Los reclamos de Asocodis, gremio de distribuidores de energía eléctrica, han tenido pensando a más de uno, pues, según la alerta lanzada por dicha agremiación, de no tomarse las medidas urgentes, habría un apagón financiero por cuenta de los saldos por pagar que hay alrededor de la llamada ‘opción tarifaria’, la cual se activó en la época más aguda de la crisis sanitaria y económica de la pandemia, cuando muchos colombianos quedaron sin los ingresos suficientes para cumplir sus obligaciones básicas, como lo es el pago de los servicios públicos.
Se ha dicho que habría billonarios recursos en saldos por pagar y, de no recuperarse, las compañías entrarían en iliquidez, lo que ha sido llamado en el país como ‘apagón financiero’, el cual, no se descarta que llevaría a un apagón en términos de suministro de energía.
Es en ese contexto que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en sesión realizada el jueves 14 de septiembre, tomó la decisión de aprobar la apertura de una consulta pública sobre la propuesta de resolución que define un mecanismo para la recuperación de los saldos acumulados generados por la aplicación de la opción tarifaria, establecida inicialmente en la Resolución 012 de 2020.
Según la Creg, la iniciativa busca brindar a las empresas comercializadoras con saldos acumulados una herramienta efectiva para gestionar sus necesidades financieras y controlar los incrementos en las tarifas de energía eléctrica.
De acuerdo con lo expresado por la Creg, en 2020, durante la pandemia del covid-19, las tarifas de energía se mantuvieron estables por aproximadamente ocho meses, a través de una aplicación obligatoria que se conoció como la opción tarifaria de una resolución emitida en ese.
En concepto de la Comisión reguladora, dicho período de estabilidad tarifaria resultó en un diferimiento de pagos que se acumuló a través de saldos a recuperar por las empresas comercializadoras, lo que, de hecho, fue tema de un debate de control político reciente en el Congreso de la República.
Y, como a todo lo demás en la economía poscovid, le llegó el efecto de la coyuntura inflacionaria.
Fue así como, se juntaron varias circunstancias que llevaron a que ese alivio, ahora sea un riesgo financiero para las empresas y, de paso, una preocupación para el suministro del servicio, de cara a un fenómeno de El Niño.
Además, se estableció el llamado pacto por la justicia tarifaria, aplicado en 2022, cuando la inflación de la energía iba para arriba y la gente veía cifras descomunales en sus recibos.
Todas esas medidas adoptadas habrían hecho mella en las empresas, con saldos acumulados en varias de ellas.
¿Y entonces?
La Creg dice que “para abordar este problema y su efecto sobre la liquidez de las empresas más afectadas, la propuesta de la Comisión incluye un mecanismo de recuperación de saldos por un período de tiempo, que puede articularse con las líneas de financiación ofrecidas por el Gobierno nacional o las que ofrezcan otras entidades financieras”.
Dar ese paso implicaría realizar ajustes a la Resolución Creg 119 de 2007, y “un efecto controlado en las tarifas, todo esto enmarcado en los principios tarifarios establecidos en la Ley 142 de 1994, que incluyen la eficiencia económica y la suficiencia financiera, entre otros”, dice la información suministrada por la Comisión.