El pasado fin de semana algunos pobladores de Santander atacaron y destruyeron los equipos de conteo de vehículos de la vía, vandalizaron señales de tránsito, contenedores y otra infraestructura. En enero y febrero del presente año se habían presentado protestas en el Peaje La Lizama, por el incremento en las tarifas de los peajes.
Asimismo, hace unas semanas, transportadores de carga bloquearon la vía entre Cartagena y la zona industrial de Mamonal, en protesta por el peaje urbano de la zona.
El tema de los peajes se convirtió en polémica y podría agudizarse si no se aclara bien la magnitud de las alzas y nuevas estaciones de cobro.
De los 99 peajes operados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 4 tuvieron este año incrementos por encima del IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Se trata de las casetas de Calamar-Puerta de Hierro-Cruz del Viso, Machetá, Transversal del Sisga y en el peaje la Lizama -Bucaramanga-Barranca-Yondó, donde se establecieron tarifas diferenciales para los residentes de la zona.
Tres tributarias
En medio de ese debate, Fedesarrollo indicó este miércoles que dejar de cobrar los peajes de 9 concesiones de la primera ola de 4G representaría un impacto fiscal de 19 billones de pesos, lo que podría recaudarse con unas 3 reformas tributarias.
El director del centro de estudio, Luis Fernando Mejía, aseguró que ya el Estado tiene garantías- vía vigencias futuras- por 21 billones de pesos en esos mismos proyectos.
“Los peajes son esenciales para garantizar los cierres financieros de las concesiones. Además, se cobran a los que utilizan la vía”, dijo durante un evento virtual que organizó la CCI (Cámara Colombiana de la Infraestructura).
Mejía también indicó que el déficit fiscal de la actualidad, que se actualizó hace unos días y que ya va en 8,6 por ciento del PIB, impiden que el Estado asuma parte o todo el dinero que se dejaría de cobrar en las concesiones.
En el evento también participó Carlos Mario Gutiérrez, presidente de Ditrasa, compañía dedicada al transporte de carga.
El empresario se mostró a favor del modelo de concesiones, pero fue claro al advertir sobre los altos costos que representan para los transportadores los peajes que subieron por encima de la inflación. “Algunos se ajustaron en 3 dígitos, eso es exagerado”, reiteró.
¿Y los peajes electrónicos?
Gutiérrez tocó un tema fundamental y es la demora en la implementación de los peajes electrónicos. El país viene hablando de esta tecnología desde hace más de 20 años y el programa no arranca.
“Hicimos un análisis de las demoras derivadas en los 15 peajes que hay entre el centro del país y la Región Caribe. Entre reducción de la velocidad, fila y pago, cada transportador tarda entre 7 y 8 minutos, es decir, que en todo el recorrido pueden ser 120 minutos. Si logramos reducir eso a la mitad aumentaría la competitividad pues se reduce el gasto de combustible y se reducen los tiempos de viaje”, explicó el empresario.
También llamó la atención por las demoras en los puertos para carga y descarga y propuso modelos financieros más dinámicos en las vías.
Las concesiones podrían explotar otros servicios o negocios en la vía para evitar que la tarifa de peaje suba tanto o existan menos casetas.
Durante el 2019 se registró un recaudo de 2,7 billones de pesos y para el año 2020, de 2,1 billones de pesos
Frente a la movilización de vehículos por las vías concesionadas a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura: durante el 2019 transitaron un total de 231.754.392 vehículos; y durante el año 2020 la cifra fue de 176.130.078 vehículos.
Con relación a los proyectos de APP de iniciativa pública, existen: seis proyectos en los cuales la participación de los ingresos de peaje es menor al 40 por ciento; once proyectos en los cuales la participación está entre el 41 por ciento y el 60 por ciento; y el restante, tres proyectos, con el 62 por ciento de los ingresos corresponden a peajes.