El Instituto Nacional de Vías, Invías, se pronunció en medio de las investigaciones que comenzó la Contraloría General de la República el pasado 13 de julio contra varias entidades y sus directivos, por presunta responsabilidad fiscal en el proceso de adjudicación y construcción del Puente Hisgaura en Santander, el cual se hizo famoso por las fallas en su estructura.
De acuerdo con este ente de control, el informe técnico de la Contraloría que sustenta la decisión de apertura del proceso de responsabilidad fiscal considera que hay deficiencias y/o daños que dan lugar a la necesidad de cambio o reemplazo del tablero del puente Hisgaura, elemento por el que se pagaron $21.064 millones.
Por esta razón, en este proceso fueron vinculados, como presuntos responsables fiscales, un total de 18 personas (15 naturales y 3 jurídicas), entre los que figuran tres exgerentes del Fondo Adaptación (Carmen Elena Arévalo, Iván Fernando Mustafá y Edgar Ortiz Pabón), el actual director del Invías Juan Esteban Gil y su antecesor en este cargo, Carlos Alberto García.
También se vinculó al contratista (Sacyr Construcción S. A - Sucursal Colombia) y a las firmas WSP ingeniería Colombia SAS (en su calidad de Interventor del Contrato de Obra No. 285 de 2013, desde el 21 de enero de 2014 hasta el 11 de diciembre de 2016) y Estudios Técnicos y Asesorías S.A. -en Reorganización- ETA S.A., en su calidad de Interventor del mismo contrato de obra, desde el 12 de diciembre de 2016.
Ahora bien, este miércoles -20 de julio- el Invías publicó un comunicado en el que deja claro que si bien colaborará con este requerimiento que se hizo desde la Contraloría, la responsabilidad directa por los errores encontrados recaen en el gobierno pasado, de Juan Manuel Santos, el cual lideró la adjudicación del contrato.
“El puente Hisgaura, en el departamento de Santander, fue contratado por el gobierno anterior a través del Fondo Adaptación y ejecutado por la firma española Sacyr S. A., con la interventoría de Parsons Brinckernoff y Eta S. A. La intervención de este Gobierno –a través del Invías- se limitó, únicamente, a recibir la obra de acuerdo con el informe de la interventoría y atendiendo las recomendaciones de la mesa de expertos que para tales fines se integró, en cumplimiento de los requerimientos que formuló la Contraloría General de la Nación (CGR) sobre el proyecto”, dijo esta entidad.
Así mismo, el ingeniero Juan Esteban Gil Chavarría, actual director del Invías, indicó que no tuvo participación en el proceso de contratación, ejecución e interventoría de esta obra, la cual fue responsabilidad directa de su antecesor.
“Esta mesa entregó al Fondo Adaptación un informe donde se dejaron los comentarios en torno a la calidad, ejecución y estado del puente. En desarrollo del proceso que sobre el proyecto del referido puente adelantará la CGR, el director general probará que su participación en el referido proyecto no debe ser objeto de reproche fiscal alguno”, agregó este funcionario.
La decisión de apertura de este proceso de responsabilidad fiscal está sustentada en un informe técnico de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, tras una visita fiscal a la obra dentro de la reapertura de la Indagación Preliminar por las presuntas irregularidades de carácter fiscal que se dieron en la ejecución del contrato de obra No. 285 del 27 de diciembre de 2013, suscrito por el Fondo Adaptación y el contratista Sacyr Construcción S.A. -Sucursal Colombia para la construcción del puente Hisgaura.
Dicho informe estableció las deficiencias constructivas presentadas en el desarrollo del mencionado contrato No. 285 de 2013 y su cuantía y dio lugar a la Dirección de Investigaciones 3 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo a considerar la existencia de un daño patrimonial, en una cuantía total de $23.308.087.844.