El debate por la reforma tributaria, radicada el pasado 8 de agosto por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, no se está dando solamente en el Legislativo, ya que los diferentes gremios económicos del país han venido presentando sus observaciones desde entonces, las cuales han apuntado principalmente a los nuevos impuestos.

Que el gravamen a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados afectará la canasta familiar, que el cambio de tributación en las zonas francas afectará las exportaciones o que el impuesto al oro, el petróleo y el carbón golpeará con fuerza a las industrias extractivas, han sido algunas de las objeciones que se han presentado frente a esta iniciativa que pronto empezará su recorrido en el Congreso.

El gobierno de Gustavo Petro busca recaudar 25,9 billones de pesos con este cambio tributario, apuntando principalmente a la lucha contra la evasión, la eliminación de exenciones y a garantizar que las personas más adineradas del país sean las que paguen más impuestos, con el fin de garantizar una correcta redistribución de la riqueza y ayudar a las familias más vulnerables.

¿Qué les preocupa a los empresarios?

Uno de los pronunciamientos más concretos ha sido el de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), gremio que aseguró que hay muchos aspectos de esta normativa que les preocupan actualmente, los cuales aumentan sustancialmente la carga tributaria de las micro, pequeñas y grandes empresas y, según ellos, terminarán ahuyentando a los inversionistas.

Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, aseguró que ven incumplida la promesa hecha anteriormente, según la cual no se aumentarían los impuestos para este sector, teniendo en cuenta el golpe que recibieron con la pasada reforma tributaria.

“Se había hablado originalmente de que el sector corporativo de empresas y emprendedores no pagaría más impuestos, especialmente viniendo de la reforma de 2021, donde se adicionaron 11 billones de pesos al total de impuestos que pagan las compañías, sin embargo, en la exposición de motivos en todo el marco general de la reforma se habla de un total de recaudo de cerca de 25 millones”, indicó este vocero gremial.

Para el presidente de la Andi, “este es un tema que vale la pena discutir, y se habla también de que de esos 25, cinco serán pagados por empresas, emprendedores, pequeñas, medianas y grandes, y siete serán pagados por el sector del oro, el petróleo y el carbón, lo que suma más de 12 billones de pesos”.

“Si le sumamos adicionalmente el hecho de que hay algunos otros impuestos que serían pagados por corporaciones o sus accionistas; tendríamos que muy probablemente estaríamos ante la reforma tributaria más grande. Solamente en la porción que pagarían las empresas y los inversionistas”, explicó.

Los empresarios agregaron que la tasa tributaria hay que medirla en términos de su impuesto efectivo, de la tasa que se paga, “lo cierto es que Colombia paga hoy en día una de las tasas más altas del continente, pero pasaría a ser la más alta, llegando a un nivel promedio del 67 % o incluso, en sectores como el minero, estaríamos hablando del 87 %”.

Para la Andi, este aumento tan brusco terminará espantando a los inversionistas, puesto que no será rentable traer sus capitales al país, que quedará con una de las cargas tributarias más altas de la región y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), organismo del que se es miembro.

“Cualquier inversionista cuando toma una decisión de inversión mide cuál es su rentabilidad y por supuesto mide la tasa impositiva a pagar. Se podría afectar fuertemente la inversión en Colombia, puesto que llegaríamos a tener la tasa más alta de la OCDE o la tasa más alta del continente, cuando hablamos del impuesto compuesto entre empresas y accionistas”, concluyó Burce Mac Master.

No obstante, la Asociación Nacional de Empresarios destacó que el Gobierno nacional ha estado dispuesto a escucharla, especialmente desde el Ministerio de Hacienda, entidad a la que le pidieron que construyan la reforma entre todos y no termine logrando la aprobación de una normativa que será contraproducente para el país.