Durante la campaña electoral de 2022, uno de los principales temores que se tenía con la llegada de un gobierno de izquierda estaba relacionada con un posible cambio de modelo económico, que promoviera la estatización de diferentes sectores y que no respetara la independencia del Banco de la República, que es la autoridad cambiaria y monetaria del país. A eso se sumaba la preocupación de que la nueva administración iba a llegar con vientos en contra por la desaceleración de la economía global y local y aún con las esquirlas de la pandemia en indicadores claves como la inflación.
Si bien la elección de Gustavo Petro generó mucha especulación y volatilidad, que se sintió con fuerza en los mercados financieros, al tiempo que ha intentado impulsar reformas que promueven el sector público por encima del privado en actividades como la salud o las pensiones, se podría, sin duda, decir que en economía hay bastantes factores con los que el Gobierno podría sacar pecho. Aunque también hay varios semáforos en rojo que siguen generando alertas.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sostiene que lo más destacable de este primer año tiene que ver con el mensaje que han dado tanto el exministro de Hacienda José Antonio Campo, como su sucesor Ricardo Bonilla, en términos del cumplimiento de la regla fiscal, que es una hoja de ruta muy importante que obliga al Gobierno a ajustar su déficit fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. “Ese mensaje ha calado, creo yo, entre los inversionistas y, por supuesto, es fundamental para garantizar la estabilidad fiscal y macroeconómica del país”, asegura este experto, al tiempo que destaca la “enorme responsabilidad con la cual el Gobierno ha venido aumentando el precio de la gasolina, un alza que ya supera el 30 % en un periodo ligeramente inferior a un año y que ha logrado resolver la mitad del problema tan grande que tuvimos como país con el oneroso costo del subsidio a los combustibles, que en 2022 superó los 30 billones de pesos, una cifra que naturalmente era insostenible desde el punto de vista fiscal”.
Corrección cambiaria
La llegada de nuevos gobiernos siempre tiene impacto en los mercados financieros, en especial en el precio del dólar y en la deuda pública. En el caso de Gustavo Petro no fue la excepción, el problema es que a la volatilidad tradicional del cambio se le agregaron nuevos factores asociados a los anuncios realizados en el frente de la inversión extranjera, ante la insinuación de un posible control de capitales, y en el de la transición energética, una medida necesaria sobre la que hay unanimidad, más no en sus tiempos de ejecución. La sola idea de que Colombia no pueda seguir explorando para producir y exportar hidrocarburos, que son su principal fuente de divisas, ha generado preocupación entre los analistas, los operadores e incluso los inversionistas.
La combinación de todos estos factores aumentó el riesgo país y llevó el precio del dólar a un precio máximo histórico por encima de los 5.000 pesos. Sin embargo, después de la tormenta vino la calma y los activos colombianos en lo corrido de este año han tenido una marcada recuperación. El peso se ha fortalecido en casi 17 % frente al dólar en lo que va de 2023, convirtiéndose en una de las monedas de mejor desempeño del mundo en el presente año.
El resultado de la menor tasa de cambio no es solo un alivio para los consumidores, sino también para las finanzas públicas, pues también implica un menor costo de la deuda, que a su vez se ha visto beneficiada por el menor riesgo país, lo que implica que a Colombia hoy los inversionistas externos le cobran menos por prestarle dinero que lo que le cobraban en septiembre y octubre del año anterior.
Mercado laboral
Otro de los puntos destacables del balance económico de la administración Petro está en el mercado laboral, pues pese a la desaceleración que vive la economía, no solo se logró reducir la tasa de desempleo a una cifra de un dígito, sino que aumentó la ocupación, cerrando parte de la brecha de género entre hombres y mujeres.
Aunque el desempleo sigue afectando a 2,3 millones de colombianos, al cierre de junio eran 419.000 menos que un año atrás. Es más, esta reducción hizo que la tasa de desempleo, contra todo pronóstico, se ubicara en el sexto mes del año a nivel nacional en 9,3 % y en las 13 principales ciudades en 8,8 %, uno de los datos más bajos desde que se tiene registro.
Freno a la inflación y crecimiento mejor al esperado
El gobierno Petro arrancó con una inflación desbocada que pronto se ubicó en la más alta de este siglo en 13,34 % en marzo pasado. Sin embargo, luego de tocar ese pico empezó a descender y en junio ya iba en 12,13%. Ese comportamiento también da para esperar un descenso en las tasas de interés que el Banco de la República viene subiendo desde octubre de 2021, cuando estaban en 1,75 % y ahora están en 13,25 %. “Eso hace parte también de los logros que pueden ser atribuidos tanto a la política fiscal como a la política monetaria, pues al fin de cuentas el ministro de Hacienda preside la junta del Banco de la República”, dice un economista consultado.
De la misma manera, se destacaba que, aunque la economía nacional se ha desacelerado, no lo ha hecho tanto como se esperaba. En el primer trimestre el crecimiento fue de 3 por ciento y para el final del año se han subido los pronósticos de menos de 1 %, como lo estimaba inicialmente el Banco de la República, a un promedio de 1,4 % según el más reciente sondeo de LatinFocus Consensus.
Las sombras
Para Mejía, de Fedesarrollo, y otros expertos, una de las áreas económicas en donde hay más preocupación es en la política minero-energética, pues, aunque en el gabinete hay quienes insisten en que no se deben dar nuevos permisos de exploración y explotación, otros dicen que impedir esa actividad es como darse un tiro en un pie, dado su protagonismo en la economía nacional. “Es un tema que todavía no se ha resuelto y que ojalá el Gobierno pueda avanzar en una dirección muy pragmática, reconociendo que, si bien es importante avanzar en esa transición energética, no se puede hacer de manera muy acelerada por la enorme dependencia que tienen las cuentas externas y fiscales de dicho sector”, insiste Mejía.
En materia energética hay sombras que están reviviendo el fantasma del apagón de hace 30 años y una alta tensión se vive en el sector eléctrico. A la incertidumbre sobre los atrasos en la entrada de más de 2.500 megavatios de energía de las renovables no convencionales ubicadas en La Guajira, donde uno de los proyectos (de Enel) decidió suspender indefinidamente las obras por las tensiones sociales, un nuevo problema que oscurece el panorama.
XM, la administradora del mercado de energía en el país, advirtió que debido al incremento en la demanda de energía que ha crecido más del 5 % –superando las proyecciones efectuadas en octubre de 2022 por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), condición que puede mantenerse hasta finales del verano en marzo del 2024-, las redes de transmisión regional presentan agotamientos en múltiples zonas del país, especialmente en seis departamentos de la Costa Atlántica y el departamento del Chocó, situación que podría llevar a racionamientos en esas regiones.
Las dificultades en materia de transmisión han sido una advertencia permanente en el sector. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, por ejemplo, en febrero de este año señaló que de no contar con un plan B, Bogotá y la región podrían, en 2026, enfrentar problemas de abastecimiento de la energía eléctrica, debido al aumento del consumo y la demora en ejecución de proyectos de transmisión, no solo de esta compañía.
Otro motivo de preocupación está en la incertidumbre que han generado algunas de las reformas estructurales del Gobierno, en particular las de la salud, la pensional y la laboral, no solo por sus costos para las finanzas públicas, sino porque en el caso de las dos primeras implican cambios profundos que propenden más la atención pública que la privada.
“La reforma pensional creo que es buena y va en la dirección correcta, pero se tendrá que ajustar. La reforma de salud y la laboral, por el contrario, no están apuntándole a resolver los problemas más importantes que tiene nuestro mercado laboral y nuestro sistema de salud y eso ha generado gran incertidumbre, aunque por otro lado también al final de la legislatura anterior se evidenció que las instituciones colombianas son sólidas y hay unos pesos y contrapesos tanto en el Congreso como en las Cortes que dan cierta tranquilidad sobre lo que va a ser seguramente un debate muy democrático, muy interesante las reformas en esta segunda legislatura”, dice el director de Fedesarrollo.
De otro lado, el mercado externo de Colombia también preocupa, pues las exportaciones registran una fuerte caída, al tiempo que se presenta un derrumbe de las ventas de vehículos. Las matrículas de nuevas unidades pasaron de 23.258 en junio de 2022 a 13.146 un año después.
Por su parte, el Gobierno tuvo que enfrentar una de las más duras crisis aéreas de los últimos tiempos al suspender sus operaciones dos aerolíneas de bajo costo (Viva Air y Ultra Air), en medio de fuertes debates por ventas anticipadas de tiquetes, cuando ya habían decidido dejar los aviones en tierra, que llevaron a procesos incluso de carácter penal ante la Fiscalía con demandas contra los administradores y miembros de las juntas directivas. Finalmente, las dos aerolíneas se acogieron a procesos de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades.
En materia económica, el primer año del Gobierno Petro, fue de luces y sombras, pero hacia adelante será fundamental reconstruir la confianza para que las inversiones lleguen, la dinámica productiva se consolide y el crecimiento económico se convierta en el motor de la reducción de la pobreza. Una agenda retadora.