo en el que todos ganan”, explica Ortega, del GEB. Para él, la razón es sencilla. Gracias al acuerdo, “se avanza en uno de los pilares del plan estratégico mejorando vidas a través de energía sostenible y competitiva”.

Esta alianza repotenciada con Enel, dice, garantiza un crecimiento de 80 por ciento en la generación de energía verde y diversifica las opciones del país para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Además, fortalece su presencia en mercados internacionales, lo que le da mayores ingresos en dólares. Así “se puede calzar con endeudamiento barato en dólares a largo plazo. Igualmente, la alianza construye los lazos y mecanismos para hacer realidad la implementación de proyectos de ciudad inteligente: alumbrado público moderno, gestión de movilidad, electrificación de la ciudad, energía distributiva. Es decir, tenemos una alianza para la construcción de un gran futuro y el soporte a la transición energética a la que está abocada el país”, comentó.Obviamente hay sensibilidades. El concejal Manuel Sarmiento, del Partido Dignidad, junto con otros 20 cabildantes, pidió suspender esta decisión “hasta tanto no se realice un debate público en el Concejo de Bogotá y se presente un informe detallado por parte de la administración distrital y la presidencia del GEB precisando los alcances y acuerdos a los que se han llegado con la multinacional Enel. En juego está la empresa más importante del patrimonio público de la ciudad”.

La preocupación de los concejales resulta válida, pero, según la administración, la alianza representa oportunidades de crecimiento para el GEB y resulta en un acuerdo empresarial que no necesita aprobación del Concejo porque no se trata de una privatización: cabe recordar que en el valor de la participación accionaria no hay ningún cambio.

En el futuro, el acuerdo con Enel cambia la composición del portafolio de inversiones del GEB y lo deja con una fortaleza importante en el negocio de generación alternativa y sostenible de energía, distribución y en el diseño de ciudades inteligentes.

En este sentido, se pronunció la agencia calificadora Fitch, que aseguró que el convenio es “moderadamente positivo” para las compañías. “El acuerdo entre accionistas para la nueva Enel Colombia especificará reglas claras para la distribución de dividendos; dadas las métricas de apalancamiento actuales, se esperan dividendos por 90 por ciento”, dijo la agencia en un comunicado.

Está bien que el Concejo de Bogotá se pregunte por la naturaleza del negocio. Pero muchos otros ojos van a estar sobre el proceso: la Procuraduría, el Tribunal de Arbitramento habilitado y los propios accionistas de Enel y el GEB, que el próximo lunes deberán aprobar la operación completa.No obstante, todos los datos muestran la gran oportunidad que se le abre a la ciudad para fortalecer uno de los activos más preciados que tiene: su empresa de energía.