El debate por el futuro del aumento del salario mínimo en Colombia sigue candente. Los empresarios y las centrales obreras negocian el incremento que se dará para el otro año. Sin embargo, preocupa el panorama económico en el futuro, específicamente, la elevada inflación y las proyecciones de desaceleración económica para los meses venideros en todo el mundo.
Y es que mientras los gremios sostienen que el aumento debe ser moderado o generará un aumento de la informalidad y el desempleo, los sindicatos sostienen que se debe garantizar que no se repita lo sucedido este año, en el que el aumento del costo de vida se tragó desde agosto el aumento del salario mínimo decretado en el año 2021, poniendo a los hogares a hacer piruetas para lograr que la plata alcance hasta fin de mes.
La Federación Colombiana de Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada (FedeSeguridad) se unió a esta discusión hoy martes -6 de diciembre- y dijo que cualquier subida del pago mínimo a los trabajadores por encima del 13 %, se traducirá en un aumento de despidos por parte del sector empresarial, que deberá buscar alternativas para sobrevivir a la crisis económica que se avecina.
Nicolás Botero, presidente de Fedeseguridad (gremio que agrupa a las principales empresas de vigilancia, seguridad y de transporte de valores en el país), dijo que las cosas no andan bien y que se debe pensar en el mañana. Así mismo, recordó que el país viene de superar una pandemia y el Paro Nacional, por lo que todavía se están recuperando y no se deben colocar cargas muy pesadas al sector.
“Centros de estudios como ANIF o Fedesarrollo han advertido que técnicamente el salario mínimo debería aumentar no más del 13,5 % para el próximo año. Nosotros estamos de acuerdo con esos análisis, y tenemos que señalar que, si esa cifra se supera, los efectos en un sector intensivo en contratación, como lo es el de la vigilancia y la seguridad privada, pueden ser muy complicados”, dijo Botero.
El líder gremial indicó que, en caso de que el ajuste supere injustificadamente, lo que la ley y la jurisprudencia han señalado como los factores a tener en cuenta para el aumento anual del salario mínimo, como inflación anual y productividad, aparte de las presiones inflacionarias que se crearían para la economía nacional, en este sector habría un aumento de la informalidad y del desempleo.
“Este es un sector muy sensible al aumento del salario mínimo, pues estamos hablando de cerca de 380.000 trabajadores directos que están en ese rango. Además, en la tarifa mínima del servicio, el costo laboral representa cerca del 80% del precio”, señaló Botero. Esto se suma a los análisis recientes del Banco de la República, que advierten cómo por cada punto real de aumento, después de inflación y productividad, se comienza a perder empleo.
Por último, el presidente de Fedeseguridad hizo un llamado a la mesa de concertación salarial para que tenga en cuenta este impacto y tome una decisión que beneficie a todas las partes. “Todos debemos ganar en este proceso: conservar el poder adquisitivo de los salarios es fundamental, lo mismo que generar las condiciones para mantener empleos formales y dignos, sobre todo en un sector que es uno de los más grandes empleadores del país”, concluyó.
Este llamado se une al que hizo hace unas semanas la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada, según la cual, un alto incremento en el salario mínimo tendría implicaciones para la estabilidad de los empleos, lo cual sería un retroceso; más si se tiene en cuenta que el país viene de un periodo crítico a nivel laboral como consecuencia de la pandemia.
“Este es un tema en el que tenemos toda nuestra mirada puesta, ya que para nosotros el salario mínimo representa el 85% costo directo de nuestro servicio y por eso es altamente preocupante que un aumento superior a lo previsto por la ley pueda desplazar el capital humano por sustitutos como son cámaras y alarmas entre otros”, expresó esta confederación.
Los sindicatos y las empresas completan dos días de negociaciones en la Mesa de Concertación Salarial que encabeza el Ministerio del Trabajo, en los que han revisado a fondo la situación económica del país y el contexto internacional frente a este tema. Ambas partes tienen hasta el 30 de noviembre para ponerse de acuerdo con dicho incremento o la decisión quedará en manos del Gobierno Nacional.