El Gobierno Petro no ha pasado por buenos días los primeros meses del año, pues ha protagonizado una serie de escándalos que no lo han dejado bien parado. Uno de los más graves y que cobró el puesto de Claudia Numa, directora de Presupuesto de la cartera, fue el error en la liquidación del Presupuesto General de la Nación, que dejó 13 billones de pesos sin rubro por especificar.
Es decir, en el proyecto se incluyeron partidas globales sin especificaciones, lo que generó controversia ante los posibles riesgos que se podrían dar para la ejecución presupuestal si el mencionado Decreto se demandara. La salida de Numa no apagó el escándalo, pues la Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación contra varios funcionarios de la cartera de Hacienda.
La indagación fue anunciada este lunes 26 de febrero a través de un comunicado del Ministerio Público, tras posibles irregularidades en el decreto con el que se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2024.
El comunicado precisa que la Delegada para la Economía y Hacienda Pública evidenció que, tras información de diferentes medios, habría material probatorio que evidenciaría posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos de cerca de 13 billones de pesos.
La Procuraduría buscará constatar si hubo omisiones al surtir el proceso como es dictado por la normativa y si se pasó por alto incorporar las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo. Además de determinar las razones por las que inicialmente no hubo claridad en la destinación de los recursos de inversión.
El organismo de control también revisará a fondo el Decreto 2295 de 2023, en el que se consignaron los gastos presupuestados para 2024, además de la fusión de dos documentos de naturaleza técnica y normativa, para dejar todo en un solo documento.
Este último hecho pudo contravenir lo señalado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece la emisión por separado de los documentos mencionados.
Además, investigarán por el acta que debería haber gestionado el encargado de la secretaría técnica del consejo de ministros y que, al parecer, “por desconocer su responsabilidad omitió hacer”. Esto habría provocado el extravío de las conclusiones y su elaboración tardía.
Finalmente, la entidad ordenó la práctica de nuevas pruebas para identificar a los sujetos procesales implicados, además de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares. El comunicado precisa que se buscará determinar si estos errores constituyen una falta disciplinaria y se definirá si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
El Ministerio de Hacienda no es la única cartera que se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría, pues hace algunas semanas decidió abrir una investigación y suspender por algunos días al canciller Álvaro Leyva, tras irregularidades durante el proceso de licitación de los pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons.
Luego, Leyva presentó una recusación contra el funcionario del Ministerio Público que lleva su juicio disciplinario. Después, la Procuraduría General de la Nación rechazó el recurso presentado por la defensa del canciller, en contra de Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, procurador delegado de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, encargado del caso.
En su momento, el defensor de Leyva argumentó que el procurador delegado no manifestó impedimento, “a pesar de que, públicamente, ha reconocido su falta de independencia e imparcialidad para actuar”. Finalmente, explicó que tiene “enemistad grave con uno de los sujetos procesales”.
Leyva indicó que tenía “enemistad grave” con el Gobierno, “amistad íntima” con contradictores del mismo y una “posible amistad íntima” con el apoderado de Thomas Greg and Sons, la firma que ganó la licitación.