Promigas dio a conocer el Índice Multidimensional de Pobreza Energética (Impe), en el cual reveló cuántas personas no tienen acceso a energía ni gas en el país.
El primer resultado disiente y preocupante fue que una de cada cinco personas en todo el país está en condición de pobreza energética, lo cual corresponde al 18,5 % de la población total del país. Al momento de plasmar ese porcentaje en habitantes, resulta que 9,8 millones de colombianos están en ese grupo.
La pobreza energética corresponde a no tener acceso a electricidad ni a una fuente adecuada para cocinar. En ese orden de ideas, el informe apunta a que continúa siendo un desafío brindarle acceso a bienes públicos y privados a las personas para emplear la energía en las realizaciones humanas.
Es curioso que Colombia tenga una de las mejores coberturas de acceso a energía de la región, siendo el 97 % correspondiente a eléctrica y 70 % a natural. No obstante, esa cobertura se ve opacada por los más de nueve millones de personas sin alcance de la misma.
De la totalidad de las personas, el 8 % no cuenta con energía eléctrica, el 61,8 % reside en municipios de mala calidad de este servicio y el 47,4 % necesita cocinar con leña, carbón y desechos.
La pobreza energética gana más notoriedad en zonas rurales que en centros urbanos, debido a que es 11 veces más grande. En estos territorios, aproximadamente el 47,9 % de las personas no cuentan con energía. Para el caso de las ciudades, corresponde al 4,3 % de la totalidad de la gente.
A nivel geográfico, el informe señala que los departamentos de Vaupés, Guainía y La Guajira son los más afectados, por el hecho que tienen una cifra superior al 70 %. Del mismo modo, la mitad de las personas calificadas como pobres energéticos están ubicados en Córdoba, Nariño, Magdalena, Bolívar, La Guajira y Cauca.
“Los resultados de la descomposición del Impe esbozan una agenda de reducción de pobreza energética en Colombia que involucra un componente de acceso y calidad a la energía adecuada (electricidad y gas natural), un componente de otros bienes y servicios públicos (conectividad a internet y acceso de energía y gas a equipamientos sociales de cuidado a la primera infancia) y un último componente de capacidad de pago para bienes durables como lavadora, computador o tablet”, señala el informe al dar a conocer las razones que conlleva este panorama de acceso a energía.
En lo que respecta a las posibles soluciones de este asunto, los expertos señalan que deben ir de la mano con el diseño de las políticas públicas enfocadas en la reducción de pobreza energética.
¿Cómo se puede lograr eso? Una recomendación es aplicar las medidas de forma diferencial por departamentos, dado que unos requieren una estrategia enfocada en el acceso a energía adecuada y de calidad, mientras que otros necesitan equipamientos del territorio. Para eso, es fundamental tener un balance de cada lugar en aras de saber el modo adecuado para actuar.
“Hay que asegurar, además del acceso, una buena calidad, aspecto en el que existen desigualdades; conseguir que el 9,7 % de la población que aún cocina con leña disponga de un energético adecuado”, señaló durante la presentación de los resultados Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.