En las billeteras de los colombianos se lleva el peso de tener que comprar alimentos con precios por las nubes, pagar tarifas de energía elevadas, gastar más en un restaurante y en comprar medicamentos.
En medio de ese panorama que ha llevado a las personas a ser cada vez más pobres ―porque a la pérdida de poder adquisitivo no escapa nadie cuando hay alta inflación―, entra ahora el Plan de Desarrollo 2022-2026, que fue radicado en el Congreso de la República por el Gobierno de Gustavo Petro para que sea debatido y aprobado.
Uno de los temas que más afectará a los colombianos es el alza del impuesto predial para quienes son propietarios de viviendas y terrenos. Muchos de los problemas que se plasman en un plan de desarrollo, como metas, siguen latentes en el país. Es el caso del atraso en el conocimiento del valor de la tierra. Así, ya son varios los gobiernos que le apuestan a reducir el rezago en el avalúo catastral a través del llamado catastro multipropósito, que en esta ocasión, vuelve a aparecer.
Hasta ahora, el principal uso del catastro ha sido el cobro del impuesto predial, y en el Plan se incluye un mandato para que el Ministerio de Hacienda haga una ley que limite el incremento del predial, previendo que con el reajuste en el avalúo de los predios se termine ahogando a la gente de menos recursos. Dicho límite existe, pero la ley se vence en 2024.
La novedad ahora es que, como fuente de financiación de los sistemas de transporte que, en general, son deficitarios, los municipios podrán disponer de una parte del recaudo del predial o crear una sobretasa a ese impuesto.
La Colombia a la que aspira el Gobierno es la que está consignada en ese documento que tiene a políticos, economistas y analistas con la lupa en mano para encontrar lo que está entre líneas, pues, en coincidencia con el columnista Roberto Angulo, lo más importante de un plan de desarrollo es lo que no se dice.
Esta vez, los cambios propuestos suenan a ‘revolcón’, pues tocan temas sensibles como subsidios y predial, e incluyen las bases para reformas de hondo calado como la agraria, la de la salud y la laboral. Estos son algunos entrelineados de la hoja de ruta del presente cuatrienio.
Todos a mostrar ingresos
Una de las grandes apuestas consiste en llevar a que todo colombiano, hasta los que viven del ‘rebusque’ y que por ello no están mapeados en casi ninguna de las bases de datos del país, quede obligado a mostrar sus ingresos. Se planea crear una declaración universal de ingresos, lo que abrió el interrogante de si se trataba de una declaración de renta para todos o una nueva base de datos estilo Sisbén, pues el argumento del Gobierno para crear este registro universal es el de focalizar mejor los subsidios, tanto para aplicar la política ‘hambre cero’, como para reducir la pobreza. Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, explicó los alcances de este registro que se irá construyendo poco a poco.
“No es otro Sisbén. Sí sería una información universal de ingresos. Permitiría una mejor focalización de los subsidios. Aún estamos lejos, pero mientras avanzamos, se irá combinando la información de ingresos con el registro social que tiene Planeación Nacional”.
En la propuesta, la poderosa base de datos que se construirá podrá ser alimentada con información de la Dian y luego intercambiada entre entidades del Estado, lo que llevará a hacer visible el que paga impuestos y el que no. “Es un asunto progresivo. Dentro de poco tiempo vamos a comprar chicles con el celular. Con este tipo de información se irá consolidando el registro de ingresos, incluyendo a los vendedores ambulantes”, dijo González.
Para acceder a la tierra
El acceso a la tierra es un componente fuerte en el Plan de Desarrollo, tanto para avanzar en los acuerdos de paz de La Habana sobre restitución y formalización de la tierra, como para hacer que el campo esté en manos de los que lo harán productivo.
Se destaca el punto que hace referencia al reconocimiento a segundos ocupantes, dándoles una indicación a los jueces: “Reconocerán la calidad de segundo ocupante a quien tenga condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y ejerza una relación material o jurídica de propiedad –u ocupación– con un predio objeto de restitución, que sea su medio de subsistencia”.
Para José Leibovich, experto en temas agropecuarios, se trata de plasmar en la ley los postulados de la Corte Constitucional sobre segundos ocupantes, es decir, las personas vulnerables que estaban en el predio antes de la llegada de una víctima a reclamarlo.
Subsidios
Aunque el debate se ha centrado en la creación de un nuevo sistema de transferencias, que incluye ayudas en dinero y en especie, ruta que está inmersa en la estrategia ‘hambre cero’ y en la reducción de la pobreza, también hay otras modificaciones que desmontarían subsidios hoy vigentes. Es el caso del que tiene el estrato 3 en el servicio de energía.
Según el plan, el Ministerio de Minas quedaría facultado para reasignar subsidios de energía eléctrica, en busca de cubrir el nivel de consumo indispensable, y con el fin de “corregir los actuales errores de inclusión”. Entre los mencionados como sujetos del beneficio no está el estrato 3, lo que ha sido interpretado como la salida de ese grupo de colombianos del abanico de subsidiados.
Salud de pensionados
Hasta el momento, los pensionados con un salario mínimo eran beneficiados con un aporte estatal para que solo paguen 4 del 12 % de su cotización a salud. Ahora, se agranda el universo de subsidiados. Los jubilados que ganan entre dos y tres salarios básicos aportarán el 10 % y no el 12, como lo venían haciendo. La norma aplicaría desde 2024.
Modificar entidades
De acuerdo con el plan, el Gobierno tomará partido para cambiar reglas en juntas directivas de entidades públicas, incidir en inversiones que hacen las cámaras de comercio en el desarrollo empresarial con plata que recaudan del registro mercantil; suprimir o crear entidades públicas, y hasta modificar las que se encargan de la vigilancia, como las superintendencias.
Policía de verde en tránsito
En el Plan se esboza la transformación que tendrá la Policía, pues además de que le buscarán otra sombrilla, distinta al Ministerio de Defensa, para materializar la apuesta de volverla más civil, hay otro cambio propuesto. En el documento está escrito que la policía tradicional asumiría funciones propias del tránsito, incluso para imponer comparendos, principalmente “en relación con las conductas de directo impacto en la seguridad vial”. Esta medida está atada a la gabela que otorgó el Gobierno para masificar la tenencia del seguro de tránsito Soat, en particular entre motos y vehículos de transporte público, que necesitará de mucho control. Y, como se han terminado los contratos entre municipios y la dirección de tránsito (Ditra), hay pocos agentes para hacer vigilancia.
Minero-energético
Este componente tiene todo un paquete de medidas que, seguramente, será revisado con lupa en medio del debate que hay en Colombia, por la dependencia de la industria extractiva para la financiación del Estado. El Gobierno quiere avanzar en la transición energética.
Así que, en el contexto de la descarbonización, se prohíbe el desarrollo de nuevos proyectos mineros para extraer carbón térmico a cielo abierto y a gran escala.
La sustitución del uso de leña para cocinar por biogás, se hará en unos diez años, algo que venía ya en otros planes de desarrollo y no se ha logrado. Ahora, para avanzar, proponen concertar, principalmente, con comunidades indígenas.
También crean una subcuenta para modernizar el parque automotor en vehículos de carga liviana, taxis, entre otros. La búsqueda es que sean de tecnología cero o bajas emisiones contaminantes.
Aún falta mucho por escudriñarle al Plan de Desarrollo y mucho trecho para que llegue a ser ley de la República.