Se empieza a conocer el texto de la reforma pensional que será radicada en el Congreso. Uno de los principales cambios que traerá la propuesta consiste en que se bajaría el monto del salario máximo para cotizar en el régimen público que es administrado por Colpensiones. Ya no serían cuatro salarios mínimos, sino tres. Quienes ganen más de ese valor cotizarían el excedente en los fondos privados de pensiones.
También vienen cambios en el subsidio para los colombianos de la tercera edad que hoy no tienen ingresos o solo sobreviven con los recursos del programa Colombia Mayor. Inicialmente, se había hablado de la entrega de 500.000 pesos por persona, pero esta suma se bajó a 223.000 pesos, lo que implica tres veces más que la suma que se da actualmente y que son 80.000 pesos. La propuesta también plantea aumentar esa cifra de acuerdo con el crecimiento económico del país.
Tal como se había anunciado desde la campaña presidencial, el gobierno de Gustavo Petro radicará una reforma que crearía en el país el llamado sistema de pilares, unificando los dos regímenes actuales, el de prima media (Colpensiones) y el de ahorro individual, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En el borrador del proyecto de reforma que será radicado el 22 de marzo se crean cuatro pilares. El primero es el llamado solidario, que es el que entregará los 223.000 pesos para quienes no tienen pensión. El segundo pilar es el semicontributivo (que es otra de las novedades de la propuesta), dirigido a los mayores de 65 años que, teniendo algo de ahorro pensional, no pudieron cumplir con los requisitos para jubilarse.
Por otro lado, está el tercer pilar, que es el contributivo dirigido a aquellos que actualmente están cotizando al sistema y que deberán hacerlo a Colpensiones si ganan hasta tres salarios mínimos y a las AFP el excedente si devengan por encima de ese valor. Y como cuarto pilar figura el de ahorro voluntario para quienes cuenten con los recursos suficientes para hacer dichos aportes.
Otro de los cambios radicará en la creación de un fondo para el ahorro pensional, con el que se buscará atenuar los impactos en los mercados financieros por el movimiento de dinero de las AFP a Colpensiones. La idea es que se trasladen los afiliados y sus aportes mensuales, pero no su ahorro, el cual se quedaría en los fondos privados y pasaría a Colpensiones en el momento en que la persona se vaya a jubilar.
Se confirma también el anuncio que hizo la semana pasada la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con respecto a que se les dará un beneficio a las mujeres con hijos, el cual consistirá en una reducción en la cantidad de semanas mínimas para acceder a la pensión y que hoy es de 1.300. Por cada hijo habrá una reducción de 50 semanas y será un máximo de 150 semanas, es decir, el beneficio se recibirá máximo por tres hijos.
La reforma no cambia ni las semanas exigidas para pensionarse ni la edad, que permanece en 57 años para mujeres y 62 para los hombres. Tampoco cambian los requisitos para recibir una pensión por invalidez o por supervivencia.
Otro punto clave es lo que respecta a los llamados derechos adquiridos o régimen de transición, el cual se refiere a las personas que ya tienen una expectativa cierta de su pensión y no se les pueden cambiar las condiciones. En la Ley 100 de 1993, que es la que creó el sistema actual, ese régimen tardó casi 20 años y aplicó para las mujeres que el primero de abril de 1994 tenían 35 años o más, y para los hombres de 40 años en adelante.
En la nueva reforma no será por edad, sino por las semanas cotizadas: las nuevas normas pensionales no aplicarían para quienes tengan 1.000 semanas cotizadas al momento de aprobada la reforma.
Pilar semicontributivo
Uno de los tantos problemas del actual sistema pensional radica en que numerosas personas entran y salen del mercado laboral durante sus años productivos y eso hace que, aunque cumplen la edad de pensión, no logran la exigencia de semanas cotizadas. Actualmente, a ellos les devuelven la suma que alcanzaron a ahorrar más la inflación (en el caso de Colpensiones) y más intereses (si es con las AFP).
Para resolver el problema de este grupo de colombianos se crea el pilar semicontributivo, con la idea de darles un beneficio económico que sería una especie de pensión por debajo del mínimo, la cual se financiaría con sus ahorros y con recursos de la Nación. Esto sería una ampliación del actual programa de Beneficiarios Económicos Periódicos (Beps).
Este pilar estaría destinado para quienes hayan cotizado menos de 1.000 semanas y más de 150; la mesada la recibirían de forma vitalicia, pero no la podrían heredar a sus deudos, como ocurre actualmente con las pensiones.
Para los más pobres
En lo que respecta al pilar solidario, que reduce el subsidio prometido de 500.000 a 223.000 pesos, estará dirigido a ciudadanos colombianos, que por lo menos lleven 10 años viviendo en el país y que estén en condición de indigencia, pobreza extrema o vulnerabilidad.
El subsidio lo deberán tramitar ante el Departamento de la Prosperidad Social y el objetivo es entregar recursos que permitan como mínimo superar la línea de pobreza extrema.
En conjunto
Los planes del Gobierno consisten en trabajar conjuntamente la reforma laboral y la pensional pues tienen claro que el éxito de ambas iniciativas depende de una mejora en la cantidad de colombianos ocupados con un empleo formal. El problema es que, de lo que se conoce hasta ahora de ambas reformas, estas no brindan soluciones para la informalidad laboral y, por el contrario, para algunos expertos la podrían empeorar. Datos del Dane indican que, de los 22,4 millones de ocupados que tenía el país al cierre de 2022, solo 9,5 millones contaban con un empleo formal y 12,9 millones estaban en la informalidad.
Propuestas que traería la reforma laboral, como convertir todos los contratos de trabajo a término indefinido, endurecer las condiciones para despidos o remunerar mejor las horas extras, benefician a quienes ya están empleados, pero no a los que buscan trabajo. Esto, porque para los empleadores sería mucho más costoso contratar más gente.
Diversos impactos
Aunque se cambió la idea inicial de obligar a todos los trabajadores de hasta cuatro salarios mínimos a cotizar a Colpensiones por tres salarios mínimos, la propuesta sigue siendo complicada para las AFP, pues implicaría el traslado de la mayoría de sus 18,6 millones de afiliados.
Se teme que esto aumente la carga pensional en hombros del Estado, pero recientemente Ricardo Bonilla, presidente de Findeter y asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, desestimó esas preocupaciones al asegurar que tener más afiliados a Colpensiones no sube el impacto fiscal.
En diálogo con SEMANA aseguró que el sistema de pilares les pondría un límite de tres salarios mínimos a las pensiones a cargo del Estado, que hoy paga mesadas de hasta 25 salarios mínimos (29 millones de pesos).
Otra preocupación derivada de la salida masiva de afiliados de las AFP hacia Colpensiones es que, al no recibir sus cotizaciones mensuales, estas ya no tendrían suficiente dinero para invertir en los mercados de valores, en los que dichas entidades son actores fundamentales. No solo son claves en la compra y venta de acciones, sino uno de los principales financiadores del Gobierno al ser compradores de deuda pública.
José Roberto Acosta, director de Crédito Público, dijo en un foro de las comisionistas Larraín Vial y Acciones y Valores que esa perspectiva no le preocupa, pues “los números hablan por sí solos” y hoy las AFP no son los principales actores del mercado de deuda pública; ese papel lo ocupan los fondos extranjeros, algo que ve como positivo, dado que le sirve a la nación para diversificar sus fuentes de inversionistas. En otras palabras, considera que los inversionistas internacionales servirían para compensar la menor participación de las AFP.
“Los temores son subjetivos y los números objetivos”, reiteró Acosta. Falta ver qué tanta objetividad tendrá la reforma pensional.