En una contundente acción, la Superintendencia de Sociedades desarticuló unas redes ilegales de captación de dinero público, y emitió medidas de intervención contra tres personas y sus entidades involucradas en esta actividad ilícita.
Los operativos, llevados a cabo el 9 y 18 de octubre de este año, tuvieron como objetivo restituir los fondos a los afectados, siguiendo las directrices establecidas en el Decreto Ley 4334 de 2008. En esta intervención, fueron sancionados Joel Alirio Pedroza Guevara, Luxury House Grupo Inmobiliario y Constructor S.A.S (LUH S.A.S) y Catalina Maribel Pérez Becerra.
De acuerdo con lo revelado por la Supersociedades, la captación les permitió recaudar cerca de $2.500 millones, dineros públicos que se consiguieron, mientras operaban, ilegalmente, en el municipio de Sogamoso, en el departamento de Boyacá.
“Estas dos operaciones de captación de dinero por personas no autorizadas, se suman a otros diez modelos de captación ilegal identificados en lo que va corrido del año, promovidos por Calcapital SAS, Consorcio Constructor Inmobiliario Cimientos SAS, Orión Alianza Constructora e Inmobiliaria SAS, Emporio Constructora e Inversiones SAS, Jhon Emiro Rojas Cantor, Mavac SAS, Sociedad Ganadera El Paraíso SAS., ESPYN SAS, TRAIDINGMORA SAS, Felipe Miguel Rocha Medina y la Sociedad Agropecuaria Achury Viejo y CIA S. EN C”, destacaron desde la Superintendencia de Sociedades.
Así operaban las redes ilegales de captación de dinero
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, Joel Alirio Pedroza Guevara, Luxury House Grupo Inmobiliario y Constructor S.A.S se involucraron en la captación no autorizada de dinero del público, a través de métodos como la suscripción de “Letras de cambio y/o pagarés, Contrato de Mutuo, Inversión de Capital, y la firma del denominado Contrato de Anticresis.”
Sobre lo último, señaló que LUH S.A.S “recibió dineros del público, obligándose a la devolución del importe inicial y al pago de unos rendimientos en un plazo determinado; sin contraprestación de bienes y/o servicios”.
El “descalabro” de esta captación masiva de recursos alcanza la cifra de $1.430.000.000, con obligaciones contraídas con, al menos, 53 personas.
La otra implicada, Catalina Maribel Pérez Becerra, mediante la suscripción de contratos denominados “anticresis” y “empeño con garantía”, habría dejado 48 obligaciones pendientes con al menos 43 personas. Estos “acuerdos” alcanza un monto total de $1.043.000.000.
Pilas con quien hace negocios, la recomendación de la Superintendencia de Sociedades
Para prevenir casos similares, la Superintendencia de Sociedades, junto con la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio, están implementando la campaña “Me informo y cuido mi dinero”, en diferentes regiones del país, con el propósito de concientizar a los colombianos sobre la importancia de informarse adecuadamente y evitar involucrarse en esquemas no autorizados.
“Los ciudadanos deben informarse para ponerle fin a la aparición de esquemas de captación de dinero no autorizado; por esta razón, el llamado es a hacer negocios seguros con personas autorizadas para tales fines, y así no poner en riesgo la economía que sustenta las necesidades cotidianas de su vida”, declaró el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
De acuerdo con las autoridades, se procede a intervenir conforme al Decreto 4334 del 2008, que procesa a recaudadores en operaciones no autorizadas, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y/o negociaciones, que generen un abuso del derecho y fraude a la ley, al ocultar en fachadas jurídicas legales, el ejercicio no autorizado de la actividad financiera, causando graves perjuicios al orden social y amenazando el orden público.
Además de estar obligados a devolver todo el dinero captado, los implicados serán objeto de sanciones jurídicas, que pueden derivar en una condena privativa de la libertad.