Tigo-Une, uno de los nombres más conocidos en el mundo de las telecomunicaciones en Colombia, ha estado en el centro de la atención pública debido a una serie de eventos que han llevado a una reestructuración en su propiedad, en medio de denuncias y polémicas que las autoridades en Medellín piden que se investiguen a fondo.
Esta compañía, que es el tercer operador telefónico más importante del país, con 12.5 millones de clientes, ha visto cómo su futuro se define en una serie de decisiones que involucran a actores clave, entre ellos Millicom y Empresas Públicas de Medellín (EPM), así como el alcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que se están atentando contra los intereses de los ciudadanos.
Esta semana se conoció que en una asamblea reciente de Tigo-Une, se llegó a una resolución que dividió la compañía en dos partes: el 98 % de la empresa quedaría en manos de Millicom, mientras que el 2 % restante sería propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Sin embargo, esta decisión no se dio sin controversia, ya que el alcalde Quintero expresó su descontento y planteó serias dudas sobre la legalidad de la votación que llevó a esta división. Este personaje argumentó que se habrían violado acuerdos del Concejo Distrital y un pacto de los accionistas que requería una mayoría especial, incluido el voto de EPM, para llevar a cabo esta acción.
La situación se ha vuelto aún más compleja debido a la falta de acuerdo en cuanto a la capitalización de la empresa, ya que inicialmente se había planteado que se necesitaría una inversión de $150 millones de dólares para la capitalización, con la mitad de este monto aportado por UNE y la otra mitad por Millicom. Sin embargo, EPM resolvió que no procedería con esta capitalización de $300.000 millones de pesos y se determinó que cualquier proceso de dilución de la participación accionaria de EPM en Tigo-Une requeriría la aprobación del Concejo de Medellín.
De acuerdo con Daniel Quintero, este escenario plantea incertidumbre sobre el futuro de Tigo-Une y la necesidad de una reorganización, mientras en días pasados el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, había advertido previamente que antes del 9 de octubre, EPM y Millicom debían capitalizar la empresa o enfrentar su dilución.
¿Quiénes son Millicom?
Millicom International Cellular S.A. es una empresa de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo que opera en América y África y se destaca por brindar servicios de telefonía móvil, televisión e internet en más de 16 países, con un enfoque centrado en regiones donde la telefonía fija no es una opción viable.
El principal accionista de Millicom International es el holding sueco Investment AB Kinnevick, controlado por la poderosa familia sueca Stenbeck, la cual también es accionista de referencia en otra operadora, Tele2, y en el grupo de comercio electrónico alemán Zalando. Además, el grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM) también tiene participación en Millicom y es propietario del 50 % de la operación de Millicom en América Latina.
De acuerdo con los expertos, la entrada de Millicom como el principal propietario de Tigo-Une marca un cambio significativo en la estructura de propiedad de la compañía, ya que Millicom se ha convertido en un actor clave en el sector de las telecomunicaciones en Colombia y está decidido a liderar y expandir sus operaciones en América Latina y África.
Bajas en la calificación desde Fitch Ratings
Ahora, en medio de la crisis por la que pasa la compañía, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings le bajó la calificación nacional de largo plazo a ‘AA-(col)’ desde ‘AAA(col)’ y la de corto plazo la dejó en ‘F1+(col)’.
También bajó la calificación del Programa de Bonos de Deuda Pública Interna a ‘AA-(col)’ de ‘AAA(col)’ y la de los Papeles Comerciales quedó en ‘F1+(col)’. Al tiempo dejó la perspectiva Negativa.
“Esto último ha perjudicado la capacidad de Tigo-Une para refinanciar la deuda bancaria de manera oportuna y ha generado dudas sobre la voluntad de los accionistas de brindar apoyo a la compañía durante un período de flujo de fondos libre (FFL) negativo debido a la presión de precios, y a gastos elevados por intereses y de capital”, dice el informe.
Según la entidad, la disminución de la nota se dio por un incremento en la presión financiera y las preocupaciones en la gobernabilidad corporativa de la compañía.