Durante un evento de reactivación económica que tuvo lugar el viernes 9 de agosto en Manizales, el presidente Gustavo Petro dio a conocer sus intenciones respecto al controvertido proyecto de inversión forzosa, que su Gobierno presentará ante el Congreso en los próximos días.
En su intervención, Petro explicó que su objetivo es utilizar un porcentaje de los ahorros que los ciudadanos tienen en los bancos para destinarlos a proyectos productivos. “Queremos ir al Congreso con dos proyectos o bloques de proyectos. El de la inversión forzosa consiste en extraer un porcentaje del ahorro público en los bancos para convertirlo en crédito barato, con un bajo costo financiero, destinado a actividades productivas, como se ha hecho durante décadas en la agricultura”, afirmó Petro.
El mandatario añadió que esta medida podría beneficiar a la banca, ya que su cartera se está deteriorando debido a la crisis global. “Si la crisis mundial se agrava, podríamos enfrentar una crisis bancaria, como ya vivimos en 1998″, advirtió.
Petro también explicó que su propuesta busca mitigar el deterioro de la cartera bancaria causado por las altas tasas de interés, redirigiendo parte de los ahorros del público a instituciones como Bancóldex, el Banco Agrario, Finagro y el Fondo Nacional del Ahorro.
Estos recursos se utilizarían para apoyar sectores como la industria, la agricultura, el mejoramiento de viviendas, y el turismo.
“El banco no perdería ese dinero, que es del público, ya que se lo devolveríamos con una tasa de interés modesta. Esta es una manera de reducir los costos financieros, lo cual es crucial para la economía”, concluyó el presidente.
Sobre el tema habló el exministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, quien volvió a criticar al jefe de Estado y su propuesta.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, el exfuncionario advirtió que: “¡Muy muy muy mala idea!”.
Y añadió: “Las inversiones forzosas pueden desincentivar la distribución de recursos y eleva los costos de crédito a los supuestos sectores reactivados y a otros, y si dichas inversiones las administra el gobierno genera muchas más ineficiencias y politización en la asignación del recurso. Además, esto requiere aprobación de ley y por ende ¡NO ES UNA MEDIDA DE REACTIVACIÓN YA! Demoraría entre 6 y 9 meses su impacto. ¿YA PARA QUÉ?”.
“No sobra agregar que quienes somos ahorradores NUNCA ESCOGIMOS al Gobierno para administrar nuestros ahorros y más sabiendo que seguramente lo hará de manera muy ineficiente, con politización y burocratización. ¿Me pregunto si se configura una cuasi confiscación de nuestros ahorros?”, explicó.