En sus múltiples informes a lo largo del 2023, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha enfatizado repetidamente en cómo los efectos duraderos de la pandemia de la covid-19, junto con la actual crisis del costo de la vida, han tenido un impacto significativo en los ingresos y medios de subsistencias en todo el mundo, especialmente en la generación de empleo y en las tasas de ocupación. Así mismo, estas repercusiones han afectado con mayor intensidad a los países en desarrollo, entre los cuales se encuentra Colombia.
Ahora bien, es evidente que los déficits normativos laborales son un catalizador de las consecuencias de las múltiples crisis que se afrontan a nivel mundial, especialmente en lo relacionado con la generación de nuevos empleos y la disminución de las tasas de informalidad y ocupación. Lo anterior ha sido una posición compartida por la OIT en el informe presentado por el Observatorio de esta Organización sobre la brecha mundial en términos de ocupación.
Por otro lado, el país no ha sido ajeno al fenómeno mundial del creciente aumento de la desocupación y el trabajo informal. Según cifras del Dane para julio de 2023, la tasa de desocupación fue de 9,6 %, mientras que la población ocupada informal se ubicó en el 55,7 %, cifras muy por encima del promedio de los países de la OCDE, donde la tasa de desocupación se ubicó en 4,8 % en julio de 2023.
Por tanto, resulta llamativo que las reformas laborales promovidas por el Gobierno nacional (tanto la presentada el 16 de marzo de 2023, que no prosperó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, como la presentada recientemente el 24 de agosto de 2023 ante la Cámara de Representantes mediante el Proyecto de Ley n.° 166) no atiendan a las auténticas prioridades del país en materia laboral, económica y de competitividad, al tiempo que pasan por alto las consecuencias persistentes de la pandemia de la covid-19 y la actual crisis del costo de la vida.
Esto, en últimas, podría producir un desincentivo a la generación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector empresarial en Colombia e, incluso, pondría en riesgo los actuales puestos de trabajo.
Hay preocupación
De igual manera, resulta preocupante como ambas reformas impulsadas por el Gobierno nacional se sustentan en marcos normativos rígidos y que fomentan, infundada y temerariamente, la deslegitimación del empleador en las relaciones laborales, así como también construyen una excesiva inspección del trabajo en manos del Ministerio del Trabajo.
Ahora bien, dentro de esta rigidez normativa de ambos textos de reforma, se pueden destacar que algunas de las principales propuestas en materia de derecho laboral colectivo son la supresión de los pactos colectivos y el contrato sindical, así como la negociación por rama de actividad económica.
Particularmente, en lo que respecta a la eliminación de los pactos colectivos, se observa un gran riesgo en el sentido de que se podrían dejar sin posibilidad de acceso a la negociación colectiva en procura de mejores condiciones laborales a favor de aquellos trabajadores que han decidido válidamente no formar parte de un sindicato y eventualmente podría generar mayores costos laborales ante la existencia de que más trabajadores se beneficien de Convenciones Colectivas excesivamente onerosas.
Por otro lado, en lo concerniente al ámbito del derecho laboral individual, el Proyecto de Ley 166 de 2023 y su predecesor, que no prosperó en la Cámara de Representantes, plantean diversas propuestas. Estas abarcan desde la limitación de la vinculación laboral mediante contratos a término fijo o por obra labor, hasta la rigidez en la tercerización de servicios, pasando por la ampliación del horario nocturno, el incremento del valor de los recargos por trabajos nocturnos y dominicales, el aumento de las vacaciones para los empleados, entre otras iniciativas.
Estas propuestas, de implementarse, podrían generar un desequilibrio económico en las relaciones laborales existentes. Esto se debe principalmente a que impondrían cargas excesivamente onerosas sobre los empleadores, en un contexto donde las empresas aún enfrentan los efectos adversos de diversas crisis que han afectado tanto a la economía global como a la nacional.
En consecuencia, el Gobierno nacional estaría desincentivando al sector empresarial a mantener las plazas de trabajo existentes y a crear nuevas oportunidades laborales, agravando así las problemáticas de la informalidad, desocupación y desempleo en el país.
De esta manera, las bases de las reformas laborales propuestas por el Gobierno nacional en materia de derecho laboral individual y colectivo se evidencian desconectadas de las necesidades prioritarias del país en el ámbito laboral, económica y de competitividad.
Tanto la reforma presentada en marzo de 2023, como el Proyecto de Ley 166 presentado en agosto, plantean significativas restricciones para las relaciones laborales vigentes y establecen obstáculos adicionales para la vinculación formal de nuevos trabajadores, castigando así no solo al sector empresarial, sino también al sector trabajador informal y desocupado.