Con el nombre de ‘Reforma a la salud: ¿desafío o pasos atrás?’, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) analizó el polémico proyecto de ley, el cual ha despertado críticas de varios sectores. Tanto así que ha sido calificada como la caja de Pandora del gobierno de Gustavo Petro.
El 13 de febrero, el Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley n.° 339 de 2023, el cual consta de la reforma de la salud. Este tiene como pilar el desarrollo de centros de atención primaria en salud, un sistema preventivo, la recuperación del manejo público de los recursos y la regionalización de la atención. Si bien esa es la intención del Gobierno, luego de analizar el articulado, ciertas preocupaciones saltan a relucir.
Por un lado, el primer punto que menciona el informe consta de los Centros de Atención Primaria (CAP), el eje del proyecto de ley. El sistema actual consta de un modelo de aseguramiento, en el cual las personas se afilian a una EPS, entidad encargada de gestionar los procesos de atención, redes de servicio de referencia y contrarreferencia. Además, se toman en cuenta los recursos que gira la Adres por cada afiliado, correspondientes a la Unidad de Pago por Capacitación.
Con ese contexto, Anif indica que la propuesta de los CAP implica que la prestación de servicios de salud sea responsabilidad de una sola organización. Además, el concepto de afiliación se reemplazaría por la adscripción dependiente del lugar de residencia. Este modelo implicaría cuatro riesgos.
El primero sería la fragmentación en el servicio de las personas. El hecho que el plan de acción cree una institucionalidad y no haya una claridad entre los Centros y entidades, genera que la entidad considere que se presente un exceso de burocracia y procesos ineficientes que pongan en vilo la prestación de servicios. El tercer aspecto está relacionado a los sobre costos para los usuarios, indicando que son ellos quienes asumirían el aumento en términos de tiempo y movilidad. Finalmente, el último ítem sería que habría una necesidad de formar talento humano enfocado en atención primaria.
Por otro lado, el estudio expone que no está clara la línea de atención en el caso que un usuario no se encuentre en su zona de residencia y requiere hacer uso del servicio médico. “No solo se acotan las facultades de elección (la escogencia de la EPS), eventualmente habría riesgo en cuanto a costos y fragmentación del servicio, si no se está en el territorio al cual se está vinculado”, expone el informe al mencionar que al menos el 30 % de la población es rural, por lo que el uso de silos territoriales sería oportuno, mas no conveniente al pensar una estructura desde cero, sin tomar en cuenta lo que se ha hecho bajo el sistema actual.
Uno de los puntos considerados como no claros es la vinculación entre atención primaria y especializada. La Anif señala que este elemento genera dudas, relacionadas al proceso de atención cuando un paciente tenga un diagnóstico claro, si es necesario que una persona pase por una CAP para seguir con su tratamiento o si habrá un aumento en el número de especialistas. “Sin saber mucho de lo que pasará luego de que una persona acceda a atención por medio del CAP, podemos decir que la burocracia aumentaría los tiempos de espera y tal vez comprometería la calidad del servicio”, apunta.
El talento humano es otro asunto polémico para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. El informe afirma que habrá un hueco en el talento humano que no se está tomando a consideración. La falta de este no solo está presente en especialistas, sino también a nivel técnico, tecnólogo y en profesionales centrados en una rama. “La mayor parte de trabajadores del sector de salud en Colombia están únicamente capacitados para atención clínica y no es claro de qué manera se piensa suplir el número de profesionales que serían necesarios para proveer los 2.500 CAPS previstos, de forma inmediata”, afirma el estudio.
Los afiliados de la EPS se distribuirían geográficamente entre los CAP. Sin embargo, Anif hace un llamado de atención a los lugares sin presencia territorial de EPS; la Nueva EPS, propiedad del Estado en 50 % y el otro 50 % por cajas de compensación, hará que los pacientes de esas zonas sean responsabilidad de los Centro de Atención, generando un descontrol en la cantidad de pacientes. De igual manera, se menciona que las cajas de compensación también podrán articularse para prestar servicios a través de los CAP. En este punto, se presenciaría un claro conflicto de intereses y se estaría actuando en contra de los principios de libre competencia, teniendo en cuenta que serían dueños de la Nueva EPS.
Por otro lado, los cambios en la administración y el flujo de los recursos serían el talón de Aquiles del sistema. La investigación expone que uno de los principales cambios del proyecto de ley es la transformación en las funciones y el alcance de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres). Los cambios que se proponen en su funcionalidad son radicales, ya que pasará de ser un administrador de los recursos de salud, a ser el pagador único dentro del sistema, según lo planteado por la Asociación.
La reforma mantiene la función de recaudación de fondos de la Adres, introduciendo la Cuenta Única de Recaudo (CUR) como medio para recibir los aportes de cotizaciones de salud a nivel nacional. El cambio recaería en que ahora la entidad tendría la potestad de efectuar los giros de fondos directamente a los prestadores de servicios y proveedores de tecnologías.
“Esta propuesta atribuye a la Adres facultades administrativas que parece no estar en condiciones de asumir, bajo un esquema de pagador único público que, no sobra decir, el país ya ha intentado implementar para ciertos casos con resultados”, menciona el informe con respecto a este tema.
Estos son los puntos, los cuales Anif considera que no están claros y ameritan un riesgo en el sistema de la salud. Por ahora, la reforma pasará por los respectivos debates al interior del Congreso de la República, los cuales modificarán y reestructuran el articulado.