Para este jueves 21 de septiembre fue convocada una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Tigo-UNE, tras la reunión del pasado viernes de la junta directiva, en la que no se aprobó el reglamento de emisión y colocación de acciones para una capitalización de la compañía.
Este es el más reciente capítulo de las tensiones que hay entre los socios de la empresa: la multinacional Millicom y EPM.
Tigo-UNE arrastra una difícil situación financiera que la ha llevado a pérdidas en los últimos años y solo en 2022 las cifras en rojo superaron los 400.000 millones de pesos.
En los últimos días la compañía ha advertido que, a la fecha, todos los servicios fijos y móviles se vienen prestando sin novedad. El tráfico de datos por su red móvil creció 3 % en el último mes, mientras que el de voz lo hizo en 6 %. También señaló en un comunicado que, en lo que va de 2023, ha invertido más de 100 millones de dólares en despliegue y mantenimiento de sus redes, su base de clientes pospago presenta un incremento de más del 21 % y sus servicios digitales para empresas y Gobierno han crecido por encima del 35 %.
A pesar de estas cifras en su operación, Tigo-UNE necesita una capitalización, como lo ha advertido uno de sus dueños, Millicom. En una carta firmada por el CEO de la multinacional, Mauricio Ramos, al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, señaló que se requieren recursos por 150 millones de dólares y que esperan que sean los socios, Millicom y EPM, los que los entreguen. Si EPM no está dispuesta, Millicom pondría la totalidad de la cifra.
Ya EPM dijo que no capitalizará a Tigo-UNE y la discusión se ha centrado en el proceso de dilución de EPM en la sociedad. Incluso el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien además preside la junta directiva de EPM, indicó que Millicom se quedaría con el 98 % de Tigo-UNE, tras aprobar una dilución “forzosa”, mientras que EPM tendría cerca del 2 %.
Millicom le respondió al alcalde en un comunicado, indicando que EPM no se ha diluido. “Esta capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluida y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”, señaló la multinacional.
Sin embargo, Quintero se ratificó y en entrevista con SEMANA expresó que Millicom estaba mintiendo. “Invitó a una asamblea en la que se iba a discutir la capitalización y de forma sorpresiva cambió el orden del día y lo que propuso de inmediato fue una dilución. Incluso presentó un reglamento de dilución en el que deja a EPM con el 2 %. Como EPM se negó a votar ese proceso de dilución que requería mayorías especiales, lo que hizo Millicom fue desde la asamblea ordenar a la junta tomar la decisión, pero con mayorías simples; es decir, sin el voto de EPM”, dijo el alcalde.
“Estamos ante esta toma hostil por un administrador que es Millicom”, agregó Quintero.
El Gobierno les ha dado un plazo hasta el 9 de octubre para que definan entre los socios el futuro de la compañía y este jueves podría haber humo blanco, o de lo contrario la empresa iría a un proceso de reorganización.
Tras la junta del viernes pasado, SEMANA conoció un documento en el que se hacen algunas consideraciones de por qué no se aprobó el reglamento de capitalización, las discusiones jurídicas que se han planteado, las financieras y hasta las de conflictos de intereses de los miembros de la junta a la hora de votar el reglamento.
En el campo jurídico, el documento establece que se “requiere del voto favorable de los Accionistas de EPM” para aprobar “cualquier decisión que resulte en la modificación de la composición accionaria de la Compañía”, y que así se contempla en el Acuerdo del Concejo de Medellín: “Las decisiones que afecten la existencia, la naturaleza jurídica, la composición accionaria deberán ser tomadas con el voto favorable de los accionistas públicos”.
Además, se cuestionan las cuentas del proceso de capitalización. Este se haría por casi 603.000 millones de pesos. El número de acciones a emitir equivaldría a 228.058.767 acciones y el precio de suscripción de cada acción sería de 2.644 pesos.
Sin embargo, aparecen algunas dudas, según el documento. Por una parte, de acuerdo con la información financiera reportada por Tigo-UNE en el Registro Nacional de Valores y Emisores que lleva la Superintendencia Financiera, el valor patrimonial por acción, con corte a 31 de diciembre de 2022, equivale a 66.008 pesos, es decir, más de veinticinco veces el valor que se propuso en la asamblea.
Pero las cuentas más cercanas del valor de la acción tampoco cuadran. En la Asamblea de accionistas realizada el pasado 30 de mayo, se informó un valor por acción de 57.600 pesos y en la información reportada para la Asamblea citada para el pasado 16 de agosto, que fue cancelada, se había informado en el material suministrado por la administración un valor por acción de 428.580.
En el documento se hace una advertencia: emitir acciones por debajo de su valor de mercado acarrearía la consecuencia de afectar negativamente el precio de todas las acciones en circulación de Tigo-UNE, en detrimento de la compañía y, por supuesto, de sus accionistas, entre los que se encuentran entidades públicas.
Como lo dijo en su momento el alcalde Quintero a SEMANA, frente a las salidas: “Hay dos, una reorganización por parte del Gobierno nacional, o una dilución, claro está, pero esa dilución no puede ser a cualquier valor, como hoy está pretendiendo Millicom, al punto de llevarnos al 2 %, y tampoco puede ser ni de espaldas a la ciudad ni sin pasar por el Concejo de la ciudad”.
El otro capítulo en el que hay inquietudes es en el relacionado con los conflictos de interés. Como EPM ya anunció que no capitalizará a Tigo-UNE, la aprobación de un reglamento de emisión y colocación de acciones beneficiaría sólo a Millicom. Eso abriría otro debate jurídico, pues algunos miembros de la junta directiva, según el documento, tienen vínculos estrechos con la multinacional y podría existir la obligación de abstenerse de participar en cualquier deliberación o decisión que tenga relación con la aprobación de un reglamento en ese sentido porque estarían incursos en un conflicto de intereses.
Más allá de las tensiones jurídicas y financieras, el documento que conoció SEMANA hace algunas propuestas de cara al futuro y antes de la asamblea de este jueves.
La primera es encargar un estudio de valoración a un tercero independiente para que determine, a partir de un método que permita medir la capacidad de la compañía para generar flujos de caja hacia el futuro, cuál sería el precio justo al que deberían emitirse las acciones de Tigo-UNE.
Y la segunda, solicitar a la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Sociedades que conceptúe cuál es la mayoría decisoria aplicable a la aprobación de decisiones referentes a la capitalización.
Aunque parecen peticiones obvias, el problema de Tigo-UNE es que el tiempo está corriendo y el plazo del Gobierno para el 9 de octubre es de apenas un poco más de dos semanas. ¿Lograrán ponerse de acuerdo los socios en una de las mayores crisis de la compañía desde su creación en 2014?