En el marco del más reciente Congreso Nacional de Hospitales Públicos, que tuvo lugar en Barranquilla, se ha arrojado luz sobre una problemática que afecta profundamente al sistema de salud colombiano: la deuda acumulada de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con los hospitales públicos.
Este informe, presentado por la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), puso en evidencia la “posición desequilibrada” que ostentan las EPS sobre los prestadores de servicios de salud, y arroja luz sobre prácticas sistemáticas que han impactado negativamente tanto en la economía de los hospitales como en la calidad de la atención médica.
El estudio abarca el período comprendido entre 2018 y 2022, y sus resultados son alarmantes. Las cifras demuestran que las EPS han incumplido sus compromisos de pago de manera reiterada, dilatando y desestimando en muchos casos el recaudo de un considerable porcentaje de las facturas.
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, Directora Ejecutiva de ACESI, señaló que, durante los últimos cinco años, las EPS únicamente han pagado un promedio del 65 % de los servicios autorizados por los hospitales de la red pública nacional. Este incumplimiento ha dejado un 35 % de las facturas pendientes, lo que se traduce en cuentas impagas y difíciles de recaudar, creando un escenario insostenible para los hospitales.
“La magnitud de esta deuda es impactante. Desglosando la deuda acumulada año por año: en 2018, las EPS dejaron de pagar $4,76 billones; en 2019, $4,97 billones; en 2020, $4,42 billones; en 2021, $5,54 billones; y en 2022, la deuda no pagada ascendió a $5,37 billones. Estas cifras revelan un panorama de atrasos y falta de cumplimiento que ha alcanzado su punto más crítico en el último año”, dijo Zuluaga.
El informe también pone de relieve las EPS con las deudas más cuantiosas con los hospitales. La Nueva EPS lidera la lista con una deuda superior a los $933 mil millones, seguida por Emsanar, con más de $495 mil millones; Asmet Salud, con más de $450 mil millones; Comparta, con más de $277 mil millones; y Savia Salud, con más de $287 mil millones, entre otras. Esta acumulación de deudas no solo afecta la capacidad de los hospitales para operar de manera efectiva, sino que también tiene consecuencias perjudiciales para la calidad de la atención médica que pueden brindar.
Pero esta problemática no se limita únicamente al incumplimiento de pagos. De acuerdo con ACESI también se está presentando una violación continua de la ley en lo que respecta a la contratación de servicios obligatorios, ya que según las normativas vigentes desde 2007, las EPS están obligadas a destinar el 60 % de los recursos destinados a la población subsidiada en Colombia a la red pública hospitalaria.
“Sin embargo, las cifras revelan que las EPS han contratado en promedio solo el 39 % de estos servicios con hospitales públicos. El restante 61 % se direcciona hacia entidades privadas, lo que no solo incumple con la ley, sino que también desfinancia a los hospitales públicos, generando un impacto negativo en su capacidad de operación”, agregó la vocera gremial.
De acuerdo con los Hospitales Públicos, este incumplimiento y la acumulación de deudas han tenido un impacto considerable en el sistema de salud colombiano, puesto que actualmente enfrentan desafíos considerables en términos de recursos y capacidad operativa, se ven gravemente afectados por estas prácticas.
Asimismo, resaltaron que la deuda acumulada ha llevado a una situación en la que los hospitales tienen dificultades para pagar sus propias obligaciones financieras y mantener una operación óptima. Además, la falta de cumplimiento en la contratación de servicios también compromete la calidad de la atención que pueden brindar, ya que los recursos destinados a los servicios subsidiados no están llegando a donde deberían.
Olga Lucía Zuluaga cerró diciendo que la problemática presentada por ACESI en el Congreso Nacional de Hospitales Públicos exige una acción inmediata y concertada por parte de las autoridades de salud y las EPS.
“El sistema de salud en Colombia requiere reformas profundas para garantizar una relación equitativa y justa entre los proveedores de servicios y las entidades encargadas de financiarlos. Además, se necesita un mayor control y vigilancia por parte de los organismos gubernamentales para garantizar que las EPS cumplan con sus obligaciones de manera adecuada y oportuna. La calidad y la accesibilidad de la atención médica en Colombia dependen en gran medida de resolver estas problemáticas y garantizar un sistema de salud sostenible y efectivo para todos los ciudadanos”, concluyó.