El pasado 31 de agosto, el Gobierno tomó la decisión de aumentar el precio del diésel en 1.904 pesos por galón, para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y buscar equipararlo a su valor internacional. Este fue el primero de tres aumentos anunciados por el Ministerio de Hacienda que conducirían a un incremento de 6.000 pesos.
Aunque durante un año hubo más de 14 mesas de trabajo y reuniones entre el Gobierno y los transportadores de carga, finalmente no hubo acuerdo y las tensiones se empezaron a evidenciar desde el viernes 30 de agosto, cuando en Bogotá se organizaron protestas de los camioneros.
La molestia de los transportadores se hizo más evidente durante el fin de semana y este lunes 2 de septiembre. Tras materializarse el aumento en el valor del diésel que llevó su precio por galón a 11.360 pesos, iniciaron una serie de protestas por este incremento, en algunas regiones del país, que colapsaron el tránsito y los desplazamientos por varias vías nacionales.
Santander y Norte de Santander fueron dos de los departamentos en que las vías principales fueron bloqueadas indefinidamente por transportadores, afectando la comunicación terrestre y las conexiones con la Costa Caribe y el centro del país. Esto obligó a decenas de pasajeros de buses a hacer transbordos y a otros a permanecer por horas en las vías.
Los bloqueos de los camioneros en el nororiente del país se han dado, entre otras, en tres carreteras. Una, la que comunica a Bucaramanga con Cúcuta fue obstaculizada a la altura de los municipios de Mutiscua y Los Patios. Otra, la vía que une a la capital de Santander con el municipio de San Alberto, Cesar, y con la Costa Caribe fue interrumpida en Vijagual y San Alberto. En tanto que la que une a Bucaramanga y Bogotá tiene dos afectaciones en su tránsito: una en San Gil y otra en el municipio de Socorro.
En el centro del país, en la sabana de Bogotá, en la vía que comunica a Cajicá con Chía, varias tractomulas se atravesaron, impidiendo el desplazamiento de otros vehículos. Mientras tanto, en la capital de la República, hubo parálisis en la avenida 80, al occidente de la capital; en la vía a La Calera, interrupciones intermitentes que afectaron la movilidad, y también en el barrio La Aurora, sitio en el que varios camiones fueron parqueados sobre la vía y daban paso intermitente a otros vehículos.
La situación condujo al Gobierno a instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU). “En este momento se desarrolla un PMU liderado por el Ministerio de Transporte para valorar lo transcurrido hoy con el paro de transporte y el seguimiento de las medidas establecidas”, dijo el presidente Gustavo Petro en un trino publicado el lunes 2 de septiembre hacia las 6:30 p. m.
Desde el fin de semana, los transportadores han manifestado su inconformidad con el alza y señalaron que tendrán que trasladar ese costo al generador de carga. Según cálculos de Fedetranscarga, gremio que preside Henry Cárdenas, si el precio del diésel o ACPM sube en 1.904 pesos, el aumento en el flete sería de 9 %.
La Cámara Intergremial de Transporte advirtió que, con el incremento causado, “la participación de un galón de ACPM sobre el ingreso promedio diario de un colombiano aumenta del 12,49 al 14,59 %. Además, empuja al alza los costos de producción y, en consecuencia, las presiones inflacionarias, afectando la competitividad del país y disminuyendo la capacidad de compra de los hogares”.
Para la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), con el incremento en el precio del ACPM se incumplió lo acordado con el presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022, cuando se estableció estudiar y concretar una nueva fórmula para el precio de los combustibles y no el aumento del precio del ACPM a paridad internacional.
Esta asociación advirtió que en las 14 mesas de trabajo a lo largo de 18 meses, se expuso lo que denominó “la fórmula Colombia”, en la cual, según ella, “se demostró que Ecopetrol produce todo el ACPM que requiere el país, se expusieron graves fallas de la fórmula actual, donde unilateralmente y sin contrapropuesta alguna lo único que expresó el Gobierno nacional fue su negativa en estudiar la fórmula del precio en Colombia y que se requería imponer fechas para programar las alzas del precio del ACPM, por lo tanto, no existió el mecanismo del diálogo constructivo”, afirmó en un comunicado.
Para la ACC, este incremento del precio del ACPM impactará directamente no solo a los 4.000 más ricos del país sino al costo de vida y la canasta familiar de los 50 millones de colombianos. “Además del incremento del ítem del combustible de la estructura de costos, también subirán todos los insumos y se afectará directamente el patrimonio de las familias transportadoras, por ser el camionero el eslabón más débil de la cadena del transporte”, aseguró. Además, manifestó su preocupación por la disminución de carga, que calificó de “muy grave”, como consecuencia del estancamiento de la economía colombiana.
Por su parte, los empresarios de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros lanzaron una advertencia sobre el impacto que estas alzas están teniendo sobre los costos del transporte y que podrían impactar en los precios finales a los consumidores.
“El sector es altamente sensible al precio del diésel. Lo podemos ver en el último Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) del Dane, del segundo trimestre del año (abril-junio) en el que el combustible registró una variación trimestral de tan solo el 1,19 %, impactando en el índice en más de 30 puntos básicos”, puntualizó José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt).
¿Aumento inevitable?
El Gobierno, como lo señaló en un reciente informe Anif, había previsto un aumento de precios a partir de 2024, según lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023. Sin embargo, este ajuste no se ha implementado sino hasta finales de agosto. “Desde Anif, hemos subrayado la necesidad de eliminar el subsidio al ACPM debido al significativo impacto fiscal que representa: en 2023, tres de cada cuatro pesos del déficit fueron atribuibles al subsidio de este combustible”, agregó este centro de pensamiento.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que el ajuste en el precio del diésel es inevitable. Según el Ministerio de Hacienda, entre 2024 y 2025 se realizarán tres ajustes de 2.000 pesos cada uno, distribuidos semestralmente. El primer aumento se aplicará en lo que queda de este año, el segundo, antes de junio de 2025, y el tercero antes de finalizar el próximo año. Considerando que el precio promedio del ACPM se ubicó en 9.484 pesos en julio de 2024, este ajuste implicaría un precio final cercano a 15.500 pesos, comparable al precio actual de la gasolina, explicó Anif, que estimó que el subsidio implícito de ese combustible en lo que va del año y lo que resta, sin una modificación en su precio, podría generar un déficit cercano a 10,2 billones de pesos para el cierre de 2024. Pero, con el aumento planificado de cerca de 2.000 pesos en septiembre, sus cálculos indican que el déficit sería de 8,9 billones de pesos, es decir, 1,3 billones menos que en el escenario base donde no se realiza ningún ajuste.
La preocupación radica en el impacto que pueda tener en la inflación. Los transportadores han advertido que el aumento se reflejará en un incremento en los precios. Alfonso Medrano, de la Red Unidos, gremio de los transportadores, advirtió que, con el alza del precio del diésel en Colombia quedan dos opciones: “Si los generadores de carga reconocen dentro de la estructura de costos el nuevo precio del diésel y suben los fletes por tonelada transportada, se tiene que subir la inflación, afectando a los 50 millones de colombianos”.
Anif reconoció las implicaciones que esta medida tendría para los transportadores y diferentes sectores económicos. “Sin embargo, con una inflación en franco decrecimiento y unas finanzas públicas pasando por un delicado momento, eliminar el subsidio a este combustible es la medida más responsable a largo plazo”, aseguró el centro de pensamiento en su informe.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda señaló que, un ajuste de 2.000 pesos, “sólo añadiría 0,3 puntos porcentuales a la inflación de 2024″.
En esta línea se pronunció también el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien —en entrevista con SEMANA— aseguró que el aumento previsto en el precio del ACPM es un factor que tiene un impacto de corto plazo “que puede dificultar el proceso de reducción de la inflación, pero por razones fiscales es indispensable avanzar en los ajustes correspondientes”.
Y dijo que este aumento ya está incorporado en las proyecciones. “El impacto más fuerte sobre el comportamiento de los precios y la inflación fue el que tuvo el aumento del precio de la gasolina, que fue muy fuerte el año pasado y que iba directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo que es destacable es que en ese contexto de un aumento de casi 70 % en el precio de la gasolina, por razones muy justificables para la sanidad fiscal, fue viable que la inflación se redujera: estuvo en 13,4 % y ha bajado más de 6,5 puntos porcentuales”.
Por su parte, desde Corficolombiana los cálculos apuntan a que un aumento de 2.000 pesos en el ACPM tendría un impacto entre 30 y 35 puntos básicos en la inflación total. “El efecto en diésel es indirecto y relativamente bajo si se compara con el ajuste en los precios de la gasolina. Ahora bien, los otros 4.000 pesos que se anunciaron para 2025 representarían 70 puntos básicos adicionales en la inflación total”, explicó César Pabón, director de estudios económicos de esta firma, y agregó que sus estimaciones apuntan a que cerca de la mitad del ajuste vendría por los mayores costos de transporte de carga para bienes y alimentos, es decir, alrededor de 15 puntos básicos.
“Este ajuste es un riesgo al alza para la inflación, pero no creemos que revierta la tendencia desinflacionaria de cara al próximo año y sí refleja la responsabilidad fiscal que amerita la coyuntura ante el menor recaudo tributario registrado en lo corrido del año”, concluyó Pabón.
Por ahora, el panorama está muy complejo y seguramente en los próximos días se verá una mayor tensión en las vías y un pulso fuerte entre los transportadores y el Gobierno, que apenas empieza.