Una iniciativa que rueda en el Congreso de la República desde el 9 de agosto y que estuvo en la agenda del debate legislativo del martes 31 de octubre no deja de llamar la atención.
Tiene como fin volver ley el combate duro y puro a la corrupción en la contratación estatal, un flagelo que averguenza, porque no parece haber forma de que una relación con el Estado se haga fácilmente, sin la intervención de coimas, movimiento de dineros por debajo de la mesa, dedocracias y favoritismos que terminan malgastando los dineros públicos.
David Luna es el parlamentario que se encargará de argumentar la iniciativa que se sustenta, entre otras, en el hecho de que ya el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública lleva tres décadas en el escenario y se requiere su modernización para que se adapte a la realidad del momento.
Hoy existen nuevas técnicas, condiciones y requerimientos, por lo cual los reglamentos en esos menesteres deben ser cambiantes.
Pero la almendra del proyecto de ley es llevar a que la contratación pública sea más eficiente y que se fortalezca la lucha contra la corrupción, señala el informe de potencia para debate.
Son muchos los casos que podrían citarse para respaldar el proyecto de ley. Aunque es incuantificable el impacto económico y social, en Colombia se ha hecho fiesta con la contratación pública, lo que lleva a asignaciones de contratos por amiguismo, sin el abanico de ofertas que podrían llevar a una mejor selección de quien adelantará la obra.
Se desviarían dineros que están encaminados a financiar obras necesarias para los niños o jóvenes que son el futuro de Colombia, como lo es el reciente caso del proyecto de conectividad más grande que haya tenido el país: el famoso escándalo de Centros Poblados, en el que se embolataron 70.000 millones de pesos, con los que se debía financiar la conexión de 7.468 Centros Digitales.
Así se podrían mencionar innumerables ejemplos que justifican ahora la idea de torcer el cuello a la corrupción de una manera más contundente. En el proyecto se introduce la cesión de un contrato, cuando se han cometido faltas, delitos o conductas relacionadas con la corrupción.
En otras palabras, se acaban las permisibilidades, de solo pagar una multa y todo queda allí, como si nada.
En Colombia se creó la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, por la que debe pasar toda la contratación del país. Sin embargo, según se expresa en la ponencia para debate del proyecto de ley, en las resoluciones expedidas, para el caso del Distrito Capital, no se han materializado, principalmente en lo referente a las características regionales, la cuantía del contrato, el fomento a la economía local y la especificidad del contrato.
En la ponencia se menciona el bajo nivel de exigencia que existe en ciudades como Bogotá, lo que ha llevado a generar graves consecuencias relacionadas con incumplimientos por parte de los contratistas.
¿Qué cambia el proyecto de ley?
El proyecto de ley que será estudiado en la Comisión Primera de Senado, plantea la inhabilidad cuando hay incumplimientos reiterados. Se le da primacía a la contratación por selección objetiva, sin contar con que les da potestad a las entidades del nivel central y desentralizado del Distrito Capital, para que puedan exigir requisitos habilitantes más exigentes en los llamados documentos tipo, de Colombia Compra Eficiente.
El trazado para tener en Colombia un avance que permita utilizar mejor los recursos públicos está. Ahora falta ver si se logrará dar un paso más.