Miles de extrabajadores de la empresa de alimentos Justo & Bueno tuvieron que dejar sus trabajos a la fuerza por la liquidación de las cerca de 1.300 tiendas que existían en el país, en la que aún permanecen los grafitis que recuerdan las protestas de los trabajadores que abogaban por sus salarios en los albores. En cada uno de los puntos se ve la marca de la clausura que comenzó el 4 de agosto, cuando el juez Santiago Londoño, quien llevó el caso por la Supersociedades, entregó por segunda vez el veredicto: “Procédase con la liquidación”.
Desde ese momento, los 3.200 trabajadores que se mantenían en actividad, sudando la camiseta en espera de que el agónico negocio reaccionara, quedaron cesantes. Para el día en el que originalmente empezó la liquidación, el 12 de mayo, todavía eran 3.850, pero meses antes, en la fecha en la que apenas se anunciaba la reorganización empresarial de la cadena, sumaban 6.000, cifra que podría ser el total de acreedores laborales que ahora deberán acercarse a la fila de los reclamantes. Según cuentas preliminares, se necesitarán 55.000 millones de pesos para segar ese pasivo laboral.
En ese camino de resarcir, de alguna manera, a sus exempleados más afectados, el Ministerio de Trabajo anunció que desde el Gobierno del Cambio se adelanta un plan de autorrescate para salvar más de 6.000 puestos de trabajo que se perdieron tras la liquidación de Justo & Bueno.
Según el más reciente informe del liquidador de Mercaderías SAS, las pérdidas superan el billón de pesos.
“Precisamos que no se llevaron la plata, sino que según el informe de la Superintendencia de Sociedades se perdieron 1 billón 236 mil pesos, que justamente afectaron a 6 mil puestos de trabajo. Por eso desde el Gobierno del Cambio y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estamos trabajando en el autorrescate de los trabajadores en torno a la necesidad de hacerles un acompañamiento financiero y tecnológico para que la empresa que están conformando permita la recuperación de los puestos de trabajo”.
Para el liquidador de Justo & Bueno, Darío Laguado Monsalve, el reciente informe presentado a la Superintendencia revela que el pasivo de la cadena de tiendas puede incrementarse.
“Al 30 de septiembre el pasivo es del orden de 1 billón 342 mil pesos, esa es la cifra definida y obviamente, la partida tiende a incrementarse. El dato negativo relacionado con el patrimonio está en 1 billón 236 mil pesos, estas cifras tienen que ver directamente con la catástrofe y el sufrimiento de la lesión que ha afectado a la mercadería y en términos sociales y colectivos las cifras consolidadas serían mucho mayores, pues no afectarían a mercaderías, sino a la comunidad entera”, aseguró Laguado.
Para el representante del sindicato de las y los trabajadores afectados, César Higuita, asegura que con la liquidación de Justo & Bueno, el plan de autorrescate presentado al Gobierno nacional va por buen camino.
“La propuesta de autorrescate la venimos trabajando de una manera exitosa con el Gobierno nacional, mediante el acompañamiento de la ministra del Trabajo y su homólogo de Comercio, con quienes estamos a la espera de ultimar detalles, pero vamos por buen camino”, enfatizó Higuita.
En los próximos días, se adelantarán nuevas reuniones técnicas entre el Gobierno, trabajadores y trabajadoras para concretar los lineamientos del plan de salvamento laboral.
Mientras tanto, en el capítulo de la liquidación las vivencias son dramáticas. En esa masa de más de 10.000 acreedores, están incluidos trabajadores, arrendadores, proveedores, entidades de servicios públicos, cobradores de impuestos, etcétera, quizás todos ofendidos, pues fueron víctimas de un fracaso empresarial, algo para lo cual nadie estaba preparado.