Durante este jueves, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) realizó una rueda de prensa junto a las cámaras del sector de salud, hablando sobre la liquidez en el sistema ante la coyuntura nacional. La agremiación elevó una alerta, por lo que denominaron como un posible “apagón” en la prestación de servicios de salud, esto por la difícil situación financiera que atraviesan estas empresas.
Si bien el anuncio viene en medio de la discusión de la reforma a la salud, desde la Andi aseguran que más allá de dicho debate, la realidad es que el país está a punto de ver las consecuencias de la desfinanciación de las EPS, y esto como los tiene sin liquidez.
Podría decirse que el problema radica en el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual las Entidades Promotoras de Salud consideran que es muy baja, pero es que el déficit vendría por un ajuste mal planteado en 2022, y se suma a los problemas que dejó la pandemia en las áreas médicas.
Según las cifras peresentadas por la Andi, actualmente la UPC en el régimen contributivo es de $1.289.246, y en el subsidiado de $1.121.396; y serían estos montos con los que el Gobierno les paga a las EPS, para que estos cubran los gastos implícitos por la prestación del servicio al paciente: médicos, fármacos, espacios para los pacientes, entre muchos otros.
“El país gestiona diariamente cerca de 2,5 millones de servicios en salud, esta es una conversación que es material, porque no solamente les habla de lo que se logra hacer con la institucionalidad que se logra hacer hoy en día, sino les habla también del costo, del monto, y levanta alertas sobre si en el país va a ser suficientemente capaz de prestar el servicio, en caso de que uno tenga un sistema mucho más estatizado (...). Durante los últimos 60 días, todos los agentes del sistema han sentido una estrechez, en términos de liquidez, inmensa, que está dada entre otras cosas, por retrasos que se han venido dando en el reconocimiento de los diferentes factores que se pagan por parte del Estado al sistema”, explicó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
Estas son las razones que tienen en “jaque” al sistema de salud
Bruce Mac Master detalló que las deudas que tienen las empresas de salud son las que, en resumen, los tienen sin liquidez. Por ejemplo, en el caso de los prestadores, tienen carteras vencidas de 220 días, para las encargadas de tecnologías hay unas de 130 días; y si esto se suma, con el concepto de deudas atrasadas, o también denominadas como cartera castigada, que entre enero y junio de 2023 ya oscila entre los $ 6,4 billones y $ 6,9 billones.
El presidente de la agremiación, aseguró que el sector de la salud está ad portas de una grave crisis, por falta de liquidez, que impactaría en la prestación del servicio: “¿Qué significa problemas en la prestación de servicio? Problemas de atención a pacientes. No queremos, nadie en Colombia quiere que el país vaya a tener una crisis en atención a los pacientes. Mucho menos de imaginarnos de que exista un ‘apagón’, en términos de servicios de salud. (...) No podemos correr el riesgo de tener un apagón en el sistema de salud. Debemos ser muy cuidadosos con estar en capacidad de prestarle el servicio a todos los colombianos”.
Esto quiere decir que se pueden presentar problemas como: no tener como agendar citas, realizar procedimientos, entregar medicamentos, etc.
El gremio precisa que, según estimaciones de la Universidad de Medellín, el ajuste de la UPC que se debió hacer en 2022, debería haber sido del 25,34 al 28,45 %. Sin embargo, el aumento que se dio fue apenas del 14 %, esto le ha generado un déficit al sistema, ya que no puede cubrir los gastos mínimos de su operación.
La Andi también detalla que faltan cerca de $ 1,1 billones en presupuestos máximos pendientes por girar, entre 2020 y 2022. Respecto a los giros de acuerdo de punto final pendientes, estos se encuentran entre 0,7 y 1,2 billones.
Para tratar de “solventar” el hueco presupuestal, los cálculos son que el aumento de la UPC en 2023 debió ser de 22,9 %, y no del 16 %, el cual es el que actualmente está fijado. El dato más impactante es el que se refiere al hueco de financiamiento estimado a junio del 2023, que está entre $ 6,4 y $ 6,9 billones.
De seguir la tendencia, en las próximas dos décadas, el déficit del sector salud representaría 2,8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, casi 40 billones de pesos, por año, lo que haría inviable la prestación de los servicios, del sistema en general.
“Si pudiera valorar cuál es el deterioro en la cartera vencida, durante los últimos 60 días, nos podemos encontrar con que el deterioro ha sido del 67,5 %, que representa un incremento de 7,5 puntos porcentuales, superior al que habíamos tenido el año pasado. Es de lejos, el nivel más alto, después de la pandemia (...). De hecho, el deterioro es superior al de los últimos tres años. Esto ya está teniendo consecuencias reales, en términos de las entidades que están al frente de la prestación del servicio. Estamos viendo un ciclo de terminación de contratos entre hospitales y EPS, estamos teniendo el cierre temporal de servicios y camas hospitalarias, a lo cual hay que sumarle, entre otras cosas, la intervención de tres entidades que han sido Famisanar, Savia Salud y Asmet Salud”, agregó el presidente de la Andi.