Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la toma temporal de las facultades de las comisiones de regulación de servicios públicos, ante la persistente alza en las tarifas a los usuarios, principalmente de la energía, surgieron voces que reclamaron por el silencio de los gremios ante las posiciones intervencionistas del presidente con varios temas (pasando por encima de la institucionalidad), lo que ya podría estar indicando un desborde en el grado de libertades por parte del jefe del Estado.
Algunos líderes de opinión dijeron que los gremios estaban sordos, mudos y quizás complacientes con las decisiones presidenciales. Pero ni lo uno ni lo otro. El Consejo Gremial, que recientemente cambió de timonel y pasó a ser dirigido por Germán Arce (presidente de Asofiduciarias) emitió una dura carta en la que invitaron al presidente a “no quebrantar la institucionalidad vigente, para evitar así poner en riesgo la prestación de los servicios públicos para los colombianos”.
El Consejo Gremial es el gremio de gremios. En él tienen asiento las más poderosas asociaciones de empresas que hay en el país. Se definen como “un foro permanente de deliberación que trabaja en fundamentar técnica, económica y jurídicamente, iniciativas que contribuyan a la modernización de los sectores productivos del país, el crecimiento económico y el bienestar social de Colombia”. En otras palabras, son los vigías de lo que hace el Estado y actúa en nombre de las empresas, que son las que ponen la mayor parte del empleo en una nación.
¿A las empresas de servicios públicos se les fue la mano?
Tener al sector privado de su lado es clave para que cualquier gobierno salga adelante. De hecho, así lo argumentó un estudio realizado por el Centro de Pensamiento Económico Fedesarrollo, según el cual, “la contribución del sector privado al crecimiento y al desarrollo económico de un país está determinada por la manera en que el gobierno entienda su rol. Un Estado con un espacio amplio para intervenir en la actividad económica puede desalentar el aporte del sector privado si su intervención no es de buena calidad”.
En el caso de lo anunciado recientemente por el presidente Petro, en relación con su decisión de retomar las funciones que se le entregan a las comisiones de regulación, de servicios públicos, que son órganos técnicos e independientes, el Consejo Gremial llamó la atención sobre el papel que han jugado en la confianza que tienen las empresas. “En Colombia, los servicios públicos domiciliarios fueron modernizados en la década de los 90 y, desde la Constitución, han sido prestados por el Estado y por particulares, quienes han convivido armónicamente con una regulación que ha respondido a las finalidades sociales de Estado”, señala el gremio de gremios.
No obstante, desde otras trincheras, también ha salido a relucir el hecho de que la decisión presidencial, tiene asidero en una realidad: las tarifas de servicios, particularmente las de la energía, no han parado de subir, a pesar de todos los caminos buscados para que se produjera un alivio al bolsillo de los ciudadanos.
En defensa de las comisiones de regulación
Lo cierto es que el Consejo Gremial abogó por la seguridad jurídica, que es la que convence a los inversionistas de seguir apostando a prestar servicios a usuarios. Para argumentar su defensa a las comisiones, que son parte de lo que genera confianza a los empresarios, el gremio recordó cifras, según las cuales, “durante las últimas tres décadas se han ampliado las coberturas en el servicio de electricidad, de un 85 % a un 97 %; en el acceso a agua potable se ha pasado de un 76 % a un 93 %; en alcantarillado se ha ampliado la cobertura de un 61 % a un 90 %, y por último, para el servicio de gas natural se pasó de una cobertura del 17 % al 67 %”.
El Consejo Gremial acepta que aún hay desafíos en materia de ampliación de cobertura y calidad, pero lo más eficiente es que se asuman “de forma colectiva, construyendo consensos dentro de la institucionalidad vigente, garantizando los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia contenidos en la ley”.
Por los colombianos
Para el gremio de gremios, lo que está en juego cuando se cambian las reglas a los prestadores de servicios públicos es que se desaniman, lo que a su vez, constituye una amenaza para la prestación y calidad de los servicios públicos. Ese escenario podría impactar la calidad de vida de los colombianos y la competitividad del país. Es decir, sector privado y Gobierno, mejor juntos, pero no revueltos.
VEA AQUÍ EL DEBATE