Las centrales obreras colombianas, que son uno de los tres grupos que participan en la mesa de negociación del salario mínimo que se adelanta con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, destaparon este viernes su cifra de incremento en el salario mínimo.
La petición, que será el arranque de la negociación para llegar a la gran cifra final, es de 20 % de aumento, lo que acompañan con la solicitud de aplicación de control de precios en alimentos, para evitar que, a los pocos meses de haberse definido el aumento salarial, los trabajadores pierdan el poder adquisitivo debido a la carestía.
Según conoció SEMANA, dentro de los argumentos que expusieron los representantes de los trabajadores en la mesa van más allá de la inflación general, que registró una cifra de 12,53 % en noviembre, según reveló el Dane. También abogaron por la franja más baja de la pirámide socioeconómica en la que el índice de precios al consumidor es mayor, generalmente en dos puntos porcentuales, pues esta población gasta casi todo su ingreso en alimentos, componente que ha subido en más de un 27 %.
Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), confirmó que también pusieron en el horizonte el hecho de que los alimentos perecederos han subido en al menos un 30 %, entre otras, por el precio del dólar, que ha llegado a niveles superiores a 5.000 pesos, lo que, a juicio de los trabajadores, “justifican el pedido”.
Empresarios buscarán negociar cifra intermedia
La negociación del incremento en el salario mínimo a partir de la primera cifra que se destapa en la mesa de concertación da las señales de que, en esta ocasión, también la batalla para lograr un acuerdo será campal.
Desde la perspectiva de los empresarios, un incremento tan alto podría frenar la generación de empleo, debido al peso que cae sobre el costo de la nómina, llevando así a un mayor riesgo de informalidad laboral.
Esos han sido los puntos que han marcado tendencia en Colombia, con la novedad de que, ahora, hay un escenario económico de incertidumbre, con pronósticos de bajo crecimiento de la producción y una alta inflación; además de la existencia de un Gobierno que llegó al poder con las promesas de promover un trabajo decente y en pro de una mejor condición para el empleado y una redistribución de la riqueza.
Durante las primeras horas de la mañana, aún el empresariado no había puesto su cifra, lo que probablemente no harán en este viernes de 9 diciembre. Se tomarán cierto tiempo para analizar la propuesta de los sindicatos y poner su apuesta, la cual, podría estar más inclinada a un número similar al que plantearon centros de pensamiento como Fedesarrollo y Anif (menos del 14 %).
El control de precios
El control de precios a los alimentos, propuesta que si bien fue mencionada en una oportunidad por la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, es una opción con la cual varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, entre ellos el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, no parece ver viable, pues en Colombia aplica el modelo de libre mercado, que promueve la competencia como la forma más eficiente para la regulación de los precios (el mercado mismo los regula a través de la oferta y la demanda).
Pero los sindicatos estiman que sería la mejor salida para emparejar el hueco que se generó en 2022 en el bolsillo de los colombianos, quienes perdieron el poder adquisitivo debido a la inflación.
Solución salomónica
Nada fácil la tendrán los integrantes de la mesa tripartita en la que se negocia el incremento del salario mínimo. Si este sueldo se sube mucho, podría causar presiones en muchos frentes. Por ejemplo, en el país más de la mitad de la población ocupada gana menos de un salario mínimo y laboran en la informalidad, lo que podría aumentar la distancia entre ese ingreso de los colombianos más vulnerable y la franja de ciudadanos que ganan un salario y tienen un empleo formal.
También hay argumentos que sostienen que un aumento del salario mínimo del nivel que proponen los sindicatos podría ser contraproducente para la necesidad que tiene el Banco de la República de frenar el consumo y detener así la escalada alcista de la inflación.
La negociación, ahora sí con cifras concretas, apenas empieza y tendrá que haber un primer desenlace antes del 15 de diciembre, para luego, contar con otro margen en el cronograma, cuya fecha última es el 30 de diciembre.