La Superintendencia Financiera requirió este viernes (22 de julio) a la firma Constructora Inmobiliaria Smart Terra S. A. S. para que suspenda de manera inmediata la captación de dineros de la gente, tras comprobar presuntas irregularidades en su operación que estarían poniendo en aprietos las finanzas de muchas familias.

Según este ente de control, la medida se adoptó luego de evidenciarse que la mencionada sociedad asumió obligaciones con más de 400 personas, por montos superiores a los siete mil millones de pesos, sin prever a cambio la entrega de bienes o la prestación de servicios.

“La SFC estableció que la sociedad Constructora Inmobiliaria Smart Terra S. A. S. adquirió obligaciones con 432 personas a quienes les recibió un total de $7.928.750.000, comprometiéndose a devolver el monto recibido de cada uno más un rendimiento fijo mensual que oscilaba entre el 3 % y el 5 %”, dijo la Superintendencia mediante un comunicado.

Así mismo, mediante la Resolución No. 0886 del 12 de julio de 2022 también ordena la devolución inmediata de los recursos recibidos a través de las operaciones no autorizadas e inhabilita a dicha sociedad para realizar actividades que constituyan recaudo o captación de dineros del público en forma masiva y habitual, utilizando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

Dicha obligación fue asumida por la sociedad mediante contratos denominados “constitución de anticresis”, “inversión de capital” y “mutuo”, sin prever a cambio la entrega real y efectiva de bienes o la prestación de servicios, lo cual recordó que está prohibido hacer a menos de que se tengan los permisos necesarios.

La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se realicen las investigaciones en materia penal.

Vale la pena resaltar que solo las entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera tienen permiso en Colombia para captar dinero del público, hecho conocido en el país, luego del famoso escándalo de DMG (David Murcia Guzmán), por el cual cientos de familias perdieron millonarias sumas de dinero, otras las recuperaron y otros responsables fueron a dar a la cárcel.

A mediados de mes, esta misma entidad también requirió a la sociedad Avitar Constructora e Inmobiliaria S. A. S., para que suspendiera de forma inmediata la actividad de captación no autorizada de dineros públicos.

Según lo expresó la Superfinanciera, la mencionada sociedad adquirió dentro de su dinámica comercial obligaciones con decenas de personas, por más de 1.000 millones de pesos, recursos que tendrá que restituir a sus dueños en su totalidad, más una rentabilidad fija mensual a cada aportante, sin prever a cambio la entrega real y efectiva de un bien o servicio.

Luego del pronunciamiento de la Superfinanciera, SEMANA habló con Jersson Velandia, presidente y representante legal de Ávitar Constructora e Inmobiliaria, sobre este caso, y aseguró que acatarán todas las órdenes de la entidad. Así mismo, envió un mensaje de tranquilidad a sus clientes y dijo que devolverán todos los dineros a que haya lugar.

“En Boyacá se manejan desde hace muchísimo tiempo los contratos anticresis, que básicamente es un contrato de empeño. La gente empeña sus apartamentos y al final del contrato la gente recupera sus bienes, porque ellos no han vendido ni transferido el dominio del bien, solo han transferido el uso y goce del bien inmueble”, explicó sobre cómo funciona su empresa.

Este “sistema de empeño” también lo aplica la misma constructora, es decir, que empeña inmuebles de su propiedad a otros inversionistas con el fin de conseguir el dinero que necesita para financiar la construcción de los diferentes proyectos que adelanta.

La Superfinanciera aseguró que fueron 70 contratos los que la constructora suscribió con personas por más de $4.979 millones, los cuales fueron registrados contablemente como “ingresos recibidos por anticipado”. Adicionalmente, bajo el concepto “cuentas por pagar a terceros” registró cinco préstamos adquiridos por la sociedad durante 2021.