El Dane reveló en su más reciente informe sobre el Índice de los Precios de Consumidor que la inflación en Colombia no da signos de bajar, pese a que esta vez el aumento fue leve, la cifra anual de noviembre quedó en 12,5 %, mientras que en octubre el registro fue de 12,2 %.
Esto ha dejado como resultado una presión al bolsillo de los colombianos, sobre todo en el precio de los alimentos, que sigue jalonando la trepada del costo de vida en el país. Nada más para realizar un comparativo, la inflación de alimentos siguió siendo el grupo de gastos con mayor presión, con una variación de 27,08 %. Lo que significa que los colombianos, a la hora de hacer mercado, pagaron 27 % más por los alimentos de lo que costaban en 2021.
Y pese a que en esta ocasión, el Dane recalcó sobre la cifra de la inflación ya se refleja la reducción de las tarifas de energía, los colombianos siguen quejándose por el precio de los servicios públicos, una cifra que no cede producto del costo de vida que tiene que pagar.
En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una reflexión del comportamiento de los precios de los servicios públicos y advirtió que no deberían subir por la inflación, además señaló que se trata de un “error legal”.
“Las fórmulas de precios de servicios públicos, así como las de otros bienes, está ligada al índice de inflación. Se trata de un error legal, los precios deben estar ligados es a los costos de producción”, dijo el mandatario de los colombianos.
La inflación, sin duda, ha sido uno de los problemas más grandes que ha tenido el país este año, si en materia económica se habla. Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Derecho Tributario en la Universidad del Rosario, dice que se realice una labor de Estado para que exista un acuerdo y se tome el referente de los costos de producción como lo dice la Constitución.
Según el experto, esa línea de acción ya existe, de llevar los costos de producción, en la que la Constitución da los parámetros para que las comisiones de regulación lleven acabo su labor reguladora.
Constitucionalmente crearon, en 1991, las comisiones de regulación, dicen expertos como Amorocho, que han venido teniendo errores, incluso en las metodologías para hallar sus precios, se requiere definitivamente una labor de Estado en el que la Superintendencia de Servicios Públicos, Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y los organismos vinculados como las empresas, lleguen a un acuerdo conciliado para buscar una fórmula en la que en este momento que ha habido una alta tasa de inflación, no se preste tanto la mira de indexación sobre el nivel de precios de la economía sino que se tenga en cuenta algunos otros comportamientos, como los de producción.
“Específicamente la claridad que se debe tener en materia de costos de producción en los balances de las empresas, porque los precios, son desde luego una modalidad fundamental, que nuestra misma construcción regula en el artículo 338, cuando dice que las tasas deben contemplar los costos de servicio dentro de los costos del servicio, indiscutiblemente toca mirar los balances de los estados financieros y sacar contra ellos el comportamiento de los precios”, puntualizó Amorocho.
Y agregó: “No es del todo claro que se utilicen mecanismos de indexación porque en los precios de las tasas lo que incide efectivamente es toda la dirección que nos deja en materia constitucional el artículo 338, cuando nos dice que las tasa se fijarán teniendo en cuenta el comportamiento de los costos”.