Aunque alrededor de Hidroituango sigue un fuerte vendaval, al menos las aguas se habían calmado en comparación con la crisis de gobierno corporativo en EPM que hubo en el primer semestre de este año.
No obstante, ahora suenan campanas de rebelión. Uno de los integrantes del equipo, el exalcalde Ómar Flórez, divulgó una constancia en la que deja sentado un precedente: no asistirá a las reuniones hasta tanto no le muestren el informe de auditoría forense que fue contratado con la firma JAHV McGregor, alrededor del cual habría unos hallazgos que no han sido revelados a la junta.
Según la constancia radicada por Flórez, tal como está consignado en el reglamento interno de la junta directiva de EPM, y en el código de gobierno corporativo, hará uso del derecho según el cual se abstendrá de participar en las reuniones, pero sobre todo en el comité de seguimiento del proyecto hidroeléctrico Ituango, el cual preside, hasta tanto no le muestren y le permitan analizar dicho informe.
Una auditoría forense, de acuerdo con la literatura que se ha escrito sobre el tema, es una especie de ‘macrolupa’ que se pone encima de la construcción de una obra pública y privada, cuando se advierte cierto riesgo.
En este caso, hay riesgo económico, político... pero sobre todo, una gran afectación a la ciudadanía, que hace rato debía contar ya con los frutos de la megaobra para la generación de energía.
La Contraloría General, luego de las investigaciones realizadas desde que se declaró una contingencia en el proyecto, por una falla que fue el punto de partida para el destape de una serie de hechos que van en detrimento de los recursos públicos, abrió procesos de responsabilidad fiscal contra 26 presuntos implicados. El monto que busca asegurar el organismo de control asciende a 4,3 billones de pesos, por los incumplimientos en Hidroituango. Y, precisamente, ese tema reúne este miércoles a la cúpula del Gobierno nacional, con representantes del gobierno local en Antioquia.
Pero no es todo. Durante esta semana, dos empresas de las tres que forman parte del consorcio que adelanta la obra, considerada como la más importante en materia energética para el país, porque generará el 17 % de la energía que se necesita para evitar un racionamiento, se presentaron ante la Superintendencia de Sociedades, para solicitar acogerse a la ley de reorganización empresarial.
Con esa ley, las empresas buscan llegar a un acuerdo para preservar la actividad económica que realizan, porque frenan a los acreedores mientras normalizan sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. En otras palabras, es similar a una tregua para tomar impulso.
La noticia de la reorganización de dos de los integrantes del consorcio empezó a despertar suspicacias. ¿Podría tener conexión con el fallo de la Contraloría, que busca recuperar 4,3 billones de pesos?
Todo porque el fallo emitido por la Contraloría, hasta el momento, es de primera instancia, toda vez que la contraparte apeló y se espera una decisión en segunda instancia.
Por eso ahora preocupa un ingrediente más: la inconformidad en la junta de EPM, con un informe que debe contener detalles clave sobre lo que hay por dentro en Hidroituango, de manera que se puedan hacer los correctivos necesarios.
Hay que señalar que otro de los integrantes de la junta, Pablo Felipe Robledo, confirmó en SEMANA que este miércoles habían recibido (al menos él) el documento resultado de la auditoría forense, el cual está siendo objeto de estudio.