Durante el fin de semana pasado, el presidente Gustavo Petro abrió una nueva discusión alrededor del tema del transporte público en Colombia y los problemas estructurales con los que cuenta este.
A través de un trino, el mandatario expuso una idea con la que buscaría que los colombianos no tuvieran que volver a pagar un pasaje en una taquilla para poder subirse a un bus.
La idea buscaría que la operación del transporte público estuviera abierta para todo público y que el pago se hiciera a través de una cuota definida en el recibo de la luz.
Propuesta de Petro eliminaría el subsidio de transporte
La idea, según lo planteado por el Gobierno, todos los colombianos asumirían el costo del transporte, que llegaría en un costo adicional en el recibo de electricidad. Sin embargo, la propuesta ha recibido varios reparos.
Muchos ciudadanos aseguran que se verían afectados, pues actualmente no utilizan ese sistema de transporte, sino algún transporte particular o privado, por lo que empezarían a pagar por algo que no utilizan.
El mandatario asegura que estas personas, a las que denominó “pudientes”, subsidiarían a las personas menos privilegiadas que deben transportarse en el sistema.
Pese a ello, el Gobierno no solo aumentaría el cobro en la factura de luz, que en Bogotá, según la alcaldesa Claudia López, sería de aproximadamente de 200.000. Sino también tomaría por derecha otro dinero.
Se trata del auxilio de transporte, dinero adicional que los empleados del país reciben por ley. Para este año esa suma quedó fijada en $140.606. Esta cifra sería tomada por el Gobierno y se aportaría a las finanzas de los diferentes sistemas para garantizar su funcionamiento.
La eliminación de ese beneficio afectaría a millones de empleados, que no ven el auxilio de transporte como una cifra para costear sus desplazamientos, sino como un pago adicional.
Pese a que la propuesta ha sido controversial, hasta ahora es una idea que debe ser analizada por diferentes expertos para determinar su viabilidad.
¿Es viable realmente la propuesta del Gobierno?
Expertos de diversas áreas analizaron detenidamente esta iniciativa por medio de las redes sociales, señalando aspectos críticos que plantean interrogantes sobre su viabilidad y efectos a largo plazo, así como la falta de claridad respecto a la forma en la que esto se podría implementar en dado caso de que se vuelva realidad.
Uno de los puntos destacados por José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, es la falta de claridad en la propuesta en cuanto a la equidad en la contribución. Rojas señala que la iniciativa no especifica si todos los hogares contribuirán por igual o si habrá una diferenciación según el estrato social.
Además, plantea un interrogante importante: ¿cómo se manejarán los aumentos en los costos de operación del sistema de transporte?, resaltando que los costos de operación tienden a variar con el tiempo, y es crucial determinar si la contribución en el recibo de la luz se ajustará periódicamente para reflejar estos cambios.
“La propuesta supone que los costos de operación del sistema son estables y no se tendría que subir la contribución en el tiempo. Error: Los costos de operación del sistema de transporte suben y por tanto la contribución en el recibo de la energía subirá periódicamente”, explicó Rojas.
Por su parte, Mauricio Santa María, presidente de Anif, destaca que no existe ningún servicio cuyo consumo sea “gratis”, dejando claro que el transporte público, al igual que cualquier otro, tiene costos elevados que deben ser cubiertos de alguna manera. La pregunta, según Santa María, no es si el transporte público debe ser gratuito, sino quién debe financiarlo.
La propuesta de utilizar una contribución adicional en la factura de electricidad, en su opinión, podría generar un aumento significativo en el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos, lo cual podría distorsionar el mercado de energía de manera irreparable.