De ser la tercera cadena líder en el mercado de tiendas de descuentos, Justo & Bueno llegó a la liquidación, después de haber logrado tener 1.118 puntos en nueve departamentos y 300 municipios. El fundador, Michael Olmi, se hizo millonario con tiendas de bajo costo y, de repente, uno solo de sus negocios llegó a la quiebra.
La Superintendencia de Sociedades investiga y el líder de esa entidad de vigilancia, Billy Escobar, habló con SEMANA luego de imponer una multa a Olmi por desacato a requerimientos hechos por la entidad de vigilancia, en el proceso de investigación que se adelanta alrededor del caso.
SEMANA: ¿La multa impuesta por la SuperSociedades a Michael Olmi es solo porque no quiere hacer caso para colaborar con la investigación alrededor de la quiebra de Justo & Bueno?
Billy Escobar: Cuando se dan estas situaciones, la Superintendencia de Sociedades revisa, por un lado, lo concerniente a la liquidación de la empresa, pero, por otro lado, están las circunstancias de cómo fue el manejo empresarial. Entonces, de manera paralela, se entra a indagar acerca de cómo fue el manejo societario, si fue adecuado o no.
Ahí es donde se encuentran situaciones que eventualmente dan para una investigación con miras a establecer la responsabilidad en el manejo societario. Sobre todo, porque hay un gran número de afectados. No se le pudo responder ni a proveedores, ni a trabajadores, a nadie, ni siquiera las obligaciones tributarias.
SEMANA: ¿Ya ha encontrado algo acerca de cómo pudo llegar a la quiebra una cadena de descuentos, mientras a la competencia le fue bien?
B.E.: Así es, ellos venían bien y de un momento a otro se ve un cambio abrupto. Ahí es cuando hay que revisar a fondo. Por un lado, vino el proceso de reorganización voluntaria, acogiéndose a la ley de emergencia. Después dijeron que iba a llegar un inversionista y en eso se nos fue todo el año 2021. No hicieron nada. Después viene la competencia de la Superintendencia, cuando se nos agota el tiempo. Entramos y pusimos, en lo que va de este año, todo el esfuerzo necesario para que se diera una reorganización.
Después de tres meses revisando, logramos identificar que no había lugar a la reorganización. Entramos en el proceso de liquidación, la cual fue aplazada por un posible salvamento. Finalmente, no se dio, lo que conlleva a iniciar la entrega de locales y a responder con las obligaciones con lo poco que hay. Es lo que se está haciendo.
Esto fue desde el punto de vista de la insolvencia, pero ya venía desde tiempo atrás una investigación de la delegatura de supervisión societaria que indaga la manera como se controló la sociedad, quiénes son los verdaderos dueños de Mercaderías, quién está detrás de eso, dónde está la plata, qué transacciones hicieron -nacionales e internacionales- para identificar el verdadero controlante, con miras a buscar los responsables para que respondan patrimonialmente por esta situación.
SEMANA: Pero esa es la información que no le ha querido entregar Michael Olmi, por la cual lo sancionan. ¿Cómo va a presionar?
B.E.: Cuando nosotros entramos a identificar esa situación de esas múltiples compañías que están detrás de todo este proceso, es cuando encontramos que el señor entorpece esa investigación y es cuando tomamos la decisión de imponer esta multa inicial de 100 millones de pesos, pero, por supuesto que la investigación continúa, en busca de establecer responsabilidades.
Hay una cadena de múltiples sociedades a las cuales estamos investigando, para identificar los verdaderos responsables y, en la medida de lo posible, encontrar patrimonio que permita solventar muchas de las obligaciones.
SEMANA. Si hasta ahora no ha sido posible que entreguen documentación, mucho menos van a entregar plata. ¿Ustedes los pueden embargar?
B.E. Ya tenemos identificadas todo un conjunto de empresas nacionales e internacionales. Que no nos hayan entregado ellos mismos la documentación no nos ha impedido tener la gran información con la que contamos ahora, sobre la cual estamos adelantando la investigación.
Por supuesto que podemos embargar. Lo clave es que estamos abriendo un camino para llegar hasta los reales controlantes de esa empresa y así si aparecerán patrimonios y, si hay lugar a ello, se tomarán acciones de otro orden.
SEMANA: Ese modelo de la SAS parece que necesita ser revaluado.
B.E.: Hay una propuesta que vamos a promover desde la Superintendencia y es que exista un registro de socios reservado. Lo deben presentar todas las empresas del país para saber quiénes son los verdaderos dueños. La propuesta de reforma normativa va en ese sentido, con miras a que, el día de mañana, si identificamos alguna irregularidad, podamos ir tras los socios y no tener que adelantar sobre la marcha toda una investigación complejísima.
No debería ser así. La idea es que se reporten todos los socios, por supuesto que bajo la reserva. Puede ser a nivel de cámaras de comercio o a una institución como la nuestra. Incluso en Panamá había ese tipo de sociedades que no tenían nombre, y hoy en día ya se corrió el velo.
SEMANA: El caso de Justo & Bueno tiene apesadumbrado al país. ¿Qué puede decir a toda esa gente herida?
B.E.: Queremos decirle al país que no nos quedamos quietos. No es que la cadena se liquidó y ya. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias y vamos a ir tras el patrimonio de los responsables estén donde estén.