La plata pública con la que se realizan las obras de uso común e interés colectivo es aportada por todos los colombianos a través de los impuestos, por lo que todos deberíamos ser veedores de que se ejecute con celeridad.
Es por eso que debe encender las alarmas el pronunciamiento hecho por el contralor general de la República, Felipe Córdoba, sobre las obras del Aeropuerto del Café (Aerocafé) en donde están involucrados millonarios recursos públicos y sigue latente el riesgo de que el proyecto quede inconcluso e inútil para el servicio de los usuarios y la comunidad.
La obra está ubicada en la zona de influencia del municipio de Palestina, Caldas, clave para el turismo de la región del Eje Cafetero.
Los advertidos por la Contraloría han sido los gestores fiscales del proyecto, la Aerocivil, la fiduciaria Colpatria y la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé.
Un seguimiento permanente adelantado por la Contraloría al Proyecto Aeropuerto del Café llevó al ente de control a prender las alertas ante el reiterado incumplimiento que se le declaró, con la consiguiente multa que tuvo y la aplicación que se le hizo de la cláusula penal pecuniaria (por 28.019 millones de pesos) a Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia.
Hasta el momento, se ha identificado el incumplimiento puntual de la entrega programada para el pasado 28 de marzo de 2022, cuyo avance a esa fecha fue cercano a los 425.977 m3, y que, con corte al 13 de junio pasado, fue de 715.893 m3, muy lejos de la meta contractual de los 2.000.000 m3 programados.
El desfase establecido es de 1.284.107 m3 entre lo explanado y lo programado en este hito a junio 13 de 2022.
En consecuencia, dice la Contraloría: “El incumplimiento de las metas diarias por parte del contratista Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia trae como efecto que día a día el rendimiento o la exigencia de movimiento de tierras se incremente exponencialmente, de manera tal que, a 28 de marzo de 2022, había una necesidad de movimiento de tierra diario de 19.000 m3., cifra que tampoco ha cumplido el contratista y ese incumplimiento persiste, de acuerdo a la información suministrada a la CGR por la interventoría del proyecto”.
El ente de control estableció que el valor del anticipo es de 42.029.617.207 de pesos y se han girado para el plan de inversión 16.066.591.750 pesos, de los cuales se ha amortizado solamente la suma de 1.138.127.827 pesos.
“Se evidencia que los riesgos al patrimonio público asociados a este caso son bastante altos, pues por una parte se ha tenido que conminar al contratista, a través de procesos de incumplimiento, lo cual significa que este no se ha allanado a su deber legal y contractual de cumplir a cabalidad las obligaciones a su cargo”, dijo el contralor.
Dice el organismo de control que “se identifica un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en este proyecto que, a marzo 31 de 2022, ha recibido un total de giros por 114.873 millones de pesos, de los cuales, provenientes de la nación son 60.518 millones de pesos y de la región por 54.355 millones de pesos. Igualmente, se han girado pagos por 61.149 millones de pesos”.
Bajo tal supuesto, debería iniciarse un nuevo proceso que implicara las etapas de planificación, estructuración, contratación y ejecución, lo que indiscutiblemente conllevaría mayores inversiones en tiempo y recursos, afectando así el patrimonio público.
Sumado a todo lo anterior, el contratista Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia ha interpuesto demanda arbitral en contra de la entidad contratante, hecho que agrava más el desarrollo del proyecto.