Uno de los objetivos del actual Gobierno Nacional es luchar contundentemente contra el hambre y la pobreza en el país, por esa razón se han venido anunciando una serie de cambios en materia subsidiaria con el objetivo de poder entregar recursos a las familias menos favorecidas, es el caso del subsidio de Renta Ciudadana.
Se trata de una estrategia que cambiará radicalmente el anterior sistema de subsidio que tenía el gobierno del expresidente Iván Duque de Ingreso Solidario, así como otros apoyos como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, según Prosperidad Social.
Este nuevo subsidio se le otorgará a las personas que se encuentren en el grupo A o B del Sisbén IV, víctimas de desplazamiento forzado y comunidades indígenas. También serán incluidos los habitantes de los municipios en donde se tienen identificados altos índices de desnutrición infantil, son cerca de 466.
El subsidio tiene un valor que va desde los $160.000 hasta los $500.000, esto dependerá de las condiciones en las que viva cada beneficiario.
El nuevo programa de transferencia monetaria cuenta con un presupuesto de 7 billones de pesos y el primer pago de este auxilio se empezará a desembolsar desde abril de 2023.
Para que el aporte hecho por el gobierno llegue de manera correcta y con la cifra establecida, es importante que los beneficiarios mantengan actualizados los datos personales por medio de la página web sel Sisbén. La encuesta del Sisbén es el mecanismo por medio del cual el Estado conoce las condiciones de vida de las personas, esto con el objetivo de poder incluirlas en las diferentes estrategias de ayuda.
El 2 de marzo, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque Urrego dio a conocer el anuncio que 48 mil familias y más de 72 mil menores de edad en condición de extrema pobreza harán parte del periodo de transición a la renta ciudadana. Principalmente, la funcionaria destacó que le darán importancia a la población proveniente de Chocó, dado que es el departamento que lidera el índice de pobreza.
El llamado de la Procuraduría
La Procuraduría llamó al Gobierno nacional a dar explicaciones sobre los motivos que llevaron a tomar la decisión de unir los programas de Ingreso Solidario y Familias en Acción.
El Programa de Ingreso Solidario era un apoyo económico del Gobierno a hogares con condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica. Se empezó a aplicar desde la pandemia, en aras de ayudar a la población afectada por el confinamiento y que no hayan sido beneficiados por Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA. A través de varias fases periódicas mensuales, el Estado proporcionó 160 mil pesos.
Por otro lado, Familias en Acción era un programa a cargo de Prosperidad Social, el cual le ofreció a familias con niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza y pobreza extrema la posibilidad de recibir un incentivo económico condicionado a la asistencia escolar y atención de la salud.
En principio, la entidad recalcó la importancia de conocer las razones técnicas, jurídicas y presupuestales detrás de esta decisión con el propósito de evitar escenarios que representen un riesgo para los actuales beneficiaros y una expectativa para los 324 mil nuevos hogares que se esperan incluir. Es por ello que para el ente de control es fundamental que la transición sea planteada de manera clara, para que no haya afectaciones en las poblaciones vulnerables y la fuente financiación.
“La función preventiva adelantada por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública hace seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la Ley 1948 de 2019 por parte del Departamento de la Prosperidad Social relacionadas con la regulación y funcionamiento del Programa Familias en Acción y los decretos 518 de 2020 y 1690 de 2020 por los cuales se crea el programa de Ingreso Solidario”, expuso la Procuraduría en un comunicado de prensa.