Aunque el gobierno no ha divulgado oficialmente el proyecto de reforma tributaria –esta vez bautizado como reforma fiscal–, que llevará al Congreso a mediados de marzo, lo que se conoce hasta ahora está provocando un verdadero tsunami.
Entre las propuestas están tumbar beneficios tributarios, extender el IVA a más productos de la canasta familiar y lograr que el impuesto de renta recaiga sobre más personas, con un aporte que se sustenta como progresivo. Es decir, al contribuyente que tiene un mayor ingreso le sube el tributo que le pide el Estado.
Ese es, hasta ahora, el resumen de la reforma que, sin salir aún a la luz con todo su contenido, generó esta semana una dura controversia en la que los políticos ya han salido a pescar en río revuelto en vísperas de la campaña electoral de 2022.
A nadie le gusta pagar más impuestos y por eso nunca es buen momento para una reforma tributaria. Pero en esta ocasión hay varias circunstancias que la hacen urgente. Eso sí, tendrá un difícil trámite en el Congreso de la República porque, entre otros temas, plantea poner IVA de 19 por ciento a productos que hoy tienen una tasa de 5, con el fin de cobrar en los estratos 5 y 6 para devolverles el impuesto a las familias de estratos 1 y 2.
Para que una reforma salga adelante se requiere que el Congreso la apruebe y que la gente tenga plata para cumplir con la obligación. Pero esta vez será difícil.
Colombia, como muchos países del mundo, enfrentó una pandemia sin precedentes. La crisis social y económica está a la vista. La encuesta de Pulso Social del Dane revela que, en diciembre de 2020, 2,3 millones de hogares, 29,2 por ciento del total, comían solo una o dos veces al día, lo que hace más complejo hablar de aumentar impuestos en este momento.
También está en el horizonte el inicio de la que ya da signos de ser una agresiva campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2022, lo que lleva a una ola de rechazo desde las bancadas políticas frente a cualquier iniciativa impopular como la de extender el IVA al consumo de los colombianos.
En ese contexto, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, salió a dar las primeras pistas de lo que será la reforma tributaria de 2021, con la que se busca recaudar recursos cercanos o superiores a 15 billones de pesos, en medio de las necesidades financieras para pagar la abultada deuda que contrajo el país (60 por ciento del PIB) y para invertir en obras, reactivar el empleo y la economía.
Y si el IVA es la columna vertebral de la reforma, el impuesto de renta de las personas naturales no se queda atrás. La meta de disminuir la cifra de 75 billones de pesos anuales que se quedan en exenciones y deducciones de IVA estará acompañada de ajustes al esquema que tienen hoy los contribuyentes para aportar por su ingreso del año (renta).
Con los cambios previstos, más personas naturales, principalmente las asalariadas, quedarían incluidas en la base gravable. Esto significa que si antes los contribuyentes que aportaban eran los que tenían ingresos a partir de 4,9 millones de pesos, ahora estarán incluidos los de una suma inferior: 3 o 3,5 millones de pesos mensuales, según lo expresado por el viceministro hasta el momento.
Además, en todas las tarifas marginales que tiene la tabla con la que se paga el impuesto de renta se incrementará un punto porcentual. En la actualidad, el primer rango de salarios tiene una tarifa de 19 por ciento, la cual pasaría a 20 por ciento y así de forma progresiva hasta el nivel más alto, que tiene una tarifa de 39 y pasaría a 40 por ciento.
Otra propuesta que lanzó Londoño plantea unificar en un solo porcentaje las deducciones que se pueden hacer para bajar el impuesto de renta a pagar por las personas naturales.
Se quitarán beneficios por ciertos ahorros, como los de las cuentas AFC (Ahorro para el Fomento a la Construcción), que hacen unos pocos –de mayores ingresos– para bajar la base de tributación. Técnicamente, se trata de poner un límite a lo que las personas pueden descontar por beneficios tributarios. En últimas, pagarán más.
En la reforma también se incluiría la continuidad del impuesto al patrimonio: las personas con riquezas superiores a 5.000 millones de pesos aportarán 1 por ciento. También habría un nuevo intento por gravar las pensiones de más de 10 millones de pesos mensuales pues, a juicio de los técnicos, no hay razón para que no aporten si son parte de la población que más utiliza servicios de salud, espacios públicos, vías y otras obras que se financian con la contribución tributaria.
Los beneficios tributarios serían la carta principal de esta reforma y pese a que los críticos los ponen como el caballito de batalla que impediría subir el IVA a más productos de consumo de los hogares, en realidad están bajo una misma sombrilla.
Los países utilizan beneficios tributarios como medidas de estímulo a grupos de contribuyentes, sectores o actividades económicas. La idea es disminuirles la carga tributaria en un impuesto y momento determinados para obtener beneficios específicos. Por ejemplo, les bajan el impuesto a los tiquetes de avión, por el fuerte golpe que tuvo el transporte aéreo en la pandemia, para que la reducción motive a que la gente vuele más.
Hay beneficios tributarios en todos los impuestos, pero el caso del IVA es muy peculiar. En Colombia, este impuesto es el segundo que mayores ingresos genera. Muestra de ello es que entre 2013 y 2019 tuvo una participación anual superior a 40 por ciento en el recaudo tributario. Su facilidad para cobrarlo lo ha llevado a tener el rótulo de eficiente. Pero también es uno de los que más tratamientos preferenciales tiene sin generar la equidad que deben lograr las gabelas, pues se están poniendo donde no deben estar.
Los beneficios en el IVA se aplican mediante tres modalidades: exenciones, exclusiones y tarifas diferenciales. Sumadas todas, representan 75 billones de pesos (cifra de 2019), lo que resulta superior al recaudo que produce: 61,2 billones de pesos por ese año, contando el IVA interno y externo. Esto sin dejar de lado que en medio de la obtención de los descuentos y beneficios hay todo un rosario de corrupción. Se recuerda el caso de 2011, cuando se identificó un entramado alrededor de la devolución del impuesto, que se pedía a través de exportaciones ficticias de textiles, cueros y chatarra.
Los beneficios se crean para lograr la tan esquiva equidad tributaria, pero en el caso del IVA que pagan las personas sucede lo contrario: los hogares más pobres destinan 4,4 por ciento de su ingreso al pago del impuesto, mientras que los más ricos solo destinan 2,8 por ciento.
En este retrato también vale la pena sacar en primer plano la tarifa diferencial de 5 por ciento, que pasaría a ser de 19 para los productos que defina el Gobierno en la reforma. Recae sobre 69 productos, entre ellos planes de medicina prepagada, aguardiente, pólizas de seguros de cirugía y hospitalización, también servicios de vigilancia, entre otros. En este caso también hay inequidad.
Los productos que se compran pagando IVA de 5 por ciento en los hogares de ingresos más bajos (decil 1) representan 7 por ciento del gasto, mientras que en el decil 10 es de 22 por ciento. En otras palabras, los más ricos, por tener un consumo alto, están aprovechando más el beneficio.
Devolución se queda corta
En busca de atender los llamados de organismos internacionales como la Ocde, el BID y hasta la propia Corte Constitucional, el Gobierno creó la devolución del IVA, que inicialmente se iba a introducir despacio, de manera que no afectara tanto el ingreso tributario. Pero con la llegada de la pandemia se aceleró el proceso mediante el cual les devuelven a las personas 75.000 pesos bimensuales (2,1 UVT de 2020), para un millón de familias en un comienzo, tras la aprobación de recursos por 400.000 millones de pesos de parte del Consejo Nacional de Política Fiscal.
La ecuación lineal era poner IVA a más productos para devolver a los vulnerables, pero la crisis sanitaria la volteó: se les devolvió primero y ahora se va a incrementar la lista de productos con más IVA vía reforma tributaria.
La devolución mensual, de 37.500 pesos, cubre 68,1 por ciento del valor equivalente al gasto promedio en IVA de un hogar del decil 1 (el de más bajos ingresos), mientras que un millón de hogares beneficiarios en 2020 no cubren a todos los necesitados: equivalen a 69,7 por ciento del total de hogares del decil 1. Esto evidencia que lo que se les está devolviendo a los hogares es insuficiente.
Por la pandemia, más hogares e incluso empresas necesitarán que el Estado les dé una mano.
Marzo es la fecha prevista para radicar la reforma en el Congreso. Si se aprueban cambios en el IVA, estos le darán caja rápida al Gobierno, incluso para la segunda mitad de este año, y los de renta entrarán a regir en 2022.
Todo indica que, más que una propuesta de ajedrez tributario, esta vez el Gobierno tendrá que jugar una partida de Jenga para lograr el equilibrio. n