El país y sus diferentes instituciones se preparan para la implementación de la reforma pensional propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. La misma fue discutida por los órganos del estado y entrará en rigor el 1º de julio de 2025.
La Ley 2381 de 2024 busca promover y establecer un sistema de protección integral para la vejez, la invalidez y la muerte. Además, busca darles mejores condiciones económicas a los adultos mayores del país, los cuales en distintos casos no han alcanzado los requerimientos que marca la ley.
Otro aspecto fundamental de la medida está referido a los empleados que obtengan la condición de pensionados y sigan ejerciendo sus labores en las empresas públicas y privadas del país. Este punto fue uno de los más discutidos por los partidos políticos debido a los cambios que establecerá para los trabajadores del país.
Esta modificación consiste en que las empresas quedarán facultadas para solicitar el retiro de un trabajador al momento de ser reconocido como pensionado y estar debidamente notificado de su ingreso al sistema de pagos mensuales.
El proceso deberá ser realizado por la empresa a la cual preste sus servicios el empleado. Esto último les da una facultad adicional a las compañías, la cual es gestionar los trámites administrativos necesarios para la debida pensión de sus empleados.
Hay que señalar que esto no representa que los trabajadores queden desvinculados de manera inmediata al momento de ser aprobados sus papeles para ingresar al sistema pensional del país. Las empresas deben constatar que se cumplan todas las condiciones y se garantice el pago de las mesadas pensionales.
En otro punto de la reforma se les advierte a las empresas sobre el papel que deben asumir para buscar por medios de comunicación efectiva el retiro de los empleados a los cuales les aplique la medida. Además, las compañías deben garantizar en todo momento el cumplimiento de los derechos de los empleados.
Diferentes sectores del país analizan la medida debido a las implicaciones que esta les traerá a los empleados del país. Se espera que las empresas del país empiecen a adaptar estas modificaciones a los planes de gobierno con las cuales cuenta cada una.
La norma cita que se faculta al empleador a dar por terminado un contrato de trabajo o la relación laboral establecida cuando se cuente con la debida notificación de reconocimiento de la pensión y el ingreso a la nómina de pensionados. Este último aspecto debe ser corroborado por la entidad financiera escogida por la persona en el momento de desarrollar el trámite.
Si el empleado de manera voluntaria no solicita en un plazo de 30 días el retiro de la empresa, el empleador quedará facultado por la ley para hacerlo a nombre del trabajador. Este aspecto le dará un estatus activo a las compañías durante los procesos de pensión de sus miembros.
El manuscrito de reforma a la pensión cita: ”Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo que el trabajador cumple con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión en Colombia de vejez”.
La medida busca dar claridad a los diferentes sectores del país sobre los aspectos más relevantes de la reforma y su aplicación desde mediados de 2025. Además, buscará fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores.