Más de tres millones de colombianos pueden respirar hoy con cierto alivio. La cifra a la que llegó el Gobierno del 16 %, tras largas jornadas de concertación, les permitirá a muchos darse un respiro ante la alta inflación que vive el país, que ha disparado los precios de los productos más básicos. El próximo año, el ingreso mínimo para el trabajador formal será de 1.300.000 pesos. Entre tanto, para los ciudadanos con ingresos más altos, la decisión suele estar en cabeza de cada empleador, que ante las difíciles coyunturas económicas que vive el país, difícilmente suba en esa misma cifra a los que ganan más.
El presidente de la República, Gustavo Petro, es consciente de que el incremento del mínimo sube muchos elementos básicos y por eso, dijo este viernes que tomará medidas urgentes para evitar que los precios de sectores vitales para la sociedad en su economía crezcan por el orden del 13 % en 2023, a propósito del aumento que ordenó del salario mínimo para el próximo año de 16 %. El mandatario colombiano fue directo y anunció que pedirá de manera inmediata a las comisiones reguladoras de servicios públicos que desligue la tarifas de los servicios públicos del índice general de precios y de factores especulativos.
“Ni los arriendos, ni la energía eléctrica y los servicios, ni el transporte, ni la comida deben crecer un 13% el próximo año. Sus precios deben bajar. Hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado”, trinó Petro.
Pero la realidad es que a esos millones de colombianos que no se ganan el mínimo, sea porque son trabajadores informales, o sea porque ganan un poco más y el 16 % no les aplica, la vida se les puede enredar. Ni el vendedor de aguacates de la esquina, que gana 30.000 pesos al día; ni el que labora en la formalidad, pero recibe una remuneración inferior a un millón de pesos mensuales; como tampoco el asalariado, que devenga más de dos millones, les subirá su ingreso con el alza en el salario mínimo que se negocia actualmente, pero sí golpeará sus gastos.
Por esta época, el salario mínimo se vuelve protagonista en Colombia porque debe ser incrementado por mandato constitucional, con el argumento de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, la realidad del mercado laboral lleva a que el ajuste sea para unos pocos y a que surja el interrogante que intentan resolver algunos expertos: ¿proteger el poder adquisitivo de quién?
Lo sucedido en 2022 es el punto de inflexión. El salario mínimo fue incrementado en 10,07 % y la inflación, que aún sin terminar el año va en 12,2 %, ya se llevó todo el aumento aplicado para los que tienen ese ingreso. María Teherán, por ejemplo, vende diez almuerzos al día, de lunes a viernes, por encargo de los empleados de una oficina, y ya está en aprietos con los gastos.
Los recursos que recibe nada tienen que ver con los incrementos que se negocian en la mesa de concertación de política salarial que lidera el Ministerio de Trabajo para definir el ajuste. Pero algunos de los costos que debe asumir como ciudadana sí están indexados al salario mínimo. La moto que utiliza para transportarse estará sujeta a multas de tránsito que suben con ese indicador; el copago a la EPS cuando la atienden en el servicio médico también correrá la misma suerte.
Y en la tienda donde compra los insumos para preparar los corrientazos ya escucha al tendero preocupado, pues tiene trabajadores que ganan el mínimo, por lo cual anda haciendo cuentas para cubrir su propio gasto cuando establezcan el aumento, lo que terminará trasladándose al comprador. La preocupación con el incremento salarial es generalizada, independientemente del ingreso que se reciba. Alejandra Ramírez tiene un salario de 2,5 millones al mes y vive en un conjunto residencial de estrato 3, donde le modificarán el canon de arrendamiento con la inflación del año y el de la administración con el ajuste del salario mínimo, pero su ingreso lleva dos años congelado, porque a su empleador no le ha ido tan bien desde la pandemia y ha tenido que hacer malabares para mantener los empleos.
Las estadísticas del mercado laboral en Colombia señalan que, de 22,3 millones de colombianos ocupados registrados por el Dane en el trimestre agosto-octubre, solo hay 9,3 millones que trabajan en la formalidad y, de estos, el 58,1 % estaría devengando el mínimo o menos. En ese otro gran universo de trabajadores que no tienen un empleador que defina su incremento salarial, hay de todo, desde particulares, cuenta propia, jornaleros, empleados domésticos y hasta los que ponen su mano de obra sin remuneración. Esas actividades, en conjunto, llevaron a que Colombia bajara la tasa de desempleo, por primera vez en tres años, a un dígito: 9,7 % hasta octubre, lo que no implica que todos los trabajos sean de calidad (tener empleo no es garantía de bienestar).
La Corte Constitucional emitió una sentencia según la cual el incremento en el salario mínimo no puede ser inferior a la inflación del año vigente, cifra que en esta oportunidad estaría por encima del 12 % al cierre de 2022. También hay otros criterios a tener en cuenta en la negociación, como el Índice de Precios al Consumidor en el próximo año (inflación esperada), el crecimiento económico estimado para 2023 (proyectado en 0,5 % por el Banco de la República y hasta 1,5 %, según los analistas de mercado) y la productividad de la economía, que fue certificada por el Dane en 1,24 %. Con esas cuentas, son varios los números que se proponen para el incremento salarial y se espera que cada una de las partes de la mesa tripartita destape sus cartas el 5 de diciembre.
El centro de pensamiento Fedesarrollo lanzó su propuesta: “La suma de una inflación esperada para 2022, en 12,3 %, y un crecimiento de la productividad total de los factores, de 1,2 %, indican que, técnicamente, el salario mínimo debería aumentar 13,5 % en 2023”, sostuvo su director, Luis Fernando Mejía.
Pero en el debate no solo juega lo técnico, pues está el dilema de lo incierto de los pronósticos acerca de una posible recesión económica, lo que llevaría a la disminución del consumo y de la producción, pero, probablemente, también del empleo que generen las empresas e, inclusive, desembocaría en recortes de nómina. Aun así, hay apuestas de incremento salarial hasta de 20 %.
El dilema de Andrés Langebaek, director de investigaciones económicas del Grupo Bolívar, sostiene que el ajuste del salario es clave para preservar las empresas y el empleo. Los empleadores no están obligados a incrementar los salarios distintos al mínimo, algunos lo hacen solo con la inflación, otros se declaran maniatados para realizar ajustes, porque siguen aporreados por la crisis y no generan utilidades. “Cuando se presenta esa situación, no se les sube a todos los empleados para poder sobrevivir. Si las empresas aumentan sueldos distintos al mínimo estarían produciendo a pérdida. Para el trabajador, el problema ya no sería obtener un ajuste en el salario, sino conservar el empleo”.
Eso conlleva a que el poder adquisitivo de los trabajadores, que se intenta defender en la negociación del salario mínimo, termine siendo una falacia, en un escenario como el colombiano, en el que el 45 % de trabajadores ni siquiera gana el salario mínimo. Por otro lado, las empresas reclaman indexaciones, como la que tienen con los trabajadores que devengan un salario integral, cuyo pago debe ser al menos el equivalente a 13 salarios mínimos este 2022 y que subirá también para 2023.
Resolver ese dilema con el ingreso laboral es un reto para los expertos. “La mitad de los ocupados en Colombia ganan menos de un salario mínimo”.
“Aumentos muy grandes de la remuneración mínima, lo que hacen es subirles la vara a esas personas que ganan menos y quisieran obtener un empleo formal, pero no lo pueden hacer por los costos que representa para las empresas”, sostuvo Mejía, quien enfatiza en que hay temas estructurales de corto y mediano plazo a la vista. “En el corto plazo, se requiere el control de la inflación, pues no cabe duda de que es el impuesto más regresivo, que afecta a los más pobres, particularmente cuando proviene de los alimentos, como es el caso de Colombia, en donde está por encima de 27 %.
En el mediano plazo, hay que abordar la indexación de las entregas sociales (subsidios) al IPC, para evitar la pérdida de poder adquisitivo”. Por su parte, para Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el mantra debe ser “desindexar el incremento del salario mínimo al ajuste de factores (multas de tránsito, copagos y cuotas moderadoras, entre otros). El salario mínimo se incrementará en un porcentaje mayor al IPC, lo que debería constituirse en el único criterio de actualización”.
En general, para mejorar los ingresos de la población, sin que en ello medie el incremento del salario mínimo, un cambio de fondo debe darse en la educación, agrega Mejía. Langebaek, a su vez, argumenta que “la subida de la inflación nos ha hecho perder, pero en el próximo año podríamos ganar, y mucho de ello dependerá de cuánto se incrementen los salarios”. En el escenario económico actual, los castigados con el tema salarial son muchos, desde los que no tienen empleos formales, hasta los que devengan más del mínimo, pues a todos los toca la carestía, pero no a todos les subirán sus ingresos. ¿Qué va a pasar con ellos?