¡Qué mala onda! Miles de colegios del país se están quedando sin conectividad, en plena pandemia, debido a los serios problemas de ejecución con un contratista del Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTIC).
En diciembre del año pasado este ministerio adjudicó a dos contratistas la proveeduría de estos servicios de conectividad. Sin embargo, solo uno está ejecutando el programa; el otro contrato caducó el 18 de julio pasado, según lo advirtió este domingo 25 de julio el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en una columna publicada en El Tiempo y titulada: “Quién es la cara oculta”.
Este proceso de licitación no estuvo exento de polémicas y escándalos. Tras un primer fracaso licitatorio, se abrió una segunda convocatoria que concluyó con la adjudicación de dos contratos que suman 2,2 billones de pesos.
El propósito o espíritu de la iniciativa, denominada Centros Digitales o 10K, era llevar internet de alta velocidad a 17.745 colegios oficiales del país desde este año hasta el año 2031.
Estos centros de enseñanza enfrentan serios problemas para realizar clases remotas debido a la falta de redes de conectividad eficientes.
Luego de varios escándalos suscitados durante 2020, el más sonado relacionado con uno de los principales asesores de la ministra y socio de una de las firmas proponentes, el MinTIC finalmente adjudicó los dos contratos a las firmas Comcel (Claro) y al consorcio Centros Poblados. Este último fue el que presentó los problemas de ejecución de este programa.
El operador Comcel S. A. (Claro Colombia) ejecuta el plan en 7.468 centros digitales en Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
Mientras que el operador Centros Poblados debía hacer lo propio en 7.277 centros en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
En su momento (diciembre de 2020), la ministra TIC, Karen Abudinen, aseguró que “la adjudicación de este proyecto fue un proceso serio y transparente que se desarrolló en estricto apego a la contratación estatal”.
Según la denuncia de Vargas Lleras, se acordaron importantes anticipos por valor de 60.000 y 70.000 millones de pesos, los cuales se desembolsaron así: a Comcel, 48.000 millones de pesos, y al consorcio Centros Poblados, “inexplicablemente, la totalidad de este (70.000 millones de pesos), recursos que salieron del patrimonio autónomo y se giraron a terceros”, dijo.
Uno de los asuntos más graves que explica el político y columnista es que cuando se requirió a Centros Poblados por el incumplimiento que presentaba en el contrato, “se evidenció que la póliza bancaria aportada era falsa, ‘requetechimba’. El Banco Itaú negó haberla expedido y procedió a adelantar la denuncia. ¿Por qué al ministerio, que cuenta con una subdirección de gestión contractual, ni siquiera se le ocurrió verificar su autenticidad? Esto no se lo cree nadie”, dijo el excandidato a la Presidencia en su habitual columna dominical.
Llama la atención que los controles y vigilancia previstos en este tipo de contratos no hayan funcionado como deberían para detectar este tipo de problemas. Según Vargas Lleras se “burlaron tres filtros”
El caso está siendo revisado por las autoridades, desde la Fiscalía General de la Nación, que investiga el supuesto documento falso, hasta la Procuraduría yla Contraloría, entes que tendrán que investigar posibles irregularidades de los funcionarios en el proceso de contratación e interventoría.
Lo más preocupante es que miles de colegios oficiales del país no cuentan a la fecha con una red de conectividad eficiente para atender las necesidades de miles de estudiantes y familias.
Se desconoce cuánto tardará el Gobierno en enderezar este segundo contrato y cuándo se llevará internet a estos centros de enseñanza.
“Pero este capítulo no se cierra con la caducidad del contrato. ¿Quién va a responder por los 70.000 millones de pesos girados del anticipo? ¿Quién nos va a representar frente a la segura demanda que sobrevendrá? ¿No será el mismo ministerio? ¿Quién va a reponer el tiempo perdido y los perjuicios causados en todos los departamentos, por cierto los más vulnerables, como Chocó, Nariño, Putumayo y Cauca, entre otros?”, advirtió Vargas Lleras.
En un breve comunicado de prensa, el MinTIC anunció la caducidad del Contrato 1043 de 2020. “El contratista dispone de 10 días hábiles para presentar el recurso de reposición contra el acto administrativo”, indica el texto.
El ministerio explicó que en la audiencia de caducidad, la Unión Temporal Centros Poblados “tuvo todas las garantías para su defensa. El ministerio ejerció su obligación de defender el interés público y el acceso a la conectividad y a la educación de los colombianos”.
El proyecto de Centros Digitales es uno de los más importantes en la estrategia de conectividad del gobierno de Iván Duque, tanto que forma parte de las banderas del Gobierno.