La reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso, la cual podría incrementar los costos laborales de las empresas hasta en un 20 %, junto con la incertidumbre económica generada por la política fiscal del Gobierno, que recientemente anunció una nueva propuesta de reforma tributaria para ser discutida en el Legislativo, no es la única preocupación que mantiene en vilo al sector productivo. El aumento en el costo de los servicios públicos también es motivo de alarma.
En ese sentido, un estudio reciente de la startup Energy Master señala que el costo de la energía para las empresas ha subido hasta un 32 % en el último año, y que los costos promedio, al analizar las facturas en los principales departamentos del país, han mostrado un aumento cercano al 20 %.
El informe, basado en el análisis de más de 300.000 recibos de servicios públicos entre el 1 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2024, revela que las empresas de sectores como comercio, restaurantes, oficinas, tiendas de ropa y supermercados, entre otros, han pasado de pagar en promedio $771 por kilovatio hora (kWh) el año pasado a $922 por el mismo indicador en la actualidad.
Por regiones, los incrementos más significativos en el costo de la energía se registraron en los departamentos de Bolívar (32 %), Atlántico (26 %), Eje Cafetero (20 %), Santander (19 %), Valle del Cauca (18 %), y Bogotá y Cundinamarca (16 %).
Según el estudio, este aumento se traduce en una facturación total de $485.728 millones para las empresas, lo que, según Alejandro Ramírez, CBO y cofundador de Energy Master, “genera un sobrecosto en sus finanzas y provoca incertidumbre en la creación de nuevos empleos y la realización de nuevas inversiones”.
La factura de energía es la que más pesa en los gastos mensuales de servicios públicos de las empresas analizadas, representando un 95 % del total, seguida por el agua (3 %) y el gas natural (2 %).
En cuanto a los operadores que más han incrementado sus tarifas, según el componente de generación, se destaca Afinia con un 47 % de aumento en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar; seguido por EPM con un 37 %, que opera en Antioquía, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, entre otros; Air-e con un 19 %, que presta servicios en Atlántico, Magdalena y La Guajira; y finalmente, Enel con un 3 %, que concentra su operación en Bogotá y Cundinamarca.
Las cuatro razones que explican las alzas de los precios
La generación de energía sigue dependiendo de gran manera de las hidroeléctricas, factor que hizo que el Fenómeno del Niño generará un gran impacto en sus finanzas, en parte por la generación con térmicas y la especulación en precios de bolsa.
Así mismo, los cobros por opción de tarifa “que, si bien significaron un supuesto alivio para las compañías que se vieron apretadas por estos pagos, con el tiempo terminaron asumiendo valores retroactivos sobre el costo del kWh que no se cubrieron durante la congelación de tarifas que se presentó en la pandemia”, asegura Ramírez
Varios municipios presentan un costo muy elevado en el impuesto de alumbrado público, sumado a que aún se hacen unos cobros por el consumo de energía que no están claramente justificados y que se crearon con la intención de potenciar la eficiencia energética. “Esto demuestra una falla preocupante en la implementación de las políticas del Gobierno Nacional en esta materia”, agrega.
Factores externos, como la fluctuación de precios del gas, que es con el cual en gran medida funcionan las generadoras térmicas, ha hecho que se aumenten los precios, situación que preocupa porque podrían dispararse aún más si se tiene en cuenta que una buena parte de este combustible se está importando y sería un recurso clave en caso de que se presentara otro Fenómeno del Niño.
Ramírez advierte con preocupación que, de cara al futuro, no se ve una solución cercana que puede prever un bajón en las tarifas de energía; de hecho, se esperaba que en 2023 el país tuviera por lo menos un 15 % de generación con FNCER (Fuentes de energía no convencionales como solar y/o eólica) que permitiera tener acceso a precios más estables en los próximos 15 años.
“Sin embargo, hoy solo alcanzamos un escaso 2 %, lo que evidencia claramente que durante este Gobierno no se ha avanzado casi nada en este sentido, poniendo en peligro la seguridad energética del país en los próximos años”, dijo.