Durante los dos días de diálogos acerca del impacto del comercio ilícito en la región, se recogieron todos los planteamientos y las propuestas de los participantes, y se incluirán en la Declaración de Quito.

A este encuentro asistieron autoridades, gremios, empresarios y académicos de países como Ecuador, Colombia, Honduras, Bolivia, Perú, Chile, Costa Rica, entre otros. Además, se realizaron mesas de trabajo para analizar las necesidades de los sectores más afectados por el contrabando.

Por ejemplo, en la mesa que trató los temas respecto a la industria de cigarrillos, se propuso la creación de mesas de trabajo público y privado para identificar rutas internacionales de los cigarrillos ilegales. También se realizarán estudios cuantitativos regionales para conocer el impacto del comercio ilícito en la salud y el empleo de la población.

Además, los participantes de dicha mesa coincidieron en la importancia de fortalecer las normas de extinción de dominio en todos los países de la región y los controles junto con los actores del Gobierno y del sector privado.

Glenda Ruiz, directora de Asuntos Corporativos de las afiliadas de Philip Morris International en Ecuador, explicó que fue “un encuentro fundamental, ya que representa un espacio oportuno para evidenciar el impacto real del contrabando, una problemática que tiene consecuencias económicas y sociales en toda la región”.

Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), indicó al cierre del evento que el comercio ilícito es un tema de seguridad nacional. “Todas las instituciones del Estado deben estar juntas para combatirla. Queremos una sociedad con más legalidad”, añadió.

Por otro lado, Jeff Hardy, director general de Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit), explicó con respecto a los efectos de la pandemia producida por covid-19 que los sectores más afectados por el contrabando durante la emergencia sanitaria fueron el farmacéutico, el de bebidas alcohólicas y el de alimentos.

El director general de Tracit agregó que el comercio ilícito y la falsificación son un obstáculo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo el 5 y el 9.

“La pandemia demostró que no estamos preparados para el e-commerce, no hay reglas que gobiernen el internet y protejan el fraude en línea”, añadió Hardy. Por esto, sugirió que las políticas públicas también se enfoquen en esta modalidad de comercio y en ciberseguridad.

Por otra parte, en la mesa sectorial de bebidas alcohólicas se llegó a la conclusión de que la capacitación y la sensibilización a la ciudadanía con el objetivo de que aprendan a identificar un producto de contrabando y sus efectos. La industria también recomienda fomentar la autorregulación y controles en las plataformas digitales que se dedican a la venta de productos.

Por su parte, en la mesa sectorial de metalmecánica y siderurgia se planteó la homologación de reglamentos técnicos con normas internacionales para estandarizar los procesos de la comercialización nacional e internacional de productos. También se solicitó fortalecer medidas de defensa comercial para los pequeños productores de acero frente a prácticas de comercio ilegal.

Finalmente, en la mesa del sector farmacéutico se hizo énfasis en la necesidad de hacer un seguimiento más detallado a las denuncias de comercio ilícito y fortalecer los procesos de judicialización en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. También se planteó la necesidad de tener peritos calificados dentro del Consejo de la Judicatura de Ecuador para un mejor tratamiento de los casos.

Todos estos planteamientos forman parte de una hoja de ruta para construir buenas prácticas y una agenda público-privada para articular esfuerzos en contra del contrabando. Se anunció que el séptimo encuentro ALAC se realizará en Honduras el próximo año.