De 40,5 billones de pesos del Fondo de Atención de Emergencias (Fome), creado para la atención de la emergencia, el Gobierno ha desembolsado 29,8 billones de pesos, equivalentes al 3 % del PIB (Producto Interno Bruto).
Ese es el resultado general que halló el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, tras un seguimiento realizado al gasto hecho en Colombia, al cumplirse -este miércoles 17 de marzo- un año desde que fue declarada la emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional.
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A partir de un software que elaboraron en la institución educativa, se puso la lupa a la ejecución de los recursos en cada una de las entidades en las que se creó una cuenta para hacer el gasto requerido, relacionado con la atención de la emergencia. De ahí se desprende que la mayor parte de los recursos se ha concentrado en Prosperidad Social, donde se han desembolsado 9,8 billones de pesos. En esta entidad se han manejado casi todos los programas de apoyo, tanto los antiguos como los nuevos, y los recursos adicionales que se han transferido a los colombianos a título de subsidios y ayudas en la emergencia. Es decir, ahí está reflejada la plata de los giros a través de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor; además de Ingreso Solidario y los envíos adicionales de recursos de los programas sociales tradicionales.
La segunda entidad con mayores recursos ha sido el Ministerio de Hacienda, con 8,5 billones de pesos, teniendo en cuenta que esta dependencia de la administración nacional manejó inicialmente las ayudas y luego quedó coordinando los subsidios de apoyo al empleo formal y a la prima.
En tercer lugar, dentro de las entidades con mayores recursos, está la Unidad de Gestión de Riesgo, con 5,2 billones de pesos, en donde se ha concentrado el gasto en salud, incluida la vacunación.
El director del Observatorio, Luis Carlos Reyes, puso sobe el tapete el hecho de que el hueco fiscal que ahora tiene Colombia, con un endeudamiento del 65 % del PIB, venía desde antes, pues no se debe en su totalidad a las necesidades planteadas por la pandemia de covid-19.
Mayor transparencia en la información
Del informe surge también la necesidad de que la información pública con las cuentas del Estado se maneje con transparencia, de cara a una reforma tributaria que está en camino de ser radicada en el Congreso, lo que generaría confianza ciudadana.
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Según estableció el Observatorio, para el seguimiento divulgado este martes, tuvieron dificultades en la obtención de la información por lo que Reyes llamó “falta de transparencia en el reporte del gasto público. Desde el inicio de la coyuntura actual, el Gobierno nacional ha reportado con opacidad los dineros dispuestos para tal fin, incumpliendo con algunos de los principios de la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal”.
En consecuencia, el análisis se pudo realizar con la información disponible en los portales Medidas Covid-19, Presupuesto-Covid 19 y el Portal de Transparencia Económica.
El documento del Observatorio destaca que 14,4 billones de pesos han sido trasladados a cuentas creadas exclusivamente para programas de la emergencia. De esos recursos, 9,7 billones han sido pagados.
Entre tanto, hay 6,8 billones de pesos que han sido transferidos a otras cuentas y “no es posible identificar su nivel de compromiso o pago”.
Además, de los dineros manejados por el Ministerio de Hacienda (8,5 billones), se ha pagado el 84 %.
La gran conclusión del informe es que “tras un año de la declaración del Estado de Emergencia, no es posible conocer el destino específico de los recursos empleados – peso por peso – y que persiste la ausencia de un plan de gasto detallado de los billonarios recursos presupuestados que aún no se han empleado”.