Una vez se conoció el proceder que tendrá Thomas Greg & Sons, quien se declara gravemente afectado por la decisión del Gobierno de no entregar el contrato por 599 mil millones de pesos para seguir elaborando los pasaportes en Colombia, la Contraloría General recordó que lo había advertido.
El Gobierno nacional tomó su decisión, por considerar que existieron favoritismos sobre la firma que iba a enfrentar declaratoria de urgencia manifiesta, medida a la que acudió la Cancillería, ante el pare en la producción de pasaportes, mientras incrementaba la demanda de los mismos por parte de los ciudadanos.
Ahora, luego de que los abogados de la firma Thomas Greg (Unión Temporal Pasaportes 2023) presentaran ante la Procuraduría General una solicitud de conciliación extrajudicial, la Contraloría insistió en que la inminencia de una millonaria demanda es algo así como una “crónica de un lío jurídico anunciado”.
El ente de control, que vela por el buen uso de los recursos públicos, desempolvó la función de advertencia que había cursado, en la que había actuado para que se tomaran las medidas de forma preventiva, con el ánimo de garantizar la defensa y protección del patrimonio público, el cual se afecta en el caso de una millonaria demanda como la que se avecina.
De hecho, en el documento enviado a la Procuraduría por Thomas Greg & Son describe todo lo sucedido, desde que empezó el proceso hasta que la licitación en la que participaban fue declarada desierta. Con fundamentos jurídicos que se amparan en varias leyes, sacan a relucir argumentos, según los cuales, la decisión se estaría saltando principios como el de economía, transparencia, selección objetiva, adjudicación de oferta única, entre otras.
¿Qué decía la función de advertencia?
La Contraloría no solo hizo una función de advertencia extensa, exponiendo todas las posibilidades, pero en especial, el riesgo de que se podría venir una demanda, sino que insistió.
Al propio canciller, Álvaro Leyva, el vicecontralor con funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, le pidió relacionar “todas las medidas adoptadas y los recursos legales dispuestos por la administración a fin de contrarrestar o mitigar el riesgo de intermitencia o parálisis en la prestación de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior, bajo condiciones de calidad y oportunidad. Este debe incluir los planes y controles adoptados frente a un nuevo proceso contractual”, decía el segundo documento enviado, con el propósito de hacer seguimiento al control de advertencia mencionado.
Enfatizó en la demanda
Pero, en particular, la Contraloría General enfatizó en la posibilidad de una demanda, al solicitar a la Cancillería, “las medidas previstas para atender el riesgo antijuridico por posibles acciones judiciales del proponente que obtuvo el mayor puntaje por el Comité Evaluador de la licitación 001 de 2023″. En otras palabras, estaban advertidos.
Previo a ello, en la función de advertencia, la Contraloría había dicho que la misma tenía asidero, porque ese ente de control solo buscaba evitar la consolidación de un daño que aún no se había materializado, pero que, sin duda, era mejor hacerle seguimiento permanente al recurso público para evitar que, por falta de prevención, se arriesgara.