Una invitación a las empresas que requieren servicios de comunicaciones y que antes contactaban a las compañías del Grupo Transtel hizo este martes la Superintendencia de Industria y Comercio, al anunciar que, luego de entrar en proceso de liquidación, esta empresa quedó inhabilitada para prestar dichos servicios.
Por lo tanto, “los usuarios que tengan contrato con estas empresas podrán escoger de manera libre cualquier otro proveedor para acceder a los servicios de comunicaciones de su elección”, manifestó la entidad, en coordinación con la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de las TIC y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.
En el listado de las empresas que no están ejerciendo las actividades del giro ordinario de sus negocios están: - Empresa de Servicios Públicos Unitel S.A. E.S.P. - Empresa de Teléfonos de Palmira S.A. - Empresa de Servicios Públicos Telepalmira S.A. E.S.P. - Teléfonos de Cartago S.A. E.S.P. - Empresa de Teléfonos de Jamundí ́ S.A. E.S.P. - Empresa de Telecomunicaciones de Girardot S.A. E.S.P. - Caucatel S.A. E.S.P. - Cablevisión S.A. E.S.P. - Transtel S.A. y Transtel Intermedia S.A. E.S.P.
Según la SIC, como parte del proceso, se producirá la terminación de los contratos suscritos con los usuarios.
La determinación anunciada por la Superintendencia busca “mitigar los posibles impactos negativos que esta situación pueda generar en quienes hubiesen suscrito contratos con dichas compañías”.
Agrega el organismo de vigilancia y control que, “en virtud del principio de libre elección previsto en el Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, los usuarios podrán escoger de manera libre cualquier otro proveedor del mercado para contratar y disfrutar de los servicios de comunicaciones de su preferencia”.
Hay que recordar que, el 10 de septiembre de 2020, las empresas de Transtel habían sido admitidas en proceso de reorganización empresarial.
En el proceso de ese trámite, durante las diligencias de inspección judicial, se constató el abandono de los negocios y la falta de información para continuar con los procesos recuperatorios.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en la ley, lo que buscan las entidades es el mejor aprovechamiento del patrimonio que queda.