A pesar de las tensiones globales, con la guerra entre Rusia y Ucrania, los problemas en las cadenas de suministro y las amenazas de una profunda recesión en países de Europa y en Estados Unidos, especialmente durante 2022, América Latina logró resistir los embates de una coyuntura compleja. Sin embargo, para este año la tendencia puede cambiar y a ella se sumarán nuevos ingredientes.
Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2022, la economía de la región se expandió casi 4 por ciento, el empleo repuntó con fuerza y el sector de los servicios se recuperó de las profundas heridas que le dejó la pandemia. “Las economías de América Latina resistieron bien el año pasado a pesar de los shocks derivados de la invasión rusa a Ucrania y las subidas de las tasas de interés a nivel mundial”.
En la actualidad, las presiones inflacionarias están reduciéndose en varios países gracias a un freno en el consumo y a las acciones de los bancos centrales con el aumento de tasas, al igual que al descenso de los precios mundiales de los alimentos y la energía. “No obstante, la inflación subyacente (es decir, la que excluye los alimentos y la energía) se mantiene en un nivel alto de alrededor del 8 por ciento en Brasil, México y Chile (y algo más alto en Colombia, pero más bajo en Perú)”, agrega el documento.
Pese a estas alentadoras noticias sobre el crecimiento y la inflación, es probable que 2023 sea un año difícil para la región. De acuerdo con el FMI, el crecimiento este año apunta a un modesto 2 por ciento, en un contexto de tasas de interés más altas y precios más bajos de las materias primas, uno de los bastiones de las economías regionales. Incluso, en algunos países como Colombia, las perspectivas de crecimiento están por debajo de esa cifra situándose en terrenos muy cercanos a 0 %.
Tanto la creación de empleo como el gasto de consumo en bienes y servicios están desacelerándose, y la confianza de los consumidores y las empresas está debilitándose. Solo en Colombia, en enero, el Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo registró un balance de -28,6 %, representando una disminución de 6,3 puntos porcentuales frente al mes anterior, ubicándose como el menor balance desde mayo de 2021, cuando se dieron la protesta social y los bloqueos que paralizaron la economía en algunas regiones.
El crecimiento también se verá limitado por una desaceleración en los socios comerciales, en particular Estados Unidos y la zona del euro. Además, siguen predominando los riesgos, como por ejemplo los impactos de la guerra de Rusia en Ucrania, que ya va a cumplir un año, y los derivados de posibles condiciones financieras más restrictivas de lo previsto. En este último caso, como advierte el Banco Mundial, la preocupación está por los lados de una posición fiscal deteriorada de los países en desarrollo (como muchos de América Latina) y, si las políticas fiscales y monetarias actuales se convierten en la nueva “normalidad, los gobiernos avanzados y de países desarrollados absorberán gran parte del capital mundial, lo que contribuirá a que se perpetúe la falta de inversión en los países en desarrollo y obstaculizará el crecimiento futuro.
Además, el retorno de la inflación hacia las metas fijadas por los bancos centrales probablemente será un proceso prolongado y expuesto a riesgos, por ejemplo, por el aumento de presiones salariales. Y solo hasta 2024 podrían volver a los rangos presupuestados.
La tensión social
Pero a las preocupaciones económicas derivadas de la desaceleración del crecimiento, la inflación elevada y la incertidumbre mundial, se suman otras amenazas.
“Este año los niveles de vida disminuirán para muchas personas de la región, y habrá un mayor grado de ansiedad con respecto al futuro”, dice el FMI.
El creciente malestar social y la menor confianza en las instituciones públicas han sido una tendencia destacada en la región desde hace algún tiempo. “Las tensiones sociales sin duda se vieron exacerbadas durante la pandemia. Los más pobres —en particular aquellos cuyos empleos consistían en servicios en persona— se llevaron la peor parte de las consecuencias económicas. Pese al apoyo público, muchos no pudieron blindarse completamente del impacto negativo de la pandemia, como lo demuestra el notable aumento de la pobreza. La mayor inseguridad alimentaria también es un síntoma clave de los persistentes efectos socioeconómicos de la pandemia”, señala el análisis del FMI.
La clase media de la región también se enfrenta a una situación económica más inestable. Muchas empresas pequeñas sufrieron durante los confinamientos, y los salarios de los trabajadores de ingreso medio se vieron erosionados por la posterior escalada de precios.
Para complementar la posición del FMI, otros analistas consideran que a estas tensiones sociales se suma el cambio en los gobiernos de la región, lo que se ha conocido como el “giro a la izquierda”, con los triunfos más recientes en Colombia y en Brasil de fuerzas de izquierda y que asumirán reformas estructurales en sus países.
De hecho, en Colombia se vive un momento complejo. Por una parte, el país tuvo en los dos últimos años los mejores crecimientos de su economía, pero para este año se estima un crecimiento que va de 0,2 por ciento a cerca de 2 por ciento, de acuerdo con distintos analistas, pero con presiones inflacionarias que no ceden y las mayores tasas de interés de los últimos años. Además, ese crecimiento no se reflejó completamente en una drástica reducción del desempleo.
Según Anif, el desempleo en diciembre de 2022 se ubicó en 10,3 %, regresando nuevamente al terreno de los dos dígitos. Con eso, el desempleo promedio para el 2022 fue de 11,2 %, “una cifra que muestra que la recuperación de la economía fue superior a la del empleo, pues nunca recuperamos niveles de ocupación como los que vimos justo antes de la emergencia sanitaria, mientras que la economía si superó los niveles prepandemia”.
Y agrega el centro de pensamiento: “El dato de desempleo de diciembre se ajusta a las predicciones que hemos hecho desde ANIF en los últimos meses. Debido a las presiones inflacionarias y decisiones de política monetaria que ya se traducen en una menor capacidad de pago de los hogares -y por tanto afectando sectores como el comercio, en donde se concentra la mayor cantidad de ocupados- se ha visto afectado el empleo por el lado de la demanda”.
Además, Anif considera que, por el lado de la oferta, hay una mayor cantidad de desocupados que en noviembre, lo que supone una mayor presión al mercado laboral que en conjunto con problemas estructurales, empujan el desempleo al alza. Ese es un patrón que estaremos viendo durante los meses subsecuentes.
Y, por otra parte, desde el mismo Gobierno se está alimentando la tensión social, al convocar a los ciudadanos a las calles para defender las reformas, cuyos textos aún no se conocen. El presidente Gustavo Petro en uno de sus habituales trinos dijo: “Este martes los espero en el balcón del palacio de Nariño y en todas las plazas públicas del país. Vamos con toda por el cambio de Colombia en favor del pueblo colombiano”.
A su vez, el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a más de 30 de los gremios más importantes del país, manifestó, en una comunicación, su preocupación por la marcha que ha sido convocada para este 14 de febrero, por parte del mismo Gobierno nacional.
A este organismo le inquieta que se tome la vía de la marcha, en defensa del paquete de reformas sociales que adelantará el presidente Gustavo Petro, mientras que constitucionalmente, la obligación del mandatario debe ser “simbolizar la unidad nacional y garantizar el acceso de la ciudadanía al contenido de dichos proyectos de ley, para que la ciudadanía, bajo sus propios juicios y opiniones, decida respaldarlas o no”.
El Consejo Gremial recuerda que hay deberes y derechos de parte y parte. Y así como son deberes de los ciudadanos “respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, como lo es el Congreso de la República, para mantener la independencia y la integridad institucional”, también es deber del Ejecutivo exponer la manera en que quedan construidas las propuestas que se implementarán para honrar un programa de gobierno.
El presidente Petro “saldrá al balcón” y desde las calles defenderá sus iniciativas que tendrán como primera prueba de fuego la reforma a la salud.
Ajustar la agenda
Para revertir estas tendencias y el impacto de la pandemia, el FMI argumenta que hay que restaurar la estabilidad macroeconómica y estimular el crecimiento de manera duradera mediante reformas estructurales.
“Pero encontrar acuerdos para emprender reformas económicas razonables en un entorno de fuertes tensiones sociales será una batalla cuesta arriba. Al mismo tiempo, la continua posibilidad de malestar social y paralización política puede minar la confianza y ser un lastre para la actividad económica”, señala el informe.
Pese a las evidentes dificultades en la región, el FMI considera que las políticas deben centrarse en lograr la estabilidad económica, estimular el crecimiento y la creación de empleo, fomentar la iniciativa empresarial y atender las apremiantes necesidades sociales. “Esto ayudará a aliviar el malestar social y a restablecer la confianza en las instituciones públicas”, señala la entidad y plantea una agenda prioritaria.
Los bancos centrales no deben flaquear en su lucha para reducir la inflación, que exigirá esfuerzos denodados. En muchas economías de la región está aproximándose el fin de las subidas de las tasas de interés, pero estas probablemente tendrán que permanecer en niveles altos por algún tiempo para garantizar que la inflación vuelva a descender a los niveles fijados como meta.
La política fiscal tendrá que hacer hincapié en el gasto social para ayudar a los pobres y al mismo tiempo en reducir la deuda pública. “Para alcanzar estas metas será necesario movilizar ingresos de una manera progresiva, favorable al crecimiento y equitativa”. También el FMI señala que “la confianza en el gobierno seguirá viéndose socavada mientras los ricos no paguen la proporción de impuestos que les corresponde”. Es igualmente importante que los gobiernos establezcan claras prioridades en el gasto y busquen formas de apuntalar la credibilidad de las instituciones públicas, con buena gobernanza y transparencia, puntualiza el análisis.