Como fichas de dominó, van cayendo, uno a uno, de manera lenta, pero sin pausa, los diferentes sectores de la economía. No piense, ni por un momento, que esta diatriba va dirigida contra el Gobierno o el presidente. No, de ninguna manera. Es, más bien, un memorial de agravios, de esos que se dirigen dura y claramente contra el Estado, convertido ahora en el monstruo de las mil cabezas que todo lo quiere acabar. No es de ahora, es de siempre, y si no le ponemos freno, acabaremos siendo su cena.
El empresario, que, en últimas, es quien hace país, ya no sabe qué hacer para enfrentarse al Leviatán. Acá van unos ejemplos, todos tomados de la vida real y que he conocido en virtud de mi trabajo como abogado.
En el primer caso, una empresaria, con las mayores dificultades económicas que se pueda imaginar el lector, decide que su empresa debe entrar en ley de restructuración. En el trámite de esta, la Secretaría de Hacienda de Bogotá hace saber que la empresa no tiene deuda alguna con el fisco local. Tal y como lo lee, señor lector. No obstante, luego de varios años, la Fiscalía inicia investigación penal contra la empresaria por el no pago de impuestos. Nuestra heroína, caída en desgracia, les explica a los jueces que fue la misma Secretaría de Hacienda, que ahora fungía como víctima en el proceso penal, la que, al interior de un proceso mercantil ante la Superintendencia de Sociedades, había dicho que no existía la deuda, que ahora se busca cobrar a través de un proceso penal. De nada valieron las explicaciones y los testigos: la ciudadana fue condenada por delitos tributarios.
En otro caso, unos señores, empresarios muy reputados, son investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. Al interior de la investigación administrativa, una vez vencida la etapa probatoria a cargo del Estado, la misma entidad se da cuenta de que unas pruebas, muy relevantes, estaban en otra dependencia. Como es de esperarse, las pruebas servían, a juicio de la entidad pública, para condenar a los empresarios. Así, pues, cuando ya se había vencido el término de pruebas, la SIC presenta otra prueba, que estaba en otro cajón, y la hace valer en el proceso. Los investigados, aterrorizados con este evento de flagrante violación al debido proceso, acuden al juez máximo del asunto, que es el Consejo de Estado. Pues bien, ese máximo juez de lo contencioso administrativo, que está diseñado justamente para salvaguardar los derechos y las garantías de los ciudadanos, se gastó más de 80 páginas para explicar lo inexplicable: que bien podía la SIC sacar las pruebas a último minuto, sin que ello resultara violatorio de las garantías de los procesados. Líbranos, Señor.
Ahora, si usted., señor empresario, es víctima de un delito, cualquiera que sea, desde robo, hasta la mayor defraudación, es mejor que vaya pensando en tener la paciencia del santo Job. Los procesos en la Fiscalía solo se están demorando entre 5 y 7 años.
Según las estadísticas más recientes, de 100 denuncias que se radican en la Fiscalía, 75 se archivan sin mayores investigaciones. Hace poco me sucedió, en primera persona, que denuncié un hecho y el Fiscal del caso emitió orden de archivo con el argumento de que no había aportado los datos del delincuente. Ya saben: si los atracan, por favor, pidan la copia de la cédula al atacante, eso sí, ampliada al 150% para que a la Fiscalía no le dé pereza buscar al pillo.
Vuelvo al tema de los pagos de tributos, que son cobrados ahora con Código Penal en mano. La nueva modalidad que ha hecho carrera es esta: la Dian, dentro de los términos que le corresponden, no hace nada para cobrar los impuestos que se le adeudan. Y, claro está, la obligación prescribe.
Sin embargo, al cabo del tiempo, el caso llega a manos de la Fiscalía, que, por arte de birlibirloque, puede cobrar lo que era una obligación prescrita, con el argumento de que ahora investiga un delito cuya única forma de absolución, hasta ahora conocida, es la de pagar. Como quien dice, la Fiscalía se ha convertido en la casa de cobranzas de la Dian. Y eso que pensábamos que las cosas no podían empeorar.
Van por todo, y ahora van por usted, señor empresario.