Un gran paso se dio en Colombia este lunes, luego de la aprobación del Conpes para la transformación digital de la justicia en Colombia, con el cual, según confirmó el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, se llegará a la meta de tener un 64 % de casos y folios que se puedan revisar de manera digital en los próximos 4 años.

En la actualidad solo el 17 % de los casos se pueden manejar de manera electrónica, mientras que la tecnología es clave para descongestionar la justicia, según destacó Rodríguez.

El Ministro de justicia, Wilson Ruíz, recordó que solo la Agencia Jurídica del Estado tiene un registro de 330.000 demandas contra el Estado, lo que evidencia el alto volumen de procesos que se deben evacuar, para lo cual, se contará ahora con tecnología.

Wilson Ruiz, Ministro de Justicia.

La inversión inicial prevista será 364.000 millones de pesos, según el documento. Con ellos, la rama judicial del país adelantará una profunda transformación digital, medida que permitirá elevar la transparencia y la efectividad en la prestación de los servicios de justicia, dijo el ministro.

Entre tanto, el DNP confirmó que la plata provendrá de un crédito externo con la banca multilateral hasta por USD100 millones, operación sobre la cual, el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) emitió concepto favorable durante este lunes.

Por los ciudadanos

Uno de los grandes reclamos ciudadanos es la demora en el avance de los procesos judiciales, lo que genera una percepción de que la justicia es paquidérmica en Colombia. Por ello, según estableció Planeación Nacional, el objetivo de la primera fase del Programa de transformación digital de la justicia es precisamente “incrementar la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia para resolver los procesos y dar una pronta atención a las necesidades de los ciudadanos”.

La mención que hizo el director de Planeación da cuenta de que “con la modernización de la justicia se estima que los ciudadanos se ahorrarán, en promedio, 120.000 de pesos por proceso, unos 33.600 millones de pesos al año.

¿Cómo será la transformación?

Según los cálculos realizados hasta ahora por Planeación Nacional, entre los avance que se espera lograr está el progreso en el número de procesos que contarán con notificaciones digitales: la cifra pasaría de 140.000 a 1.120.000, cada año.

Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional | Foto: Karen Salamanca

Entre tanto, los estimativos de Planeación apuntan a que la consulta de los distintos procesos y servicios digitales de justicia se elevará del 1 % al 60 %.

Los cambios en los despachos judiciales serán significativos. De acuerdo con las cuentas que hasta ahora tiene Planeación nacional, se pasará de 864 a 3.000 despachos judiciales con mecanismos apropiados de acceso y transparencia en su gestión procesal y administrativa, un avance del 17 % al 64 %.

De igual manera, la profundización digital beneficiará a las Altas Cortes, a 5.446 despachos judiciales y un poco más de 31.000 servidores de la Rama Judicial.

Listado de gastos previstos

Nada hará que un país se desarrolle más tanto como la justicia. El Conpes de digitalización en Colombia dará unos pasos, pero se requieren muchos otros cambios. Por el momento, los gastos contemplados para hacer uso del crédito previsto, contempla:

1. 37 millones de dólares, equivalentes a 135.000 millones de pesos, para el fortalecimiento institucional del sistema de justicia. Incluye el diseño y la implementación de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información.

2. 43 millones de dólares, es decir, unos 155.000 millones de pesos, para fortalecer servicios digitales y de tecnología. En esta inversión se contempla el expediente digital y la agilización en los trámites de las tutelas.

3. 14 millones de dólares, correspondientes a cerca de 51.000 millones de pesos, con los cuales, se aplicarán estrategias para que los servicios digitales sean de fácil uso para los ciudadanos.

Lo clave en estas inversiones es que los organismos de control estén atentos, al igual que las veedurías ciudadanas, para que se hagan las inversiones previstas y, sea realidad la meta de avanzar hacia una justicia más moderna y a favor del ciudadano de bien.